Apple se niega a cumplir una orden judicial para ayudar al FBI a acceder al iPhone de uno de los atacantes de San Bernardino (EE.UU.), donde murieron 14 personas.
Apple pide que se debata el alcance de esa orden, que sería una herida de muerte al cifrado.
Cuando se cifran comunicaciones se las oculta de terceros. Es una tecnología usada frecuentemente por policías y militares y también necesaria en transacciones bancarias. Apple deberá ayudar al FBI desactivando el software que hace más difícil para un computador adivinar la clave de acceso al celular. Apple afirma que le piden también abrir una puerta trasera en el sistema operativo, que facilitaría el acceso de terceros a los teléfonos, vulnerando así el cifrado. Apple dice que apoya la lucha contra el terrorismo, pero la petición no es una solución particular, pues provoca vulnerabilidades generales.
Los Estados oscilan entre promover y atacar el cifrado, para las empresas es valor agregado en el mercado y para las personas una necesidad desconocida. Apple expone, con su rebeldía, la fragilidad del cifrado como ecosistema prointimidad y cuestiona la evaluación de pesos y contrapesos del juez respecto de los derechos afectados. Leyendo la noticia no es claro si los datos que requiere el FBI solo pueden conseguirse así. ¿No tienen ya suficiente información? Pero, sobre todo, ¿se justifica poner en riesgo a la sociedad por indagar lo que hay en ese teléfono?
Es una verdad a medias afirmar que la tecnología que tenemos conduce al “fin de la privacidad”. La prueba es el debate por la publicación del video del exsenador Ferro esta semana, en el que la pregunta sobre los límites de la intimidad, en una época en que tecnológicamente se puede saber y verlo todo, obliga también a mirar normas sociales y legales.
En Colombia, además de cuestionar las capacidades de las autoridades para interceptar comunicaciones, debemos problematizar la obsolescencia de la visión legal del cifrado. La ley de inteligencia (art. 44 parágrafo 2) establece que los operadores solo pueden ofrecerlo a ciertos altos funcionarios y la ley 418 afirma que la ciudadanía tiene prohibido enviar “mensajes cifrados en lenguaje ininteligible”. Si esto se cumpliera estaríamos fuera de internet.