El DANE publicó su “Encuesta de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en Hogares (ENTIC Hogares)”, en la que adopta estándares internacionales para medir mejor la sociedad de la información y los procesos de transformación digital. La línea base de este análisis son los datos que arrojó el año pandémico de 2020. Les adelanto, muestra una realidad compleja con muchos desafíos.
Como la encuesta es sobre hogares y no sobre personas, se ve una penetración importante de la conectividad de internet fijo. Pero, al momento de indagar por el uso sale lo que ya sabemos: el celular es el rey. El 91% de las personas usan internet a través del celular. La encuesta indaga además y en general, el tipo de teléfono móvil que está en uso. Es decir, ahora podemos decirle al Ministerio de Educación que debe invertir en recursos educativos para celulares -no tanto para computadores conectados a internet fijo- y que tiene que pensar en el tipo de dispositivos en los que los recursos deben funcionar. Por ejemplo en centros poblados y zonas rurales dispersas el 44% de la población tiene celulares convencionales, no inteligentes.
Volviendo a la encuesta, entre las razones que se mencionan para no tener internet en el hogar, la primera es de tipo económico, que además, se repite cuando se pregunta por qué los hogares no tienen computador. Es muy preocupante también que la ausencia de cobertura en la ruralidad es la segunda razón para no tener internet en el hogar. Ahora bien, esto hay que contrastarlo con la pregunta sobre por qué no se usó internet, pues en ese caso la respuesta mayoritaria es no saber usar la red, seguida de que es costoso y de la falta de cobertura en los hogares en la ruralidad.
En cuanto al uso. El principal uso que le damos a internet es para las redes sociales (82,3%) seguido de comunicaciones instantáneas (79,9%). La educación y aprendizaje aparece en el quinto puesto con un 52,8% .
Llama la atención que el uso de internet para hacer trámites con el gobierno es muy bajo, (10,7%) para un país que ha hecho importantes esfuerzos en gobierno electrónico -reconocido incluso por la OCDE-. A la pregunta sobre por qué no usan internet para este fin, tanto en las ciudades, como en las cabeceras municipales o el campo, indican que prefieren los trámites presenciales y se mencionan varios argumentos de desconfianza (todos superiores al 50%). Las personas desconfían de hacer pagos en línea, del uso que le den a sus datos personales y de que el trámite se haga correctamente. Adicionalmente, dicen que no les gusta hacerlos en línea y, con una mayor incidencia en la ruralidad, afirman que no saben cómo hacerlo.
La encuesta le dice al gobierno que debe trabajar para construir confianza en el uso de internet para trámites con el Estado, de lo contrario la inversión en gobierno electrónico no tendrá rendimientos reales. Me recuerda la insistencia para que al desplegar soluciones como CoronApp se haga con transparencia, información y educación, sin eso el indicador de éxito será descarga, no uso, con poco o nulo impacto en transformación digital.
Es positivo que la encuesta incorpore aspectos de seguridad digital que servirán para informar el futuro plan nacional en esta materia y para entender colectivamente si mejoran los hábitos de autoprotección y cómo actuar para apoyar esos procesos. Entre las prácticas que se está midiendo están el uso de software de protección, claves fuertes, hacer copias de seguridad, verificar si la conexión es segura, negar permisos de uso de datos personales para publicidad o leer la política de privacidad de los sitios.
El punto de “incidentes de seguridad digital y sexo” es interesante de analizar. Primero, se trata de incidentes y otras conductas que tienen impacto negativo en las personas, eso de decirle “sexo” no es una buena clasificación -ni todas las conductas se refieren al sexo, ni el sexo es un problema por sí mismo-, deberían reconsiderarlo. Además, a futuro el DANE tendría que separar los dos temas, son diferentes.
Es importante que el DANE reconozca el especial impacto de esas otras conductas negativas -como la difusión no consentida de imágenes de contenido sexual-, para las mujeres y para la población infantil y adolescentes -como el ciberacoso-. En el boletín técnico este indicador no se clasifica por ciudad-rural, sino que desagrega los resultados entre mujeres y hombres, y algunos los mide solo para personas de menos de 18 años. Ahora, eso me hizo ver que en los anexos los datos de todas las preguntas están desagregados por sexo pero no visibilizan esta información en el boletín .
Sobre la lista de esas otras conductas negativas hay que notar que incluye una categoría confusa: “divulgación en internet de noticias falsas, sobre usted”. Lo que es o no una noticia falsa es subjetivo. Podría ser mejor hablar de ciberacoso, que tiene muchas manifestaciones, incluída el uso de noticias falsas, y bastaría con diferenciar por edad para separar a las personas víctimas adultas de las menores de 18 años. Finalmente, extrañé que no se recogieran datos sobre el doxxing o publicación de datos personales en internet.
La crítica general estructural a la presentación de la encuesta es que no tiene una aproximación diferencial. Aunque los datos brutos aportan más detalles como género, su presentación general -que es la que leeremos la mayoría- los ignora y eso los oculta. Para la transformación digital debemos abordar la brecha digital más allá del acceso en la ciudad, en el pueblo o en el campo.
La ausencia de datos desagregados por edad, diversidad sexual, etnia o condición económica, por ejemplo, y no usar los datos desagregados por género, es un problema de la encuesta del DANE. Es claro que la experiencia de internet es muy diferente para un hombre joven blanco empleado en una ciudad, que para una mujer mayor indígena en una ranchería en la Guajira o para una joven negra en una vereda de Chocó. Si no conocemos cómo impacta la transformación digital a las personas no podremos evitar dejar a ciertas de ellas atrás.
Aunque los datos permiten anticipar que para 2022 la meta de 70% de conectividad será pan comido para el gobierno Duque, también nos enseña que la meta responsable de un gobierno en materia de internet no puede ser solo conectividad, tiene que ir más allá. Debe apuntar a que la conectividad pueda servir para que se den usos y apropiación de tecnología que cambie positivamente las vidas de todas las personas, debe servir para cerrar las brechas digitales. Esta encuesta da pistas sobre las brechas pero sigue sin solucionar las invisibilidades estadísticas que muchas poblaciones denuncian.
En todo caso, hay que reconocer que esta información ofrece nuevas y más completas aproximaciones comparada con sus antecesoras, si la montan en las herramientas de visualización de datos que usa el DANE, las lecturas y cruces que podrían hacerse serían mucho más interesantes de forma más simple.