Estrategia para evitar robo de celulares puede afectar la intimidad
La penetración de celulares sigue creciendo, mientras crece la preocupación por su robo y por la violencia que el hurto genera. Sin embargo, ¿ha pensado en cómo nos afectará la solución que propone el Gobierno?
El Gobierno colombiano está implementando una estrategia para combatir este problema a través de una cooperación empresa-Estado cuyo fin es compartir “información para prevenir la reactivación del equipo”. La estrategia gira en torno al IMEI o código pregrabado que identifica al celular de forma exclusiva a nivel mundial y que, además, es transmitido a la red cuando el aparato se conecta. Funciona con dos bases de datos: “la positiva”, en donde se consignan los IMEI de todo celular que circula legalmente y “la negativa”, que recogerá los IMEI de los robados o perdidos. Al cruzar las dos bases de datos se identifican los aparatos que deben ser efectivamente bloqueados en cada país porque fueron robados o desaparecieron en algún lugar del mundo.
¿Qué problemas tiene la propuesta del Gobierno? Tendríamos que recordar que la eficacia de la estrategia ya fue cuestionada, pues los criminales encontraron un modo de saltársela, falsificando el IMEI o vendiendo los celulares por partes. Otro problema es el social, relacionado con que la población en países en desarrollo, en especial de escasos recursos, depende para su acceso a la sociedad de la información de celulares y estos son en gran medida irregulares (porque son regalados, adquiridos de contrabando o en mercados negros). Por eso, la organización de la ONU dedicada a telecomunicaciones -ITU- recomienda procesos graduales bloqueando, por ejemplo, solo los celulares nuevos al principio. Lo contrario violaría las libertades de comunicación.
De otra parte, está el problema de las bases de datos. Según la Resolución 4868 de la CRC, el contenido de la “base de datos positiva” incluirá el IMEI de aquellos “usuarios (que) realizaron el registro de los datos de identificación del propietario o usuario autorizado por éste”. Frente a potenciales filtraciones ilegales o abusos por parte de las autoridades que tienen acceso, no es clara la necesidad de recoger todos esos datos en el registro. Este mecanismo debe ser analizado con estándares de derechos humanos. ¿Cuál es el propósito de incluir esa información personal para bloquear celulares robados? ¿Es necesario y proporcional? Desde la sociedad civil debemos recordarle al Gobierno que debe considerar metodologías como “privacidad por diseño” en la construcción de las políticas públicas y que –en palabras de los relatores para libertad de expresión en 2011– las obligaciones de registro no son legítimas “a menos que superen la prueba establecida por el derecho internacional para las restricciones a la libertad de expresión”. Esto aplica también a la intimidad.
La penetración de celulares sigue creciendo, mientras crece la preocupación por su robo y por la violencia que el hurto genera. Sin embargo, ¿ha pensado en cómo nos afectará la solución que propone el Gobierno?
El Gobierno colombiano está implementando una estrategia para combatir este problema a través de una cooperación empresa-Estado cuyo fin es compartir “información para prevenir la reactivación del equipo”. La estrategia gira en torno al IMEI o código pregrabado que identifica al celular de forma exclusiva a nivel mundial y que, además, es transmitido a la red cuando el aparato se conecta. Funciona con dos bases de datos: “la positiva”, en donde se consignan los IMEI de todo celular que circula legalmente y “la negativa”, que recogerá los IMEI de los robados o perdidos. Al cruzar las dos bases de datos se identifican los aparatos que deben ser efectivamente bloqueados en cada país porque fueron robados o desaparecieron en algún lugar del mundo.
¿Qué problemas tiene la propuesta del Gobierno? Tendríamos que recordar que la eficacia de la estrategia ya fue cuestionada, pues los criminales encontraron un modo de saltársela, falsificando el IMEI o vendiendo los celulares por partes. Otro problema es el social, relacionado con que la población en países en desarrollo, en especial de escasos recursos, depende para su acceso a la sociedad de la información de celulares y estos son en gran medida irregulares (porque son regalados, adquiridos de contrabando o en mercados negros). Por eso, la organización de la ONU dedicada a telecomunicaciones -ITU- recomienda procesos graduales bloqueando, por ejemplo, solo los celulares nuevos al principio. Lo contrario violaría las libertades de comunicación.
De otra parte, está el problema de las bases de datos. Según la Resolución 4868 de la CRC, el contenido de la “base de datos positiva” incluirá el IMEI de aquellos “usuarios (que) realizaron el registro de los datos de identificación del propietario o usuario autorizado por éste”. Frente a potenciales filtraciones ilegales o abusos por parte de las autoridades que tienen acceso, no es clara la necesidad de recoger todos esos datos en el registro. Este mecanismo debe ser analizado con estándares de derechos humanos. ¿Cuál es el propósito de incluir esa información personal para bloquear celulares robados? ¿Es necesario y proporcional? Desde la sociedad civil debemos recordarle al Gobierno que debe considerar metodologías como “privacidad por diseño” en la construcción de las políticas públicas y que –en palabras de los relatores para libertad de expresión en 2011– las obligaciones de registro no son legítimas “a menos que superen la prueba establecida por el derecho internacional para las restricciones a la libertad de expresión”. Esto aplica también a la intimidad.