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Hace días, el ministro de defensa israelí anunció que la guerra en Gaza entraría en una nueva fase. Esta semana, cientos de buscapersonas explotaron en el Líbano y Siria, matando a decenas de personas y dejando heridas a miles. Hezbolá responsabiliza a Israel del ataque contra sus miembros. Hasta el momento de cierre de esta columna, Israel guarda silencio en público, mientras que en el Líbano siguen explotando aparatos.
El inesperado, coordinado y condenable acto convirtió equipos de uso cotidiano en armas que explotaron -sobretodo buscapersonas o beepers, pero también walkie talkies- afectando a miles de civiles. El sistema de salud libanés está en alerta y se encuentra desbordado, no es claro cuántas personas de las alcanzadas por las explosiones pertenecían a Hezbolá. Esa organización había limitado el uso de celulares porque son fácilmente usados para espiarlos y estaba usando estos otros dispositivos para sus comunicaciones.
Aunque la manipulación de productos comerciales para acciones militares no es una novedad, las particularidades de esta acción sí la hacen más preocupante y condenable.
Hace más de 10 años, se instaló un dispositivo a las botas ortopédicas destinadas a ser usadas por el ‘Mono Jojoy’. El propósito era rastrear con GPS la ubicación del líder guerrillero para orientar la operación militar que más tarde terminaría con su vida. En mayo pasado, les conté cómo en la guerra entre Ucrania y Rusia los dos ejércitos transformaron drones comerciales en armas. Les hablé también de las tensiones que esto genera para las empresas involucradas. Los fabricantes suelen insistir en que no venden armas, comercializan artefactos civiles.
Pero esta semana no hablamos de un ataque entre fuerzas armadas en territorio en conflicto. En una clara violación al principio de derecho internacional humanitario de distinción -que obliga a discriminar entre población militar y civil-, las explosiones de esta semana se programaron sin consideraciones del lugar ni de las personas que afectarían, sin importar el impacto a civiles y sucedieron en territorio extranjero.
Los buscapersonas eran de la marca Gold Apollo, de fabricación taiwanesa, importados al Líbano. La empresa taiwanesa dice no ser la fabricante, afirma ser una pequeña empresa responsable con sus usuarios. Indican que tienen un acuerdo de licencia con la BAC Consulting, domiciliada en Budapest, que puede fabricar sus propios productos bajo la marca taiwanesa. La BAC Consulting también niega haberlos fabricado.
El New York Times indicó que funcionarios de Estados Unidos -informados por Israel-, dijeron anónimamente que antes de entrar en el Líbano, a los buscapersonas se le introdujeron 28 o 56 gramos de material explosivo cerca de la batería y un interruptor que se detonaría a distancia. Esta semana recibieron un mensaje y, después de sonar unos segundos, explotaron. Ese periódico afirma que “rastrear cómo y cuándo se empaquetaron los buscapersonas con material explosivo podría ser complicado. La industria taiwanesa de la electrónica de consumo es una compleja cadena de suministro de marcas, fabricantes y agentes”. De los walkie talkies aún no hay información pública.
A la condena por las afectaciones a miles de civiles que despierta esta acción debemos agregar reflexiones sobre la manipulación por actores estatales de productos comerciales usados por civiles. Esta acción viola el derecho internacional humanitario y en el proceso, además, afecta la confianza de las personas y genera miedo.
Este caso en concreto no puede considerarse un ataque de ciberseguridad. En estricto sentido no estamos frente a un hackeo, es más una infiltración física. Es posible que los atacantes hayan modificado el firmware de los aparatos, pero lo central es que le introdujeron explosivos físicamente. Aun así, sirve para pensar en el problema de seguridad que supone que un Estado interfiera en las cadenas de suministro de productos comerciales para manipularlos ofensivamente y sin consideración al principio de distinción. Permite pensar en el riesgo de ciberseguridad de un acto de hackeo en la cadena de suministros de productos tecnológicos.
En gracia de discusión, en un contexto similar el riesgo por manipular el aparato físicamente o hacerlo a nivel del software da igual. En relación con la seguridad digital de las cadenas de suministro, en documentos de la OCDE se ve la preocupación por la dependencia que nuestras sociedades tienen en lo digital que se extienden a través de sectores y fronteras, de modo que para esta entidad estos riesgos son compartidos, ya que ningún actor por sí solo puede reducirlos significativamente. Es decir, tanto en seguridad física como digital, los Estados también son responsables de no interferir en las cadenas de suministro, entre otras cosas para garantizar la confianza en la economía.
Lo sucedido en Líbano muestra que los riesgos que enfrenta la población civil con el incremento de conflictos geopolíticos no necesariamente son nuevos, pero sí hay que pensar en nuevos alcances y en cómo hacer aplicables las normas del derecho internacional humanitario existentes. Las garantías de respeto a los derechos humanos deben extenderse al uso de la tecnología, también a la digital.