En comercio digital, EE. UU. cambia de no regular a buscar espacio regulatorio
Durante las negociaciones de la Iniciativa de Declaración Conjunta sobre Comercio Electrónico de la Organización Mundial del Comercio (OMC) -que involucra a más de 50 países, incluida Colombia-, sucedió algo inesperado: EE. UU. retiró su apoyo a cuatro artículos. Los artículos son parte de la agenda de comercio digital propuesta por la administración Trump (2019). Esto se lee como que EE. UU. retiró su apoyo a las grandes empresas tecnológicas que quieren evitar regulaciones nacionales en temas sensibles.
Reuters tuvo acceso a una transcripción del momento en el que la representante de ese país explicó sus motivos, allí se lee que el país quiere aproximarse a los objetivos regulatorios “equilibrando el derecho a regular en interés público y la necesidad de abordar el comportamiento anticompetitivo en la economía digital”.
La Cámara de Comercio americana, un poderoso grupo de lobby empresarial, afirma que así EE. UU. abandona una posición arraigada en la política internacional americana que va a afectar a los trabajadores, empresas y negocios de ese país, impactando en su capacidad para competir en el mercado. La Cámara reclama que se debe seguir luchando contra el proteccionismo digital y afirma que el cambio se dio sin consultar con el Congreso, donde hay varios legisladores que apoyan las propuestas que fueron retiradas.
Del otro costado, diez legisladores y legisladoras estadounidenses enviaron una carta al presidente Biden elogiando ese cambio y pidieron que se dé también en las negociaciones del Indo Pacific Economic Framework (IPEF). Solicitan que se garantice que las agencias regulatorias y el Congreso puedan regular para evitar los abusos de las empresas.
Con esa decisión EE. UU. cambió su aproximación neoliberal, -“laissez-faire”-, que tenía no solo al interior del país sino también en su política exterior. Busca ahora lo que llaman “policy space”: EE. UU. abre espacio para que haya regulación nacional en temas sensibles de la agenda de comercio electrónico, como empezó a hacer localmente.
Hasta hace poco, la posición de ese país de no regular era incluso insertada en los acuerdos de libre comercio para luchar contra el proteccionismo digital que encarnaba China y, más recientemente -desde las normas de protección de datos (GDPR)-, Europa.
En la medida en que en el mundo aumenta el apetito por regular a las plataformas, se evidencia que en acuerdos internacionales de comercio ese tipo de propuestas comprometen la capacidad reguladora para enfrentar los problemas que se derivan del accionar de las empresas. En este caso por temas de abusos a los y las consumidoras, violaciones a la privacidad, mal uso de los datos personales, prácticas anticompetitivas, impactos en las democracias, problemas de transparencia, afectaciones a la libertad de expresión, discriminación, prácticas de vigilancia, opacidad algorítmica y la lista sigue.
Consecuentemente, el gobierno de Joe Biden concluyó que la versión más extrema de esta agenda, la del “digital trade” (comercio digital), que fue impulsada por la administración anterior en el tratado de libre comercio con Canadá y México, podría impedirle adelantar regulaciones en el Congreso americano y por sus agencias regulatorias.
El uso de los acuerdos de comercio para limitar la capacidad de los Estados para regular no es nada nuevo y EE. UU. lo ha impulsado en forma consistente; de lo que se arrepiente hoy es de cuatro puntos de la versión más extrema de la mencionada agenda “digital trade”: (1) Prohibir la regulación sobre el flujo transfronterizo de datos, (2) Prohibir normas que exijan la ubicación determinada para instalaciones informáticas (también conocida como “data localization”), (3) Impulsar el secreto del código fuente y la información algorítmica y (4) Promover el principio de no-discriminación para productos digitales.
No puedo explicar los cuatro, me enfocaré en el tercero. De aprobarse la propuesta de 2019 se garantizaría a las empresas de tecnología el secreto para el código fuente y la información algorítmica a nivel global. Esto impediría, por ejemplo, la revisión gubernamental de algoritmos y desarrollos de Inteligencia artificial. Si no se puede acceder al código fuente o imponer obligaciones de transparencia algorítmica en determinados casos, se impide investigar temas de derechos humanos como la discriminación racial, económica, de género o violaciones laborales derivadas del uso de sistemas automatizados
Ahora bien, no para allí, también afecta las capacidades ciudadanas. Podría dar más fuerza el caso para quienes quieren evitar el acceso al código fuente del software de escrutinios a la veeduría ciudadana en elecciones privatizadas, incluso existiendo obligaciones generales de transparencia del proceso electoral. Un ejemplo más, organizaciones que defienden el derecho a reparar aparatos en EE. UU. solicitaron a Biden que quitara su apoyo a ese tipo de propuestas, dicen que evitarán el ejercicio de este derecho y, por tanto, la lucha contra la obsolescencia programada que termina impactando el medio ambiente.
