Cuando ya parecía que el trámite estaba aceitado y el proyecto de ley de modernización TIC pasaría por el Congreso con las mayorías de la alianza gubernamental a su favor, en diciembre de 2018 se frenó. Irremediablemente, la discusión se volcó a la televisión pública, a los contenidos.
El frenón se debió al escándalo por la censura a Santiago Rivas desde la gerencia de RTVC. Por eso, la discusión pasó hacia lo público. Se discute también el rol de los medios públicos y la necesaria conciencia que deben tener los funcionarios públicos en torno a la diferencia entre Gobierno y Estado.
Desde esa óptica de lo público y los medios, y considerando que las redes sociales y los espacios digitales que controlan son también medios para su comunicación, les propongo analizar algunas de las estrategias de comunicación que ha usado el Gobierno en apoyo a su proyecto de ley.
Una primera estrategia es la descalificación de los argumentos de los opositores tildándolos de noticias falsas. A mediados de enero, en el clímax del debate en torno al caso de Santiago Rivas, la ministra de las TIC dijo en Twitter: “No caigas en noticias falsas. El proyecto de ley #ModernizamosElSectorTIC NO amenaza la autonomía de los medios y la libertad de prensa. http://bit.ly/2rAXHHP”. El argumento se ha mantenido. Recientemente, la cuenta Gobierno Digital afirmaba: “Entérate muy bien y aprende que la TV pública se fortalecerá si existe una modernización del sector TIC. No caigas en información falsa. #ConectividadEsEquidad”.
El término “noticias falsas” es bastante ambiguo; y sin embargo ¿quién podría negar que se ha cargado de simbolismo como una de las amenazas más importantes para el debate democrático? Por un lado, se nos invita a evitar las noticias falsas y, por otro, los Estados deben combatirlas. En contra de esta tendencia el Gobierno colombiano usa esta narrativa desde sus cuentas oficiales para responder a argumentos en un debate legislativo. Esto no es promover un debate de altura.
Lo que se espera del Gobierno es que explique las razones de su iniciativa y ofrezca argumentos que respondan a las críticas. Decir simplemente que todo lo que dice el otro es noticia o información falsa es apuntar a deslegitimar los argumentos del contrario. Es como decirle terrorista a cualquiera que protesta contra el Gobierno. La responsabilidad del Gobierno es la de fortalecer espacios donde florezca la pluralidad de ideas y se respete la libertad de expresión. Deslegitimar el debate no es aceptable.
Otra estrategia es el unanimismo de Estado para apoyar por sus canales de comunicación lo que es prioridad de algunos en el Gobierno. Se ha vuelto práctica que todas las cuentas del Estado repitan mensajes que son prioridad del Gobierno. Eso resulta muy raro para las personas que siguen una cuenta concreta y que de repente ven mensajes de temas que no están conectados con ese interés; sucedió mucho durante el trámite de la reforma tributaria. ¿Acaso esto no es también confundir Estado con Gobierno? Como mínimo, es irrespetuoso con las personas que se inscriben a una cuenta por su interés en los temas que le prometen.
Esto va más allá de las cuentas en redes sociales. Así sucedió, por ejemplo, con la propaganda que, a finales de diciembre, aparecía después de completar el registro para usar el wifi de Transmilenio: “Más de 20 millones hoy no cuentan con acceso a internet… Queremos que el Congreso apruebe la Ley TIC para que el internet llegue a todos. Ayúdanos con tu firma en Change.org”.
Sobre este aviso, pregunto: ¿quién quiere?, ¿quién está detrás de esto?, sobre todo, ¿por qué debo ver esta propaganda para usar un servicio público?, ¿cómo esto beneficia el debate legislativo?, si quisiera ver más sobre el tema, ¿cómo puedo informarme sobre los argumentos de quienes se oponen?
Las redes sociales de las entidades públicas son un canal de comunicación del Estado y también lo son sus estrategias de comunicación. Por lo tanto, deben ser canales respetuosos con las personas a las que se dirigen y deben ser herramientas para fortalecer la democracia. Además, valdría la pena pensar que la responsabilidad, al final, no es del community manager que las opera, si no de la entidad.
