La pandemia afecta a la humanidad, por eso la búsqueda de soluciones debería ser colectiva, compartida, una apuesta por la ciencia abierta. Llegué a pensar que el desafío de los ventiladores abriría el camino a la vacuna como un bien común; de lo contrario —pensé—, el desastre se contará en vidas y ampliará las inequidades en el mundo. Después de diez meses me frustra lo que no pasó y además me queda claro que la pandemia sí tiene estratos.
Hay rapiña en el mercado de las vacunas, aunque pudo (y todavía puede) ser diferente pues hay alternativas.
En mayo el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, animó a hacer un esfuerzo colectivo rápido, equitativo y asequible por una vacuna que fuera considerada como un bien público global.
También en mayo, Costa Rica, Chile y la Organización Mundial de la Salud (OMS) hicieron un llamado a la solidaridad en los países, entre ellos y con el sector privado. Propusieron crear el C-TAP, una plataforma tecnológica de licencias voluntarias para soluciones sanitarias —incluida la vacuna— para uso de cualquier país, porque anticipaban que los modelos de mercado tradicionales no alcanzarían la escala necesaria de suministro para llegar a todo el planeta.
En octubre, Sudáfrica e India presentaron a la Organización Mundial del Comercio (OMC) la propuesta de permitir a los gobiernos usar las exenciones previstas en ADPIC. Es decir, que puedan no conceder, ni hacer cumplir patentes y otros tipos de propiedad intelectual derivados de medicamentos, vacunas, diagnósticos y otras tecnologías de COVID-19 mientras dure la pandemia y hasta que se logre la “inmunidad de rebaño” de forma segura con la vacunación.
El llamado a la solidaridad no cambió el ritmo ni el modelo cerrado de desarrollo y producción enfocado en patentes, a pesar de que recibieron fuertes inyecciones de dinero público. La vacuna se compra y se vende en el mercado al mejor postor, como siempre, pero de afán. Sí, la ciencia ganó, entregó vacunas en plazos inimaginables, pero el modelo no deja de ser una catástrofe moral anticipada que tendrá importantes costos, también económicos.
Para la OMS el “nacionalismo de la vacuna” le ganó la batalla a la “equidad de la vacuna” y aunque esto servirá a metas políticas de corto plazo, nos afectará a todas las personas. La OMS pidió que la apuesta por la equidad no se vea como caridad, lo cierto es que la economía sufrirá si no se protege a toda la población, sobre todo a la de mayor riesgo, y mientras más se demore la vacunación, más posibilidades habrá de que no se cubran nuevas mutaciones del virus.
Mientras muchos países son espectadores, con poca esperanza de iniciar su plan de vacunación, los ricos también sufren. Moderna escasamente puede con la demanda de Estados Unidos, y Pfizer y Astrazeneca están retrasados en sus compromisos contractuales. Ante los incumplimientos Europa amenaza con demandas y anuncia cerramientos para evitar exportaciones, es decir, habrá menos dosis en nuestros mercados. Se constata así que el mercado no garantizó el escalamiento de la producción.
Hay lamentos generalizados por la falta de transparencia de las negociaciones y contratos. Sí, pero veámoslo también como un síntoma del cerramiento de la propiedad intelectual. La confidencialidad que criticamos se impone porque la salud pública mundial depende de unas pocas empresas que tienen las patentes y con ellas la sartén por el mango.
Para equilibrar la propiedad intelectual la apuesta colectiva abierta no tuvo eco. Los países ricos tampoco respondieron al llamado de solidaridad global y, ante el modelo de “sálvense quien pueda”, la excepción nacional que se discute en la OMC no se mueve, aunque las conversaciones se mantienen y podrían tomar otro rumbo si los problemas contractuales en la entrega de las vacunas persisten.
Si avanzara la propuesta ante la OMC, que hoy no está descartada, se multiplicarán las posibilidades de producción más allá de las grandes farmacéuticas -el pastel de la producción se distribuiría entre más-, bajarán los precios al aumentar la oferta. Pero si la producción no alcanza a cubrir la demanda, la rapiña seguirá y tendremos que enfrentar el hecho de que la pandemia nos cogió sin soberanía sanitaria.