Dentro de los acuerdos OMC, que han suscrito la mayoría de países, ya se exige proteger los secretos comerciales y la información confidencial de las empresas. Por tanto, ir más allá representa un verdadero riesgo para los procesos de supervisión gubernamental y ciudadana que protegen otros derechos mediados por tecnología. Aunque se demoró, EE. UU. da un buen consejo en este aspecto. En un mundo de rápido cambio y muchas aristas abiertas, ningún país -ni siquiera con una industria de tecnología tan importante- debe amarrar su capacidad regulatoria, tampoco en lo digital.
¿Cómo cambiará esto lo que sucede en la OMC? Garantizar que los países pueden mantener el espacio regulatorio nacional (policy space) para enfrentar las consecuencias de una tecnología que no conocemos, es positivo e interesante, debería tener un apoyo masivo. Sin embargo, no sabemos qué está pasando, pues la OMC es un foro oscuro para el seguimiento de la sociedad civil. No hay observadores y sus negociaciones son confidenciales. Lo que se sabe es porque los propios países publican sus posiciones, tienen discusiones mediáticas -como este caso- o porque hay filtraciones.
De Colombia no conozco cuál ha sido su posición en este tema. Sin embargo, es de sentido común que apoye esta posición de EE. UU.: que pida el retiro de los artículos de la agenda extrema de comercio digital. También sería positivo que el gobierno (Cancillería, Mincomercio y MinTIC en lo que les corresponda) abriera el proceso para construir la posición colombiana, que se priorice el interés público y los derechos, somos varias personas y organizaciones que tenemos la experiencia y el conocimiento para aportar. Finalmente, estaría bien además que los congresistas preguntaran y se posicionaran y que los medios locales se interesaran. Hay que tomar aliento en el nuevo contexto, se puede trabajar colectivamente para tener la posición que mejor le sirva a quienes habitamos este país.
Durante las negociaciones de la Iniciativa de Declaración Conjunta sobre Comercio Electrónico de la Organización Mundial del Comercio (OMC) -que involucra a más de 50 países, incluida Colombia-, sucedió algo inesperado: EE. UU. retiró su apoyo a cuatro artículos. Los artículos son parte de la agenda de comercio digital propuesta por la administración Trump (2019). Esto se lee como que EE. UU. retiró su apoyo a las grandes empresas tecnológicas que quieren evitar regulaciones nacionales en temas sensibles.
Reuters tuvo acceso a una transcripción del momento en el que la representante de ese país explicó sus motivos, allí se lee que el país quiere aproximarse a los objetivos regulatorios “equilibrando el derecho a regular en interés público y la necesidad de abordar el comportamiento anticompetitivo en la economía digital”.
La Cámara de Comercio americana, un poderoso grupo de lobby empresarial, afirma que así EE. UU. abandona una posición arraigada en la política internacional americana que va a afectar a los trabajadores, empresas y negocios de ese país, impactando en su capacidad para competir en el mercado. La Cámara reclama que se debe seguir luchando contra el proteccionismo digital y afirma que el cambio se dio sin consultar con el Congreso, donde hay varios legisladores que apoyan las propuestas que fueron retiradas.
Del otro costado, diez legisladores y legisladoras estadounidenses enviaron una carta al presidente Biden elogiando ese cambio y pidieron que se dé también en las negociaciones del Indo Pacific Economic Framework (IPEF). Solicitan que se garantice que las agencias regulatorias y el Congreso puedan regular para evitar los abusos de las empresas.
Con esa decisión EE. UU. cambió su aproximación neoliberal, -“laissez-faire”-, que tenía no solo al interior del país sino también en su política exterior. Busca ahora lo que llaman “policy space”: EE. UU. abre espacio para que haya regulación nacional en temas sensibles de la agenda de comercio electrónico, como empezó a hacer localmente.
Hasta hace poco, la posición de ese país de no regular era incluso insertada en los acuerdos de libre comercio para luchar contra el proteccionismo digital que encarnaba China y, más recientemente -desde las normas de protección de datos (GDPR)-, Europa.
