Impulsar la ciencia abierta en las políticas públicas
Hace un mes se cerró el proceso de construcción de las Recomendaciones de Ciencia Abierta de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco); el siguiente paso es que sean presentadas en la Conferencia General de la organización en noviembre para su aprobación por parte de los Estados miembros. El documento, que recoge el consenso global sobre ciencia abierta, materializa un proceso de consultas multisectoriales y establecerá el primer estándar global que le dé marco a este tema.
Como experta independiente invitada por la Unesco a este proceso de construcción, salgo con una sensación agridulce. La discusión se alineó con uno de los retos humanos más importantes para la ciencia en las últimas décadas, una pandemia, y eso hizo que tuviera mucho eco pero no tanto como me habría gustado.
La vacuna para la pandemia del COVID-19 comenzó a ver la luz al final del túnel a través de la aplicación de las lógicas de ciencia abierta. Una amplia colaboración científica hizo que compartiendo datos de investigación se produjeran en tiempo récord decenas de vacunas. Sin embargo, en el punto de llegada se cerró con una carrera miserable por la patente para la vacuna y sus ganancias. La recomendación de la Unesco en ese sentido da cuenta de la tensión y muestra cómo hoy las lógicas de la ciencia abierta ya no están en la trastienda, escondidas, sino que merecen –como se aconseja en las recomendaciones– que los gobiernos destinen el 1% del producto interno bruto. Las tensiones regionales y disciplinarias sobre el tema se hicieron notar en el proceso.
La recomendación, una vez aceptada, dirá que la ciencia abierta es “un concepto inclusivo que combina varios movimientos y prácticas con el objetivo de hacer que el conocimiento científico multilingüe esté disponible, sea accesible y reutilizable para todo el mundo, para aumentar las colaboraciones científicas y el intercambio de información en beneficio de la ciencia y la sociedad, y para abrir los procesos de creación, evaluación y comunicación del conocimiento científico a los actores sociales más allá de la comunidad científica tradicional. Incluye todas las disciplinas científicas y los aspectos de las prácticas académicas, incluidas las ciencias básicas y aplicadas, las ciencias naturales y sociales y las humanidades, y se basa en los siguientes pilares clave: conocimiento científico abierto, infraestructuras científicas abiertas, comunicación científica, compromiso abierto de los actores sociales y diálogo abierto con otros sistemas de conocimiento”.
Aunque me resigné al consenso no lo hago con dolor, reconozco que es un paso significativo para quienes confiamos en el valor de la colaboración –que hoy es posible a una escala sin precedentes gracias a las tecnologías digitales–. Me queda la espina de que la recomendación no aprovechó la urgencia de la pandemia para ofrecer una respuesta basada en la ciencia abierta reconociendo que la propiedad intelectual muchas veces es más barrera que trampolín.
Lo que hacen las recomendaciones de la Unesco en ciencia abierta es plantear una hoja de ruta para movilizar localmente la agenda, pidiendo, por ejemplo, que los organismos de financiación y las instituciones científicas impulsen la apertura, que la ciencia abierta sea la regla para fortalecer los valores científicos, pero también porque fomenta la democratización del conocimiento.
Otro importante aspecto de la recomendación es que se nota el amplio consenso que hay por el acceso abierto y la apuesta por datos abiertos en la ciencia. Estos aspectos están bien desarrollados en el documento, pero valoro que el texto es expreso al señalar que se debe ir más allá.
Les explico.
El valor de este documento es que puede hacer que las políticas públicas de ciencia abierta en el futuro impulsen la apertura del ciclo de investigación en su conjunto, promuevan la ciencia participativa, abran espacios para hablar de innovación y de aspectos de la ciencia abierta más nuevos, como la necesidad de excepciones al derecho de autor para minería de datos o el desarrollo de mecanismos de financiación y aproximación a los laboratorios ciudadanos o a los espacios para experimentar con infraestructura abierta (open hardware). De nuevo, las recomendaciones pueden ser una hoja de ruta para hablar de la ciencia y sus resultados como bienes comunes (los que tienen acceso universal, de gestión democrática, cuyo uso se sostiene en el tiempo y que es de titularidad colectiva).
