Inequidad digital de género

La mitad de Colombia está conectada a internet y los esfuerzos del Mintic por aumentar el acceso a este servicio continúan con la urgencia marcada por la aceleración de la digitalización de nuestras vidas. Hay afán por resolver el problema de la penetración de internet, pero además importa y apremia hablar de su calidad y equidad. Es decir, no solo basta conectar a las personas, también importa analizar cómo, a quiénes y para qué lo hacen.

El 11 y 15 de octubre se celebraron los días internacionales de las niñas y de las mujeres rurales, respectivamente. Aprovechemos estas fechas para llamar la atención sobre las importantes inequidades que las aquejan en lo relacionado con la brecha digital de género.

La economía de América Latina creció, pero es la región más inequitativa del mundo, y en el vínculo entre pobreza y desigualdad la tecnología tiene su cuota. No solo porque está relacionada con la capacidad económica de las personas, resulta que la carencia de acceso a internet está conectada y refuerza otras desigualdades, como las de “género, las demarcaciones geográficas o grupos sociales, entre Estados y dentro de los mismos”, afirmó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Más importante aún, la Comisión señaló que la brecha digital también se vincula con “la calidad, la información y los conocimientos técnicos necesarios para que el acceso a internet sea útil y provechoso”. Además, dijo que en la región falta información estadística confiable que permita desagregar e identificar estos temas, sobre todo en materia de grupos étnicos y raciales, haciendo eco a los reclamos en torno a lo que estas poblaciones denominan “invisibilidad estadística”.

En 2019 el Centro Nacional de Consultoría (CNC) confirmó que el acceso a internet ha crecido en Colombia, pero las brechas entre el campo y la ciudad son grandes; también, entre los estratos, los niveles educativos y los rangos de edad. Señala que la apropiación del servicio en las zonas rurales es muy inferior al promedio nacional y bastante diferenciada de los niveles de las grandes ciudades. El CNC concluye que la mayor apropiación se da entre jóvenes de ciudad y está marcada por el nivel de educación.

No solo hay personas que no tienen acceso, sino que muchas otras, que aparecen conectadas en las cifras de los gobiernos, en realidad lo hacen a través de conexiones de mala calidad o poco confiables, algo que es peor en las zonas rurales, donde estas falencias equivalen a no tener acceso para determinados usos. En ese contexto, la brecha digital de acceso, uso y apropiación de tecnología para las mujeres tiene un panorama que es todavía menos alentador.

La brecha de género la abordó el Mintic en una encuesta de 2018 sobre el acceso, uso y apropiación de las TIC por parte de las mujeres en Colombia. Concluyó que el 19% de ellas aún no han superado la brecha de acceso y que esa cifra se compone por mujeres indígenas, del sector rural, de mayor edad y de estratos socioeconómicos 1 y 2. La encuesta también estableció que la brecha de género, en cambio, está en los usos y la apropiación.

Esos resultados confirmaron lo que ya habíamos visto en una encuesta de 2017, en la que Karisma participó invitada por la Web Foundation y que miraba también el acceso, uso y apropiación de TIC por mujeres, pero concentrada en centros urbanos de bajos recursos en Bogotá: el acceso a internet no era el problema central de las mujeres urbanas, sí lo era su uso y apropiación.

En ambas encuestas se estableció que el uso que dan las mujeres a internet es como herramienta para sus actividades y relaciones sociales, para conocer gente nueva y como entretenimiento. Su uso para el ejercicio de derechos, especialmente en lo político para informarse y ser informadas, era exiguo. Entonces, las mujeres de escasos recursos que habitan el campo colombiano (esto incluye la variable étnica y racial) están en una situación especialmente difícil para acceder a internet, ni que hablar de apropiación. Y, cuando las mujeres acceden, usan menos internet y tienen menos habilidades digitales.

Las políticas públicas deben promover el acceso a internet, pero si paralelamente no abordan la brecha digital de uso y apropiación de las mujeres, se va a exacerbar la inequidad en el país, que está pensando en más digitalización en temas vinculados con el ejercicio de derechos como voto electrónico y cédula digital.

Tenemos menos información sobre la situación de las niñas, pero, a juzgar por el impacto del COVID19 —que aceleró el proceso de digitalización en nuestras sociedades y del que todavía no hay cifras—, el efecto de la brecha digital ampliado por la pandemia creará más inequidad. Por ejemplo, el documento “¿Está el COVID-19 aumentando la brecha educativa en América Latina? Tres lecciones para acción política urgente”, de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), se refiere al caso de la educación primaria. Una de las lecciones es que “el cierre de las escuelas afecta en forma diferente según el acceso y uso que se tenga de herramientas digitales”. La tabla de datos del documento muestra que, en la región, Colombia tiene la diferencia más grande entre los y las estudiantes de primaria que acceden a internet con un computador propio según los ingresos de su familia, dejando en gran desventaja a las poblaciones con menos recursos. Para la OCDE, la educación en línea es muy difícil para los y las niñas de hogares pobres. Dado nuestro contexto, la gráfica solo sería peor para Colombia si se desagrega la situación de las niñas, sobre todo de las niñas en la ruralidad y aún más si son de población indígena o afro. El texto deja una imagen de inequidad que, acompañada con otros problemas estructurales, es muy preocupante.

Las estadísticas en Colombia ofrecen datos sobre la población en relación con los ingresos económicos y se ha ido incorporando la variable de género, pero es poco lo que sabemos de otras variables que afectan a las personas en relación con el acceso, menos sobre el uso y apropiación de las TIC. Eso dificulta desarrollar enfoques diferenciales para establecer indicadores y mecanismos de seguimiento. Contar con mejores datos puede ayudar a mostrar una imagen de dónde se requieren intervenciones y cómo, para poblaciones que lo requieren.