Cuando ya parecía que el trámite estaba aceitado y el proyecto de ley de modernización TIC pasaría por el Congreso con las mayorías de la alianza gubernamental a su favor, en diciembre de 2018 se frenó. Irremediablemente, la discusión se volcó a la televisión pública, a los contenidos.
El frenón se debió al escándalo por la censura a Santiago Rivas desde la gerencia de RTVC. Por eso, la discusión pasó hacia lo público. Se discute también el rol de los medios públicos y la necesaria conciencia que deben tener los funcionarios públicos en torno a la diferencia entre Gobierno y Estado.
Desde esa óptica de lo público y los medios, y considerando que las redes sociales y los espacios digitales que controlan son también medios para su comunicación, les propongo analizar algunas de las estrategias de comunicación que ha usado el Gobierno en apoyo a su proyecto de ley.
Una primera estrategia es la descalificación de los argumentos de los opositores tildándolos de noticias falsas. A mediados de enero, en el clímax del debate en torno al caso de Santiago Rivas, la ministra de las TIC dijo en Twitter: “No caigas en noticias falsas. El proyecto de ley #ModernizamosElSectorTIC NO amenaza la autonomía de los medios y la libertad de prensa. http://bit.ly/2rAXHHP”. El argumento se ha mantenido. Recientemente, la cuenta Gobierno Digital afirmaba: “Entérate muy bien y aprende que la TV pública se fortalecerá si existe una modernización del sector TIC. No caigas en información falsa. #ConectividadEsEquidad”.
El término “noticias falsas” es bastante ambiguo; y sin embargo ¿quién podría negar que se ha cargado de simbolismo como una de las amenazas más importantes para el debate democrático? Por un lado, se nos invita a evitar las noticias falsas y, por otro, los Estados deben combatirlas. En contra de esta tendencia el Gobierno colombiano usa esta narrativa desde sus cuentas oficiales para responder a argumentos en un debate legislativo. Esto no es promover un debate de altura.
Lo que se espera del Gobierno es que explique las razones de su iniciativa y ofrezca argumentos que respondan a las críticas. Decir simplemente que todo lo que dice el otro es noticia o información falsa es apuntar a deslegitimar los argumentos del contrario. Es como decirle terrorista a cualquiera que protesta contra el Gobierno. La responsabilidad del Gobierno es la de fortalecer espacios donde florezca la pluralidad de ideas y se respete la libertad de expresión. Deslegitimar el debate no es aceptable.
Otra estrategia es el unanimismo de Estado para apoyar por sus canales de comunicación lo que es prioridad de algunos en el Gobierno. Se ha vuelto práctica que todas las cuentas del Estado repitan mensajes que son prioridad del Gobierno. Eso resulta muy raro para las personas que siguen una cuenta concreta y que de repente ven mensajes de temas que no están conectados con ese interés; sucedió mucho durante el trámite de la reforma tributaria. ¿Acaso esto no es también confundir Estado con Gobierno? Como mínimo, es irrespetuoso con las personas que se inscriben a una cuenta por su interés en los temas que le prometen.
Esto va más allá de las cuentas en redes sociales. Así sucedió, por ejemplo, con la propaganda que, a finales de diciembre, aparecía después de completar el registro para usar el wifi de Transmilenio: “Más de 20 millones hoy no cuentan con acceso a internet… Queremos que el Congreso apruebe la Ley TIC para que el internet llegue a todos. Ayúdanos con tu firma en Change.org”.
Sobre este aviso, pregunto: ¿quién quiere?, ¿quién está detrás de esto?, sobre todo, ¿por qué debo ver esta propaganda para usar un servicio público?, ¿cómo esto beneficia el debate legislativo?, si quisiera ver más sobre el tema, ¿cómo puedo informarme sobre los argumentos de quienes se oponen?
Las redes sociales de las entidades públicas son un canal de comunicación del Estado y también lo son sus estrategias de comunicación. Por lo tanto, deben ser canales respetuosos con las personas a las que se dirigen y deben ser herramientas para fortalecer la democracia. Además, valdría la pena pensar que la responsabilidad, al final, no es del community manager que las opera, si no de la entidad.