El Mincit cambió la posición de Colombia en la OMPI

Hacer seguimiento a los presupuestos de las entidades es aburrido, pero es clave porque define lo que se financia y lo que no. La semana pasada los países miembros de la Organización Mundial para la Propiedad Intelectual (OMPI), tuvieron la primera de dos reuniones en las que se aprueba el presupuesto que ahora incluirá trabajo en excepciones y limitaciones.

La OMPI es la organización de la familia de la ONU que se dedica a la propiedad intelectual. La propiedad intelectual tiene dos caras: la de los derechos exclusivos cuya explotación soporta una importante economía, que aunque fue creada para facilitar la vida de las personas creadoras es también cuestionada por ser la principal fuente de ingresos de grandes monopolios, y la del interés público, es decir, los mecanismos que balancean estos derechos con otros en beneficio de la sociedad. Las excepciones y limitaciones hacen parte de esos mecanismos con frecuencia olvidados.

El pasado viernes los Estados miembro dieron la primera aprobación al presupuesto para que la OMPI mantenga cinco acciones en los próximos dos años. Para el período 2024-2025, aprobaron que el comité, además de discutir temas emergentes, deberá ocuparse también de las excepciones y limitaciones y habilitaron recursos para que la OMPI asista a los países para que mejoren legislativamente su aproximación a ellas. Detrás de esta propuesta estaba la Misión de Colombia ante las Naciones Unidas en Ginebra.

El pasado marzo, durante las sesiones del comité de derechos de autor y conexos (SCCR) de la OMPI, la bandera para impulsar el tema de las excepciones y limitaciones estaba en manos del Grupo Africano con una propuesta concreta para avanzar dicha agenda. Hace 20 años, el grupo de los países de América Latina –el GRULAC– era el que impulsaba esa agenda, pero ha perdido fuerza entre otras razones por la llegada de gobiernos menos alineados con las necesidades del acceso en nuestra región.

En la reunión de marzo esperábamos que con el cambio de gobierno en Colombia se diera un viraje decidido en su posición, que tradicionalmente ha sido de oposición a la agenda, pero no fue así. Colombia estuvo moderada. El cambio llegó realmente a la OMPI en mayo y coincidió con la visita del ministro de Comercio, Germán Umaña, a Ginebra.

Como les decía, el 26 de mayo pasado se aprobaron los primeros acuerdos del documento del comité de presupuesto y el mismo viernes el Ministerio de Comercio publicó en Twitter:

La evidencia del cambio es que nuestro país propuso asignar recursos a la OMPI para trabajar expresamente en excepciones y limitaciones en el comité de presupuesto de ese día. Falta todavía una reunión en junio para aprobarlo, pero los acuerdos sobre excepciones y limitaciones ya quedaron definidos.

El trino del Ministerio da otra clave de lo que sucede en la OMPI que es interesante. Las posiciones de América Latina y del grupo africano se están acercando seguramente por un interés común, el de las discusiones sobre conocimiento tradicional que serán el centro de la reunión en India en 2024 y que puede explicar también las comunalidades en el comité de presupuesto. Vale la pena decir que en el comité de presupuesto Nigeria también propuso flexibilidades y Argelia presentó ajustes para incluir lenguaje de la agenda para el desarrollo en la sección de derecho de autor, con posiciones cercanas a las de Brasil.

Una nota curiosa adicional: este año hubo cuestionamientos porque más del 50% del presupuesto de la entidad se destina a comunicaciones con el vago propósito de “promover que la propiedad intelectual contribuya en la vida de todas las personas”.

Hace solo un mes yo era escéptica sobre si el gobierno de Petro realmente cambiaría su aproximación a la propiedad intelectual, pues el Plan Nacional de Desarrollo no contempla detalles sobre cómo se buscaría el balance en el sistema de derecho de autor. Sin embargo, las bases del Plan Nacional de Desarrollo expresamente incluyen las excepciones y limitaciones como un elemento necesario para generar un sistema equilibrado entre el derecho de autor y el interés público, incluye principios y necesidades de adecuación de la legislación. El liderazgo de Colombia en las discusiones del presupuesto de la OMPI me obliga a reconocer que está aplicando estos lineamientos.

Los próximos dos años serán interesantes. Con instrucciones claras de política exterior se plantea una línea de trabajo por parte de Colombia en estos foros que no tiene precedentes y que servirá para apoyar el trabajo que hacemos desde la sociedad civil de América Latina desde hace años y que usualmente aprovechan e impulsan más países como Brasil, Ecuador o Chile, al menos en la OMPI.

En la política nacional el balón está ahora en la cancha de la institucionalidad, sobre todo de la Comisión Intersectorial de Propiedad Intelectual –CIPI–, quienes ahora deberán desarrollar lo que está sucediendo en Ginebra. La audiencia de excepciones y limitaciones de la Dirección Nacional de Derechos de Autor, que está pendiente desde 2021 por obligación de la ley 1915 de 2018, se está convirtiendo en un instrumento estratégico para este gobierno.