Por otra parte, el análisis y la implementación de esta recomendación deberá trasladarse en sus lógicas a las decisiones de política pública en general. Es decir, la reflexión sobre ciencia abierta deberá ayudarnos a hacer preguntas difíciles como la de cuestionar la actual posición de nuestro país sobre la vacuna para el COVID-19. Colombia tradicionalmente ha mantenido una posición maximalista de protección de la propiedad intelectual y en esto la mantiene igual, no apoya la propuesta de Sudáfrica e India para suspender esta protección dentro de la Organización Mundial del Comercio (OMC) como posible respuesta a la crisis sanitaria.
Esta excepción va más allá de las patentes para las vacunas, pues el propósito es impulsar la transferencia de tecnología que permita mejorar la respuesta de los países y eso incluye aumentar la capacidad de producción de vacunas en las regiones que –como en Colombia– no han conseguido suficiente disponibilidad para su población, pero también flexibilizar la protección para poder dar una respuesta integral. Usar las flexibilidades del sistema de propiedad intelectual es uno de los mecanismos que rescata la ciencia abierta como herramienta válida y necesaria para proteger el interés público en el desarrollo de la ciencia.
En este caso, no es que Colombia esté en contra, pero en algún momento pidió más evidencia y ahora guarda silencio –atención, que esto es mejor que oponerse pero no deja de ser contradictorio si consideramos que es uno de los países con más mortalidad por la enfermedad en relación con su población–, mantiene esta posición incluso cuando países como Estados Unidos ya la revaluaron. Esta semana volvió la ronda de negociaciones en la OMC y Colombia sigue callada.
Junto con organizaciones del sur global, desde Karisma, donde trabajo, hacemos un nuevo llamado a nuestros gobiernos para priorizar la salud y los derechos de las personas por encima de los derechos de propiedad intelectual y las ganancias, les pedimos que apoyen la propuesta que analiza la OMC.
Hace un mes se cerró el proceso de construcción de las Recomendaciones de Ciencia Abierta de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco); el siguiente paso es que sean presentadas en la Conferencia General de la organización en noviembre para su aprobación por parte de los Estados miembros. El documento, que recoge el consenso global sobre ciencia abierta, materializa un proceso de consultas multisectoriales y establecerá el primer estándar global que le dé marco a este tema.
Como experta independiente invitada por la Unesco a este proceso de construcción, salgo con una sensación agridulce. La discusión se alineó con uno de los retos humanos más importantes para la ciencia en las últimas décadas, una pandemia, y eso hizo que tuviera mucho eco pero no tanto como me habría gustado.
La vacuna para la pandemia del COVID-19 comenzó a ver la luz al final del túnel a través de la aplicación de las lógicas de ciencia abierta. Una amplia colaboración científica hizo que compartiendo datos de investigación se produjeran en tiempo récord decenas de vacunas. Sin embargo, en el punto de llegada se cerró con una carrera miserable por la patente para la vacuna y sus ganancias. La recomendación de la Unesco en ese sentido da cuenta de la tensión y muestra cómo hoy las lógicas de la ciencia abierta ya no están en la trastienda, escondidas, sino que merecen –como se aconseja en las recomendaciones– que los gobiernos destinen el 1% del producto interno bruto. Las tensiones regionales y disciplinarias sobre el tema se hicieron notar en el proceso.
La recomendación, una vez aceptada, dirá que la ciencia abierta es “un concepto inclusivo que combina varios movimientos y prácticas con el objetivo de hacer que el conocimiento científico multilingüe esté disponible, sea accesible y reutilizable para todo el mundo, para aumentar las colaboraciones científicas y el intercambio de información en beneficio de la ciencia y la sociedad, y para abrir los procesos de creación, evaluación y comunicación del conocimiento científico a los actores sociales más allá de la comunidad científica tradicional. Incluye todas las disciplinas científicas y los aspectos de las prácticas académicas, incluidas las ciencias básicas y aplicadas, las ciencias naturales y sociales y las humanidades, y se basa en los siguientes pilares clave: conocimiento científico abierto, infraestructuras científicas abiertas, comunicación científica, compromiso abierto de los actores sociales y diálogo abierto con otros sistemas de conocimiento”.