En abril hablé con un líder indígena colombiano y mientras yo me imaginaba cómo podría esa población usar los ventiladores, él me aterrizó: nuestros pueblos no tienen los recursos ni las condiciones para servirse de un ventilador, es que no había ni siquiera un plan de gobierno para que ellos enfrentaran la pandemia, “estamos solos, en manos de nuestra medicina tradicional”, me dijo. Pienso en esto mientras veo que en la región, sólo Brasil -el país más grande- y Cuba -que lleva décadas a su suerte-, cuentan con capacidad para buscar su propia vacuna. Los demás estamos en manos de las farmacéuticas y del mercado. En esa realidad solo algunos tienen más opciones, como Argentina o México que tienen capacidad instalada para producirlas ya mismo.
Juzguen ustedes en dónde queda Colombia. Estamos en manos de menos farmacéuticas porque, en el contexto geopolítico de nuestro gobierno, no caben las vacunas de países como Rusia, China o Cuba. Perdimos la capacidad instalada propia para producir vacunas, y -algo de lo que menos se habla- en las discusiones de propiedad intelectual, Colombia optó por ser observadora.
El histórico maximalismo en la protección de la propiedad intelectual -que es la posición del país en foros internacionales-, impide a Colombia pensar en la vacuna como un bien público, o impulsar el C-TAP, y, aunque tienen el agua al cuello, no dicen ni fu ni fa en la OMC. Va siendo hora de que Colombia tome partido, que para eso está en Ginebra con nuestros impuestos. Si no pelean por soberanía -que era la apuesta de Guterres- al menos tienen que buscar opciones para pelear en el mercado. Si eso no funciona, siempre tienen la flexibilidad del artículo 31 de ADPIC, el de “uso gubernamental con fines no comerciales”, aunque en el pasado Colombia también ha sido reacia a usarlo.
El enroque mundial refleja la ausencia de consenso sobre cómo en las emergencias de salud -u otras por venir- el sistema de propiedad intelectual debe ceder, la discusión debería concentrarse en el cómo.
La colaboración científica ha demostrado la capacidad de desarrollar, no una sino una docena de vacunas en menos de un año, pero sigue amarrada a políticas de comercialización. La tragedia es que exista cura, pero que para que llegue a todo el mundo dependamos de aceptar las condiciones de unas empresas. Aunque recojo las soluciones prácticas, sigo convencida de que para protegernos de un virus mortal hay que hablar de bienes comunes, por encima de las patentes.
La pandemia afecta a la humanidad, por eso la búsqueda de soluciones debería ser colectiva, compartida, una apuesta por la ciencia abierta. Llegué a pensar que el desafío de los ventiladores abriría el camino a la vacuna como un bien común; de lo contrario —pensé—, el desastre se contará en vidas y ampliará las inequidades en el mundo. Después de diez meses me frustra lo que no pasó y además me queda claro que la pandemia sí tiene estratos.
Hay rapiña en el mercado de las vacunas, aunque pudo (y todavía puede) ser diferente pues hay alternativas.
En mayo el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, animó a hacer un esfuerzo colectivo rápido, equitativo y asequible por una vacuna que fuera considerada como un bien público global.
También en mayo, Costa Rica, Chile y la Organización Mundial de la Salud (OMS) hicieron un llamado a la solidaridad en los países, entre ellos y con el sector privado. Propusieron crear el C-TAP, una plataforma tecnológica de licencias voluntarias para soluciones sanitarias —incluida la vacuna— para uso de cualquier país, porque anticipaban que los modelos de mercado tradicionales no alcanzarían la escala necesaria de suministro para llegar a todo el planeta.
En octubre, Sudáfrica e India presentaron a la Organización Mundial del Comercio (OMC) la propuesta de permitir a los gobiernos usar las exenciones previstas en ADPIC. Es decir, que puedan no conceder, ni hacer cumplir patentes y otros tipos de propiedad intelectual derivados de medicamentos, vacunas, diagnósticos y otras tecnologías de COVID-19 mientras dure la pandemia y hasta que se logre la “inmunidad de rebaño” de forma segura con la vacunación.
El llamado a la solidaridad no cambió el ritmo ni el modelo cerrado de desarrollo y producción enfocado en patentes, a pesar de que recibieron fuertes inyecciones de dinero público. La vacuna se compra y se vende en el mercado al mejor postor, como siempre, pero de afán. Sí, la ciencia ganó, entregó vacunas en plazos inimaginables, pero el modelo no deja de ser una catástrofe moral anticipada que tendrá importantes costos, también económicos.
