Las cortes y la elección del nuevo registrador
Aunque las elecciones por sí mismas no definen una democracia, la realidad es que no hay Estado democrático sin elecciones libres, y de varias maneras esas elecciones son las que para muchas personas concretan lo político de su entorno. En los próximos días se inicia el proceso de elección del nuevo registrador y está en manos de las cortes decidir quién estará al frente de tanto poder (y de una billetera bien gorda).
El organismo electoral tiene un rol central en los procesos electorales, esto sumado al de estar a cargo de la identidad legal, significa que puede definir la salud de una democracia. El término de un registrador es de cuatro años y ese plazo para Vega ya termina incluso si durante su periodo, quienes seguimos la labor de ese organismo, todavía no recibimos respuestas para muchos temas.
La Registraduría con los años ha acumulado facultades que no están reflejadas en su marco jurídico. A pesar de que el principio constitucional es que las autoridades públicas solo pueden hacer aquello que les está permitido por el marco legal, lo cierto es que la Registraduría ha ampliado su alcance en la práctica a partir de contratos y operaciones administrativas que se repiten periódicamente y de una capacidad que está sobre todo tercerizada, un proceso que se ha hecho en forma lenta pero segura y que en buena medida carece de contrapesos y controles efectivos.
Esperemos que las cortes se tomen en serio su rol de nominadoras, que el eterno afán de las elecciones no impida ver que quien salga de ese proceso será quien aplique el nuevo Código Electoral, uno que -de salir como está de la Corte- legitimará varias de las actuales prácticas electorales y de identidad digital que esa entidad ha desarrollado, es decir, entregará y cementará más poder.
La cédula de ciudadanía nació en Colombia, como en muchos otros países, atada al proceso electoral. Su función era identificar al elector para evitar la suplantación y de allí se convirtió en un documento de identidad omnipresente que acompaña cada momento de nuestras vidas, desde entrar a un edificio hasta comprar la casa de los sueños y cada día será más. La Registraduría de Vega se esforzó por hacer realidad la identificación digital -que ya impulsaba el Conpes 3323/04- sin plantear estudios del impacto en derechos de la digitalización que servirá de base a un gran negocio biométrico con nuestros rostros y también al desarrollo de importantes sistemas de vigilancia que están entre “1984″ y “Black Mirror”.
Acá le propongo a las cortes unas preguntas sobre la identificación legal en relación con lo digital que pueden hacerles a las personas que quieren ocupar el cargo de registrador nacional: ¿Cuál es la visión que tienen para el documento de identidad colombiano? ¿Cómo garantizarán que este documento sirva para cumplir su rol dentro del derecho a la identidad? ¿Cómo se incorpora el enfoque étnico, de género y territorial, y los desafíos de la brecha digital en esa visión? ¿Qué opinan de integrar en ese documento identificación y autenticación con reconocimiento facial? ¿Cómo garantizarán los derechos de las personas frente al acceso, consulta y uso de sus base de datos biométricos (dactilares y faciales) por entidades del sector público y privado?
Podrían las cortes indagar también si estos candidatos y candidatas tienen la disposición para liderar una reforma legal al sistema de identidad que verdaderamente enfrente los retos de la incorporación de tecnología en este campo y, sobre todo, los riesgos que esto supone para el ejercicio de los derechos.
En relación con su función como organismo electoral, la Registraduría es la gran responsable del proceso y de un gran presupuesto que le permitió en las últimas décadas incorporar todo tipo de tecnologías sin controles ni garantías establecidas en algún marco legal. El nuevo código finalmente está dando un marco que busca solucionar estos problemas, pero todavía hay desafíos y la forma como se implemente facilitará (o no) la veeduría ciudadana y trasladará (o no) a los sistemas tecnológicos los controles y mecanismos que permitan a cualquiera verificar la transparencia de los procesos electorales y la integridad y el secreto del voto.
Acá también una lista de preguntas que pueden hacer las cortes sobre este otro tema: ¿Qué tipo de estrategias implementarían estas personas de llegar al cargo para desarrollar cronogramas para el proceso electoral y de contratación que tengan espacio y compromiso con la veeduría ciudadana? ¿Cómo consideran que la Registraduría puede desarrollar capacidades tecnológicas propias para tener más control en la gestión de las tecnologías que contrata y además poder analizar los impactos de sus implementaciones tecnológicas?
Considerando que la Registraduría es la que tiene el presupuesto y toma decisiones sobre la operación de todo el proceso electoral –aunque sea el Consejo Nacional Electoral quien constitucionalmente deba responder desde el momento en que la votación sucede– valdría la pena que les preguntaran a los y las candidatas: ¿Cómo piensan facilitar el rol del Consejo Nacional Electoral para que asuma la responsabilidad de las elecciones desde el momento en que la votación tiene lugar?
Finalmente, se ha hablado mucho de cómo se están perpetuando las mismas empresas en la provisión de toda la logística electoral –incluyendo los componentes tecnológicos–, lo mismo sucede con quienes proveen la tecnología para las cédulas digitales, son muchos los ángulos a abordar en esta problemática, pero al menos valdría la pena que las cortes pregunten a estas personas: ¿Cómo piensan evitar que la tecnología que se use en los sistemas que controla la Registraduría -como el de identidad o el electoral-, no generen una relación de dependencia por parte del Estado con la tecnología que proveen los privados?
Estas preguntas pueden ayudarle a las cortes a evaluar el carácter de las candidaturas como garantistas de derechos humanos, en relación con los procesos de transformación digital de la Registraduría Nacional del Estado Civil, algo que sinceramente lleva décadas de olvido y de lo que estos nominadores también son responsables.
