Enlaces rotos: impuesto al enlace en Australia
En las últimas décadas los medios han visto la caída en sus ingresos por la crisis de su modelo económico. Mientras tanto, creció el negocio de la publicidad en línea dominado por las grandes plataformas de internet, alimentado por nuestra atención y del que participan los medios activamente. La tensión entre estos modelos ha hecho que los medios reclamen una porción del pastel del marketing digital. Las posibles soluciones marcarán futuros debates sobre internet.
El reclamo de los medios se concretó primero en una regulación para crear un derecho conexo de autor, idea acogida sin mucho éxito en Alemania y España donde los agregadores de noticias, como Google News, debían pagar una tasa por difundir fragmentos de noticias. En 2019, la Directiva Europea retomó esta idea y se estableció que cualquier plataforma que permitiera la circulación de enlaces con fragmentos de noticias estaría obligada a pagar (artículo 11).
Adicionalmente, varios países han estado analizando el tema a la luz de normas de competencia. Así, por ejemplo, en Reino Unido Facebook llegó a un acuerdo millonario con grandes medios para pagar por circular sus contenido. En este caso, el acuerdo incluye la construcción de un espacio dedicado a noticias.
Actualmente en Australia se debate una nueva ley por la que “las plataformas deberán pagar cada vez que un contenido periodístico sea compartido por sus usuarios o —la solución que parece más sensata— acordar grandes licencias directamente con los medios y así darles el oxígeno financiero que necesitan”.
Ante la inminencia de su avance en el Congreso australiano hace unas semanas, Google amenazó con retirarse del país y Facebook indicó que impondrá una veda de noticias para Australia. Entre acusaciones de chantaje y de modificar la estructura libre y abierta que debe orientar internet, esta semana Google llegaba a un acuerdo con el conglomerado de medios de Rupert Murdoch, el más importante de Australia, y lanzará un nuevo producto para noticias, mientras que Facebook decidió —incluso antes de que tenga lugar la aprobación de la ley— que a partir del 18 de febrero en Australia no circularán por su plataforma noticias.
Esta medida, que se ha calificado de apagón informativo, abrirá muchos debates, pues Facebook no solo bloqueó los perfiles de los medios, sino que la veda alcanzó a organizaciones de la sociedad civil y entidades públicas, incluidas las autoridades de salud —que están lidiando con la pandemia— y la oficina de meteorología —que está informando sobre la temporada de incendios forestales de este año—. Facebook alega que, ante la vaguedad de la norma, los criterios de la veda son amplios.
Sin discutir los orígenes de la crisis, podemos estar de acuerdo con que es una realidad que nos afecta como personas, como sociedad. Si contamos con medios fuertes, es más fácil que tengamos sociedades más democráticas y plurales; por contraste, su debilidad es síntoma de un espacio público frágil. Sin embargo, la solución que se está construyendo no carece de polémicas que debemos reconocer:
En el entorno de medios. La evolución está mostrando que las plataformas pueden invertir más en los medios, pero parece confirmar que quienes están teniendo éxito en conseguir los recursos son los grandes conglomerados mediáticos (como el de Murdoch) y no los periodistas, ni los medios más pequeños. Se podría decir incluso que el efecto sería ampliar la ya preocupante concentración de medios. Y se mantienen entonces varias preguntas: ¿cómo servirá esta solución a los periodistas?, ¿a los medios independientes?, ¿al periodismo de investigación?
En la diversidad del espacio público. Además, si los grandes son los que pueden negociar las licencias, ese será el contenido que se mueva, el que muestran los algoritmos y además el que aparecerá en los espacios especiales que se construyan. Puede que se hagan esfuerzos para que medios pequeños e independientes participen, pero ya no dependerá simplemente de ocupar la red. Al final es posible que la diversidad en nuestra burbuja de información disminuya aún más, afectando el derecho a la información.
Para las personas que usan internet. De un lado, se fortalece un ecosistema en donde es el algoritmo de las grandes plataformas el que sustancialmente definirá la información a la que accedemos. Por otra parte, si el cobro es por el enlace, aumentarán las barreras para que las personas enlacen —sobre todo fuera de las plataformas que negocien las grandes licencias—. Esto afectará la forma como navegamos, expresamos nuestras opiniones o nos informamos en la red y limitará las fuentes de información, es decir, impactaría nuestra libertad de expresión.
El problema es global y poco a poco aparece en las agendas legislativas de los países, Al Sur —coalición de organizaciones que trabajan en derechos digitales en América Latina— ha advertido que estas medidas pueden tener impactos en la diversidad informativa y el pluralismo de medios en una región que ya tiene problemas estructurales en estos temas. ¿Cómo abordamos esta complejidad? ¿Cómo nos aseguramos de que la discusión mantenga preocupaciones de derechos humanos más generales?