Para la OMS el “nacionalismo de la vacuna” le ganó la batalla a la “equidad de la vacuna” y aunque esto servirá a metas políticas de corto plazo, nos afectará a todas las personas. La OMS pidió que la apuesta por la equidad no se vea como caridad, lo cierto es que la economía sufrirá si no se protege a toda la población, sobre todo a la de mayor riesgo, y mientras más se demore la vacunación, más posibilidades habrá de que no se cubran nuevas mutaciones del virus.
Mientras muchos países son espectadores, con poca esperanza de iniciar su plan de vacunación, los ricos también sufren. Moderna escasamente puede con la demanda de Estados Unidos, y Pfizer y Astrazeneca están retrasados en sus compromisos contractuales. Ante los incumplimientos Europa amenaza con demandas y anuncia cerramientos para evitar exportaciones, es decir, habrá menos dosis en nuestros mercados. Se constata así que el mercado no garantizó el escalamiento de la producción.
Hay lamentos generalizados por la falta de transparencia de las negociaciones y contratos. Sí, pero veámoslo también como un síntoma del cerramiento de la propiedad intelectual. La confidencialidad que criticamos se impone porque la salud pública mundial depende de unas pocas empresas que tienen las patentes y con ellas la sartén por el mango.
Para equilibrar la propiedad intelectual la apuesta colectiva abierta no tuvo eco. Los países ricos tampoco respondieron al llamado de solidaridad global y, ante el modelo de “sálvense quien pueda”, la excepción nacional que se discute en la OMC no se mueve, aunque las conversaciones se mantienen y podrían tomar otro rumbo si los problemas contractuales en la entrega de las vacunas persisten.
Si avanzara la propuesta ante la OMC, que hoy no está descartada, se multiplicarán las posibilidades de producción más allá de las grandes farmacéuticas -el pastel de la producción se distribuiría entre más-, bajarán los precios al aumentar la oferta. Pero si la producción no alcanza a cubrir la demanda, la rapiña seguirá y tendremos que enfrentar el hecho de que la pandemia nos cogió sin soberanía sanitaria.
En abril hablé con un líder indígena colombiano y mientras yo me imaginaba cómo podría esa población usar los ventiladores, él me aterrizó: nuestros pueblos no tienen los recursos ni las condiciones para servirse de un ventilador, es que no había ni siquiera un plan de gobierno para que ellos enfrentaran la pandemia, “estamos solos, en manos de nuestra medicina tradicional”, me dijo. Pienso en esto mientras veo que en la región, sólo Brasil -el país más grande- y Cuba -que lleva décadas a su suerte-, cuentan con capacidad para buscar su propia vacuna. Los demás estamos en manos de las farmacéuticas y del mercado. En esa realidad solo algunos tienen más opciones, como Argentina o México que tienen capacidad instalada para producirlas ya mismo.
Juzguen ustedes en dónde queda Colombia. Estamos en manos de menos farmacéuticas porque, en el contexto geopolítico de nuestro gobierno, no caben las vacunas de países como Rusia, China o Cuba. Perdimos la capacidad instalada propia para producir vacunas, y -algo de lo que menos se habla- en las discusiones de propiedad intelectual, Colombia optó por ser observadora.
El histórico maximalismo en la protección de la propiedad intelectual -que es la posición del país en foros internacionales-, impide a Colombia pensar en la vacuna como un bien público, o impulsar el C-TAP, y, aunque tienen el agua al cuello, no dicen ni fu ni fa en la OMC. Va siendo hora de que Colombia tome partido, que para eso está en Ginebra con nuestros impuestos. Si no pelean por soberanía -que era la apuesta de Guterres- al menos tienen que buscar opciones para pelear en el mercado. Si eso no funciona, siempre tienen la flexibilidad del artículo 31 de ADPIC, el de “uso gubernamental con fines no comerciales”, aunque en el pasado Colombia también ha sido reacia a usarlo.
El enroque mundial refleja la ausencia de consenso sobre cómo en las emergencias de salud -u otras por venir- el sistema de propiedad intelectual debe ceder, la discusión debería concentrarse en el cómo.
La colaboración científica ha demostrado la capacidad de desarrollar, no una sino una docena de vacunas en menos de un año, pero sigue amarrada a políticas de comercialización. La tragedia es que exista cura, pero que para que llegue a todo el mundo dependamos de aceptar las condiciones de unas empresas. Aunque recojo las soluciones prácticas, sigo convencida de que para protegernos de un virus mortal hay que hablar de bienes comunes, por encima de las patentes.