En la medida en que en el mundo aumenta el apetito por regular a las plataformas, se evidencia que en acuerdos internacionales de comercio ese tipo de propuestas comprometen la capacidad reguladora para enfrentar los problemas que se derivan del accionar de las empresas. En este caso por temas de abusos a los y las consumidoras, violaciones a la privacidad, mal uso de los datos personales, prácticas anticompetitivas, impactos en las democracias, problemas de transparencia, afectaciones a la libertad de expresión, discriminación, prácticas de vigilancia, opacidad algorítmica y la lista sigue.
Consecuentemente, el gobierno de Joe Biden concluyó que la versión más extrema de esta agenda, la del “digital trade” (comercio digital), que fue impulsada por la administración anterior en el tratado de libre comercio con Canadá y México, podría impedirle adelantar regulaciones en el Congreso americano y por sus agencias regulatorias.
El uso de los acuerdos de comercio para limitar la capacidad de los Estados para regular no es nada nuevo y EE. UU. lo ha impulsado en forma consistente; de lo que se arrepiente hoy es de cuatro puntos de la versión más extrema de la mencionada agenda “digital trade”: (1) Prohibir la regulación sobre el flujo transfronterizo de datos, (2) Prohibir normas que exijan la ubicación determinada para instalaciones informáticas (también conocida como “data localization”), (3) Impulsar el secreto del código fuente y la información algorítmica y (4) Promover el principio de no-discriminación para productos digitales.
No puedo explicar los cuatro, me enfocaré en el tercero. De aprobarse la propuesta de 2019 se garantizaría a las empresas de tecnología el secreto para el código fuente y la información algorítmica a nivel global. Esto impediría, por ejemplo, la revisión gubernamental de algoritmos y desarrollos de Inteligencia artificial. Si no se puede acceder al código fuente o imponer obligaciones de transparencia algorítmica en determinados casos, se impide investigar temas de derechos humanos como la discriminación racial, económica, de género o violaciones laborales derivadas del uso de sistemas automatizados
Ahora bien, no para allí, también afecta las capacidades ciudadanas. Podría dar más fuerza el caso para quienes quieren evitar el acceso al código fuente del software de escrutinios a la veeduría ciudadana en elecciones privatizadas, incluso existiendo obligaciones generales de transparencia del proceso electoral. Un ejemplo más, organizaciones que defienden el derecho a reparar aparatos en EE. UU. solicitaron a Biden que quitara su apoyo a ese tipo de propuestas, dicen que evitarán el ejercicio de este derecho y, por tanto, la lucha contra la obsolescencia programada que termina impactando el medio ambiente.
Dentro de los acuerdos OMC, que han suscrito la mayoría de países, ya se exige proteger los secretos comerciales y la información confidencial de las empresas. Por tanto, ir más allá representa un verdadero riesgo para los procesos de supervisión gubernamental y ciudadana que protegen otros derechos mediados por tecnología. Aunque se demoró, EE. UU. da un buen consejo en este aspecto. En un mundo de rápido cambio y muchas aristas abiertas, ningún país -ni siquiera con una industria de tecnología tan importante- debe amarrar su capacidad regulatoria, tampoco en lo digital.
¿Cómo cambiará esto lo que sucede en la OMC? Garantizar que los países pueden mantener el espacio regulatorio nacional (policy space) para enfrentar las consecuencias de una tecnología que no conocemos, es positivo e interesante, debería tener un apoyo masivo. Sin embargo, no sabemos qué está pasando, pues la OMC es un foro oscuro para el seguimiento de la sociedad civil. No hay observadores y sus negociaciones son confidenciales. Lo que se sabe es porque los propios países publican sus posiciones, tienen discusiones mediáticas -como este caso- o porque hay filtraciones.
De Colombia no conozco cuál ha sido su posición en este tema. Sin embargo, es de sentido común que apoye esta posición de EE. UU.: que pida el retiro de los artículos de la agenda extrema de comercio digital. También sería positivo que el gobierno (Cancillería, Mincomercio y MinTIC en lo que les corresponda) abriera el proceso para construir la posición colombiana, que se priorice el interés público y los derechos, somos varias personas y organizaciones que tenemos la experiencia y el conocimiento para aportar. Finalmente, estaría bien además que los congresistas preguntaran y se posicionaran y que los medios locales se interesaran. Hay que tomar aliento en el nuevo contexto, se puede trabajar colectivamente para tener la posición que mejor le sirva a quienes habitamos este país.