Aunque las elecciones por sí mismas no definen una democracia, la realidad es que no hay Estado democrático sin elecciones libres, y de varias maneras esas elecciones son las que para muchas personas concretan lo político de su entorno. En los próximos días se inicia el proceso de elección del nuevo registrador y está en manos de las cortes decidir quién estará al frente de tanto poder (y de una billetera bien gorda).
El organismo electoral tiene un rol central en los procesos electorales, esto sumado al de estar a cargo de la identidad legal, significa que puede definir la salud de una democracia. El término de un registrador es de cuatro años y ese plazo para Vega ya termina incluso si durante su periodo, quienes seguimos la labor de ese organismo, todavía no recibimos respuestas para muchos temas.
La Registraduría con los años ha acumulado facultades que no están reflejadas en su marco jurídico. A pesar de que el principio constitucional es que las autoridades públicas solo pueden hacer aquello que les está permitido por el marco legal, lo cierto es que la Registraduría ha ampliado su alcance en la práctica a partir de contratos y operaciones administrativas que se repiten periódicamente y de una capacidad que está sobre todo tercerizada, un proceso que se ha hecho en forma lenta pero segura y que en buena medida carece de contrapesos y controles efectivos.
Esperemos que las cortes se tomen en serio su rol de nominadoras, que el eterno afán de las elecciones no impida ver que quien salga de ese proceso será quien aplique el nuevo Código Electoral, uno que -de salir como está de la Corte- legitimará varias de las actuales prácticas electorales y de identidad digital que esa entidad ha desarrollado, es decir, entregará y cementará más poder.
La cédula de ciudadanía nació en Colombia, como en muchos otros países, atada al proceso electoral. Su función era identificar al elector para evitar la suplantación y de allí se convirtió en un documento de identidad omnipresente que acompaña cada momento de nuestras vidas, desde entrar a un edificio hasta comprar la casa de los sueños y cada día será más. La Registraduría de Vega se esforzó por hacer realidad la identificación digital -que ya impulsaba el Conpes 3323/04- sin plantear estudios del impacto en derechos de la digitalización que servirá de base a un gran negocio biométrico con nuestros rostros y también al desarrollo de importantes sistemas de vigilancia que están entre “1984″ y “Black Mirror”.
Acá le propongo a las cortes unas preguntas sobre la identificación legal en relación con lo digital que pueden hacerles a las personas que quieren ocupar el cargo de registrador nacional: ¿Cuál es la visión que tienen para el documento de identidad colombiano? ¿Cómo garantizarán que este documento sirva para cumplir su rol dentro del derecho a la identidad? ¿Cómo se incorpora el enfoque étnico, de género y territorial, y los desafíos de la brecha digital en esa visión? ¿Qué opinan de integrar en ese documento identificación y autenticación con reconocimiento facial? ¿Cómo garantizarán los derechos de las personas frente al acceso, consulta y uso de sus base de datos biométricos (dactilares y faciales) por entidades del sector público y privado?
Podrían las cortes indagar también si estos candidatos y candidatas tienen la disposición para liderar una reforma legal al sistema de identidad que verdaderamente enfrente los retos de la incorporación de tecnología en este campo y, sobre todo, los riesgos que esto supone para el ejercicio de los derechos.
En relación con su función como organismo electoral, la Registraduría es la gran responsable del proceso y de un gran presupuesto que le permitió en las últimas décadas incorporar todo tipo de tecnologías sin controles ni garantías establecidas en algún marco legal. El nuevo código finalmente está dando un marco que busca solucionar estos problemas, pero todavía hay desafíos y la forma como se implemente facilitará (o no) la veeduría ciudadana y trasladará (o no) a los sistemas tecnológicos los controles y mecanismos que permitan a cualquiera verificar la transparencia de los procesos electorales y la integridad y el secreto del voto.
Acá también una lista de preguntas que pueden hacer las cortes sobre este otro tema: ¿Qué tipo de estrategias implementarían estas personas de llegar al cargo para desarrollar cronogramas para el proceso electoral y de contratación que tengan espacio y compromiso con la veeduría ciudadana? ¿Cómo consideran que la Registraduría puede desarrollar capacidades tecnológicas propias para tener más control en la gestión de las tecnologías que contrata y además poder analizar los impactos de sus implementaciones tecnológicas?
Considerando que la Registraduría es la que tiene el presupuesto y toma decisiones sobre la operación de todo el proceso electoral –aunque sea el Consejo Nacional Electoral quien constitucionalmente deba responder desde el momento en que la votación sucede– valdría la pena que les preguntaran a los y las candidatas: ¿Cómo piensan facilitar el rol del Consejo Nacional Electoral para que asuma la responsabilidad de las elecciones desde el momento en que la votación tiene lugar?
Finalmente, se ha hablado mucho de cómo se están perpetuando las mismas empresas en la provisión de toda la logística electoral –incluyendo los componentes tecnológicos–, lo mismo sucede con quienes proveen la tecnología para las cédulas digitales, son muchos los ángulos a abordar en esta problemática, pero al menos valdría la pena que las cortes pregunten a estas personas: ¿Cómo piensan evitar que la tecnología que se use en los sistemas que controla la Registraduría -como el de identidad o el electoral-, no generen una relación de dependencia por parte del Estado con la tecnología que proveen los privados?
Estas preguntas pueden ayudarle a las cortes a evaluar el carácter de las candidaturas como garantistas de derechos humanos, en relación con los procesos de transformación digital de la Registraduría Nacional del Estado Civil, algo que sinceramente lleva décadas de olvido y de lo que estos nominadores también son responsables.