En las últimas décadas los medios han visto la caída en sus ingresos por la crisis de su modelo económico. Mientras tanto, creció el negocio de la publicidad en línea dominado por las grandes plataformas de internet, alimentado por nuestra atención y del que participan los medios activamente. La tensión entre estos modelos ha hecho que los medios reclamen una porción del pastel del marketing digital. Las posibles soluciones marcarán futuros debates sobre internet.
El reclamo de los medios se concretó primero en una regulación para crear un derecho conexo de autor, idea acogida sin mucho éxito en Alemania y España donde los agregadores de noticias, como Google News, debían pagar una tasa por difundir fragmentos de noticias. En 2019, la Directiva Europea retomó esta idea y se estableció que cualquier plataforma que permitiera la circulación de enlaces con fragmentos de noticias estaría obligada a pagar (artículo 11).
Adicionalmente, varios países han estado analizando el tema a la luz de normas de competencia. Así, por ejemplo, en Reino Unido Facebook llegó a un acuerdo millonario con grandes medios para pagar por circular sus contenido. En este caso, el acuerdo incluye la construcción de un espacio dedicado a noticias.
Actualmente en Australia se debate una nueva ley por la que “las plataformas deberán pagar cada vez que un contenido periodístico sea compartido por sus usuarios o —la solución que parece más sensata— acordar grandes licencias directamente con los medios y así darles el oxígeno financiero que necesitan”.
Ante la inminencia de su avance en el Congreso australiano hace unas semanas, Google amenazó con retirarse del país y Facebook indicó que impondrá una veda de noticias para Australia. Entre acusaciones de chantaje y de modificar la estructura libre y abierta que debe orientar internet, esta semana Google llegaba a un acuerdo con el conglomerado de medios de Rupert Murdoch, el más importante de Australia, y lanzará un nuevo producto para noticias, mientras que Facebook decidió —incluso antes de que tenga lugar la aprobación de la ley— que a partir del 18 de febrero en Australia no circularán por su plataforma noticias.
Esta medida, que se ha calificado de apagón informativo, abrirá muchos debates, pues Facebook no solo bloqueó los perfiles de los medios, sino que la veda alcanzó a organizaciones de la sociedad civil y entidades públicas, incluidas las autoridades de salud —que están lidiando con la pandemia— y la oficina de meteorología —que está informando sobre la temporada de incendios forestales de este año—. Facebook alega que, ante la vaguedad de la norma, los criterios de la veda son amplios.
Sin discutir los orígenes de la crisis, podemos estar de acuerdo con que es una realidad que nos afecta como personas, como sociedad. Si contamos con medios fuertes, es más fácil que tengamos sociedades más democráticas y plurales; por contraste, su debilidad es síntoma de un espacio público frágil. Sin embargo, la solución que se está construyendo no carece de polémicas que debemos reconocer:
En el entorno de medios. La evolución está mostrando que las plataformas pueden invertir más en los medios, pero parece confirmar que quienes están teniendo éxito en conseguir los recursos son los grandes conglomerados mediáticos (como el de Murdoch) y no los periodistas, ni los medios más pequeños. Se podría decir incluso que el efecto sería ampliar la ya preocupante concentración de medios. Y se mantienen entonces varias preguntas: ¿cómo servirá esta solución a los periodistas?, ¿a los medios independientes?, ¿al periodismo de investigación?
En la diversidad del espacio público. Además, si los grandes son los que pueden negociar las licencias, ese será el contenido que se mueva, el que muestran los algoritmos y además el que aparecerá en los espacios especiales que se construyan. Puede que se hagan esfuerzos para que medios pequeños e independientes participen, pero ya no dependerá simplemente de ocupar la red. Al final es posible que la diversidad en nuestra burbuja de información disminuya aún más, afectando el derecho a la información.
Para las personas que usan internet. De un lado, se fortalece un ecosistema en donde es el algoritmo de las grandes plataformas el que sustancialmente definirá la información a la que accedemos. Por otra parte, si el cobro es por el enlace, aumentarán las barreras para que las personas enlacen —sobre todo fuera de las plataformas que negocien las grandes licencias—. Esto afectará la forma como navegamos, expresamos nuestras opiniones o nos informamos en la red y limitará las fuentes de información, es decir, impactaría nuestra libertad de expresión.
El problema es global y poco a poco aparece en las agendas legislativas de los países, Al Sur —coalición de organizaciones que trabajan en derechos digitales en América Latina— ha advertido que estas medidas pueden tener impactos en la diversidad informativa y el pluralismo de medios en una región que ya tiene problemas estructurales en estos temas. ¿Cómo abordamos esta complejidad? ¿Cómo nos aseguramos de que la discusión mantenga preocupaciones de derechos humanos más generales?