Aunque han bloqueado millones de celulares en el país, el hurto crece. Entonces, si no sirve, podemos empezar a hablar de cómo sí afecta a millones de personas.
Empecemos por una realidad: los gobiernos pasan fácilmente del temor a la tecnología a creer en su infalibilidad. La política de registro del IMEI (el número que identifica el aparato) ejemplifica esa segunda actitud. Colombia ha desarrollado durante más de seis años ese sistema de registro para controlar completamente las redes de comunicación celular con el fin de bloquear los “problemáticos”.
El sistema colombiano no solo es la lista negativa de los equipos que la gente reporta como robados o perdidos para su bloqueo (que es el estándar mundial). Además, construye una lista positiva con información personal de todos los usuarios de celulares y le agrega un mecanismo de verificación que intenta identificar IMEI duplicados para bloquearlos, usando metadatos de las comunicaciones.
Esa pretensión de control total de las redes celulares olvida que, como ahora nos cuenta el fiscal, duplicar los IMEI es fácil, que se pueden vender equipos por partes y que hay toda una mafia internacional. Entonces, si bien se trata de luchar contra una horrible peste que se ensaña con cualquiera, lo cierto es que la política no es tan eficiente como promete y sí obliga a los operadores a centralizar información. Esa política pública usa intensivamente datos personales que son confiados a los operadores para que nos presten sus servicios. Los datos que recoge y centraliza en el proceso pueden ser abusados, por ejemplo, por la inteligencia estatal.
El trabajo de análisis de esta política que hará la Fiscalía debería identificar los límites de la misma. También debería establecer que en la forma como existe actualmente es extremadamente invasiva de nuestras comunicaciones y bastante desproporcionada (por ejemplo, iguala celulares no homologados con celulares robados).
Desde Karisma (donde trabajo) llevamos meses analizando la política pública de registro de IMEI a la luz de las afectaciones a los derechos humanos de quienes usamos las redes celulares del país. Pronto publicaremos el informe que esperamos le sirva a la Fiscalía en sus propias indagaciones sobre los problemas del sistema.
Aunque han bloqueado millones de celulares en el país, el hurto crece. Entonces, si no sirve, podemos empezar a hablar de cómo sí afecta a millones de personas.
Empecemos por una realidad: los gobiernos pasan fácilmente del temor a la tecnología a creer en su infalibilidad. La política de registro del IMEI (el número que identifica el aparato) ejemplifica esa segunda actitud. Colombia ha desarrollado durante más de seis años ese sistema de registro para controlar completamente las redes de comunicación celular con el fin de bloquear los “problemáticos”.
El sistema colombiano no solo es la lista negativa de los equipos que la gente reporta como robados o perdidos para su bloqueo (que es el estándar mundial). Además, construye una lista positiva con información personal de todos los usuarios de celulares y le agrega un mecanismo de verificación que intenta identificar IMEI duplicados para bloquearlos, usando metadatos de las comunicaciones.
Esa pretensión de control total de las redes celulares olvida que, como ahora nos cuenta el fiscal, duplicar los IMEI es fácil, que se pueden vender equipos por partes y que hay toda una mafia internacional. Entonces, si bien se trata de luchar contra una horrible peste que se ensaña con cualquiera, lo cierto es que la política no es tan eficiente como promete y sí obliga a los operadores a centralizar información. Esa política pública usa intensivamente datos personales que son confiados a los operadores para que nos presten sus servicios. Los datos que recoge y centraliza en el proceso pueden ser abusados, por ejemplo, por la inteligencia estatal.
El trabajo de análisis de esta política que hará la Fiscalía debería identificar los límites de la misma. También debería establecer que en la forma como existe actualmente es extremadamente invasiva de nuestras comunicaciones y bastante desproporcionada (por ejemplo, iguala celulares no homologados con celulares robados).
Desde Karisma (donde trabajo) llevamos meses analizando la política pública de registro de IMEI a la luz de las afectaciones a los derechos humanos de quienes usamos las redes celulares del país. Pronto publicaremos el informe que esperamos le sirva a la Fiscalía en sus propias indagaciones sobre los problemas del sistema.