Aunque me resigné al consenso no lo hago con dolor, reconozco que es un paso significativo para quienes confiamos en el valor de la colaboración –que hoy es posible a una escala sin precedentes gracias a las tecnologías digitales–. Me queda la espina de que la recomendación no aprovechó la urgencia de la pandemia para ofrecer una respuesta basada en la ciencia abierta reconociendo que la propiedad intelectual muchas veces es más barrera que trampolín.
Lo que hacen las recomendaciones de la Unesco en ciencia abierta es plantear una hoja de ruta para movilizar localmente la agenda, pidiendo, por ejemplo, que los organismos de financiación y las instituciones científicas impulsen la apertura, que la ciencia abierta sea la regla para fortalecer los valores científicos, pero también porque fomenta la democratización del conocimiento.
Otro importante aspecto de la recomendación es que se nota el amplio consenso que hay por el acceso abierto y la apuesta por datos abiertos en la ciencia. Estos aspectos están bien desarrollados en el documento, pero valoro que el texto es expreso al señalar que se debe ir más allá.
Les explico.
El valor de este documento es que puede hacer que las políticas públicas de ciencia abierta en el futuro impulsen la apertura del ciclo de investigación en su conjunto, promuevan la ciencia participativa, abran espacios para hablar de innovación y de aspectos de la ciencia abierta más nuevos, como la necesidad de excepciones al derecho de autor para minería de datos o el desarrollo de mecanismos de financiación y aproximación a los laboratorios ciudadanos o a los espacios para experimentar con infraestructura abierta (open hardware). De nuevo, las recomendaciones pueden ser una hoja de ruta para hablar de la ciencia y sus resultados como bienes comunes (los que tienen acceso universal, de gestión democrática, cuyo uso se sostiene en el tiempo y que es de titularidad colectiva).
Por otra parte, el análisis y la implementación de esta recomendación deberá trasladarse en sus lógicas a las decisiones de política pública en general. Es decir, la reflexión sobre ciencia abierta deberá ayudarnos a hacer preguntas difíciles como la de cuestionar la actual posición de nuestro país sobre la vacuna para el COVID-19. Colombia tradicionalmente ha mantenido una posición maximalista de protección de la propiedad intelectual y en esto la mantiene igual, no apoya la propuesta de Sudáfrica e India para suspender esta protección dentro de la Organización Mundial del Comercio (OMC) como posible respuesta a la crisis sanitaria.
Esta excepción va más allá de las patentes para las vacunas, pues el propósito es impulsar la transferencia de tecnología que permita mejorar la respuesta de los países y eso incluye aumentar la capacidad de producción de vacunas en las regiones que –como en Colombia– no han conseguido suficiente disponibilidad para su población, pero también flexibilizar la protección para poder dar una respuesta integral. Usar las flexibilidades del sistema de propiedad intelectual es uno de los mecanismos que rescata la ciencia abierta como herramienta válida y necesaria para proteger el interés público en el desarrollo de la ciencia.
En este caso, no es que Colombia esté en contra, pero en algún momento pidió más evidencia y ahora guarda silencio –atención, que esto es mejor que oponerse pero no deja de ser contradictorio si consideramos que es uno de los países con más mortalidad por la enfermedad en relación con su población–, mantiene esta posición incluso cuando países como Estados Unidos ya la revaluaron. Esta semana volvió la ronda de negociaciones en la OMC y Colombia sigue callada.
Junto con organizaciones del sur global, desde Karisma, donde trabajo, hacemos un nuevo llamado a nuestros gobiernos para priorizar la salud y los derechos de las personas por encima de los derechos de propiedad intelectual y las ganancias, les pedimos que apoyen la propuesta que analiza la OMC.