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En 2010, Google fue la primera empresa de tecnología en publicar un informe de transparencia; le siguió Vodafone, que en 2014 punteó desde el sector de telecomunicaciones. En 2017, ETB lo hizo por primera vez en Colombia. Publicar estos documentos es una práctica de transparencia corporativa en el sector de comunicaciones, allí suelen revelarse estadísticas de las solicitudes y frecuencia con que las autoridades piden interceptaciones de comunicaciones, datos personales y bloqueos de contenidos.
El ejercicio, es realizado de manera voluntaria por las empresas quienes ofrecen una ventana a las regulaciones que les aplica y a la forma como las cumplen; también muestra que las empresas conocen buena parte de nuestra vida y de nuestros secretos y que, en consecuencia, despliegan acciones para, en el marco de la legalidad, proteger a las personas a las que les prestan servicios.
Desde 2016 en Karisma, donde trabajo, iniciamos un ejercicio de evaluación anual de las políticas de las principales empresas que ofrecen en Colombia acceso a internet. El propósito es establecer cómo protegen nuestros derechos a la intimidad y la libertad de expresión con dos fórmulas esenciales. La primera es lo que dicen qué hacen y la segunda la información que nos dan sobre lo que hacen.
Para celebrar el Día Mundial de los Derecho de las Personas Consumidoras, Karisma lanza hoy su quinto informe “¿Dónde están mis datos? 2019”. El informe muestra que las seis empresas proveedoras de internet más importantes del país han mejorado mucho en la información que nos entregan.
Después de cinco años, Claro, Movistar y ETB publicaron algún documento equivalente a un informe de transparencia durante 2019. Estas empresas nos cuentan cosas como, qué autoridades les hacen solicitudes en temas de vigilancia de las comunicaciones, nos dicen cómo cumplen con solicitudes de datos personales, cuántas peticiones para interceptación de comunicaciones han recibido y nos dan datos sobre bloqueos de contenidos. Tigo venía haciéndolo, pero hasta la fecha de corte (septiembre) no había publicado la información para 2019. Directv, tiene un informe que se realiza desde su matriz (AT&T), en éste, presentan los datos del número de solicitudes que les hace Colombia, no los datos al interior del país. Emcali nunca ha publicado un informe.
En un país donde las facultades de vigilancia de las comunicaciones no tienen casi controles y los que hay no funcionan, los informes de transparencia son el único instrumento que da luz sobre aspectos de esta actividad tan necesaria, pero también, tan peligrosa.
A través de estos informes, ya sabemos que las solicitudes para interceptar comunicaciones son solo para líneas fijas, pues al día de hoy, en Colombia ya se implementó la obligación de estas empresas de abrir sus redes celulares al escrutinio de la Fiscalía. Es decir, la Fiscalía tiene acceso directo a conocer el tráfico celular en el país.
Gracias a estos informes también sabemos que en Colombia son muchas las autoridades que piden datos personales. Algunas empresas nos cuentan que tienen procedimientos internos para verificar la legalidad de esas solicitudes. Algunas afirman que en ocasiones rechazan las peticiones o piden más información para asegurarse que son solicitudes legítimas.
El principal cambio que hubo este año en la evaluación de ¿Dónde están mis datos?, consistió en hacer más estrictos los criterios de evaluación para temas de protección de intimidad. Eso afectó la calificación de las empresas, pero no significa que hubieran bajado sus estándares del año pasado. A partir de este año, ya no nos basta con que tengan políticas de protección de datos. Estamos pidiendo elementos concretos que van más allá de la ley. Uno de los elementos que nos interesa es entender la forma como cumplen la obligación de retención de datos, dado que este es uno de los pilares actuales de la regulación de vigilancia de las comunicaciones.
En materia de libertad de expresión, que en este informe está íntimamente ligada con la neutralidad de la red, con la obligación de estas empresas de no interferir en los contenidos que accedemos, la información también ha mejorado. Además de la gestión de tráfico, la otra excepción legítima para bloquear contenidos es la de bloquear los contenidos ilegales. En la mente de todos está que son ilegales los contenidos vinculados con la explotación sexual de menores. Sin embargo, el Ministerio TIC también puede bloquear contenidos por apuestas ilegales. Autoridades judiciales y jurisdiccionales también dan órdenes de bloqueos de contenidos y servicios. Que las empresas proveedoras de internet nos den más información sobre esto es clave para defender la neutralidad de la red, es lo que nos permite entender cómo sucede.
Un impacto positivo de “¿Dónde están mis datos? 2019” ha sido visibilizar que estas grandes empresas están trabajando en igualdad de género. El sector está publicando sus políticas y compromisos para mejorar la capacidad de las mujeres de desarrollar sus carreras y está publicando sus compromisos en contra del acoso. Seguimos convencidas de que un sector tan poderoso como este debe trabajar activamente hacia la igualdad de género, que es lo que permitirá que la tecnología sirva como instrumento de inclusión y de oportunidades.
Les invito a conocer el informe. Cuando lo lean, les invito a pensar la necesidad de que estos ejercicios se multipliquen en otros sectores, por ejemplo, las aplicaciones de servicios domiciliarios. ¿Acaso no valdría la pena preguntarles a empresas como Rappi dónde están mis datos?