Entre el 15 y el 19 de abril tuvo lugar en Ginebra la reunión 45 del Comité de Derecho de Autor y Derechos Conexos en la OMPI. A primera vista es como si no hubiera habido avances, sin embargo, considerando que las discusiones diplomáticas son lentas, esa no puede ser la conclusión. Además, esa semana con la presencia del director de la oficina de derecho de autor colombiana, la misión diplomática de Colombia participó activamente.
Empecemos con el tratado para combatir la piratería de señal de radiodifusión que se discute desde hace más de 25 años en la OMPI. En el sitio de esta organización se dice que “las normas internacionales destinadas a proteger de la piratería las emisiones de televisión no han sido actualizadas desde la Convención de Roma, redactada en un momento en el que la radiodifusión por cable estaba en sus comienzos y aún no se había inventado Internet. Hoy en día pueden realizarse copias digitales perfectas de programas televisivos, que se transmiten con un simple clic del ratón; por ello, el robo de señales ha pasado a ser un grave problema para los organismos de radiodifusión en todo el mundo”.
A las discusiones de este año algunos países (especialmente de Europa), con el apoyo de la secretaría del comité, llegaron con la clara intención de llevar el tema a una conferencia diplomática en 2025 para firmar un tratado. Pero eso no sucedió, otros países consideraban que todavía no hay los acuerdos necesarios para llevar el tema a esa última fase (Estados Unidos uno de ellos). Otros más, como Brasil o Argentina en la región, indicaron que había disposiciones que chocaban con leyes internas. De hecho Colombia indicó desde su primera intervención que sigue esta discusión atentamente pues la regulación de la radiodifusión “tiene implicaciones en cuanto al uso del espectro, pero también en cuanto al derecho de información de los ciudadanos.”
El resumen de la presidenta sobre la reunión, la sensación de quienes estábamos allí, la lectura desde los medios y por otros actores como quienes hablan por los archivos, parece coincidir en que para acercar posiciones habrá que limitar su alcance. El documento de la presidenta recoge aquellos acuerdos que podrían servir para mover a los Estados hacia un tratado: deberá limitarse a la piratería de la señal; no puede extenderse a ninguna forma de actividades de fijación posterior a la emisión -sólo será sobre señales de transmisión lineal-; y debe dar a los Estados la flexibilidad para implementar las obligaciones de forma adecuada y efectiva al contexto legal propio.
Para pasar a una conferencia diplomática y cerrar este largo ciclo de negociaciones, la secretaría tendrá que ajustar el texto para 2025 buscando que el tratado no cree nuevos derechos exclusivos, no extienda el alcance a quienes hacen transmisiones exclusivamente por internet, y planteando un mecanismo para que los Estados puedan limitar lo que se entiende por organismo de radiodifusión a sus contextos legales locales.
En relación con el punto de la agenda sobre excepciones y limitaciones al derecho de autor, el grupo africano defendió su propuesta de plan de trabajo frente a la que hizo la secretaría del comité para esta sesión. El grupo africano fue apoyado por el grupo de países de América Latina (GRULAC). Los países señalan que la propuesta de la secretaría no tenía el alcance acordado, piden más trabajo sustancial.
Quienes observábamos el proceso vimos un interés más articulado por esta agenda -tanto al interior del GRULAC como de éste con África-. La tensión de la discusión llevó a reuniones cerradas que no pudimos seguir quienes hacemos observación y que terminaron sin acuerdos concretos sobre el plan de trabajo. Todo indica que el bloque de países del sur dejó claro que quieren más. Tiene sentido que si los países en desarrollo se articulan puedan negociar mejor para mover lo que les importa en la agenda de la OMPI. La secretaría tiene el desafío de recoger lo sucedido en las discusiones y proponer un plan de trabajo que consiga los consensos para avanzar en la reunión de 2025.
Sobre el punto de excepciones y limitaciones, Colombia señaló desde sus declaraciones de apertura que en línea con el Plan Nacional de Desarrollo -que guía también lo que sucede en OMS y en OMC- ve la innovación como una forma de promover el desarrollo social conectada con la salud, la educación y la investigación. En estas declaraciones trajo además a colación la reciente sentencia de la Corte Suprema de Justicia (abril 9 de 2024, magistrado ponente Aroldo Quiroz) sobre obligaciones de “must carry” en televisión abierta, en la que la Corte al analizar el caso indica que quedaron atrás “los días en que los derechos de autor podían verse como ilimitados y absolutos” y recuerda la importancia de las excepciones y limitaciones. Mientras en el comité se discutía sobre todo aspectos de procedimiento del plan de trabajo, Colombia además apoyó discutir el documento presentado por Estados Unidos en noviembre sobre principios para excepciones para bibliotecas y archivos, pidió claridades sobre si se extendían a educación e investigación.
Sobre otros temas. Porque en la OMPI también la inteligencia artificial es un tema emergente, hubo una sesión informativa. La sesión fue muy concurrida, hubo una gran diversidad de panelistas que abordaron muchos temas, muchos de ellos fuera del derecho de autor. El punto es que al mezclar temas de derechos de autor con otros que no lo son -como analizar la violación a derechos personalísimos como imágen o voz, por el mal uso de la inteligencia artificial con aplicaciones de “deep fakes”- sin que se aborden los elementos técnicos que definan el alcance de la discusión sobre derecho de autor en la OMPI, se tiene el riesgo de abrir una caja de Pandora. Pero este tema apenas empieza.
Finalmente, la prioridad para el GRULAC en esta reunión era que la remuneración de las personas creadores en el cambiante entorno digital sea un punto permanente de la agenda del comité. GRULAC presentó un documento para eso, pero será más fácil si se despeja el espacio que tiene en este momento el tratado de radiodifusión. Por ahora tanto Estados Unidos como Europa se resisten a incorporar el tema. La reunión de 2025 será decisiva, es de esperarse que el grupo africano apoye al latinoamericano. En su declaración, Colombia rechazó que se vaya a quedar por fuera del alcance de esta discusión los temas de competencia. Con buen criterio solicitó que se hagan estudios para identificar el efecto anticompetitivo que pueden generar algunas transformaciones y cambios en los mercados.
Seguiré atenta a estas discusiones y a cómo Colombia avanza desde la perspectiva de una propiedad intelectual balanceada. A futuro se va a necesitar también que a la OMPI llegue la voz de otros actores locales, ojalá las bibliotecas, los archivos, los museos, las universidades y otras instituciones que facilitan el acceso al conocimiento, hagan seguimiento a la agenda de OMPI, porque lo que sucede allá impactará acá.
Entre el 15 y el 19 de abril tuvo lugar en Ginebra la reunión 45 del Comité de Derecho de Autor y Derechos Conexos en la OMPI. A primera vista es como si no hubiera habido avances, sin embargo, considerando que las discusiones diplomáticas son lentas, esa no puede ser la conclusión. Además, esa semana con la presencia del director de la oficina de derecho de autor colombiana, la misión diplomática de Colombia participó activamente.
Empecemos con el tratado para combatir la piratería de señal de radiodifusión que se discute desde hace más de 25 años en la OMPI. En el sitio de esta organización se dice que “las normas internacionales destinadas a proteger de la piratería las emisiones de televisión no han sido actualizadas desde la Convención de Roma, redactada en un momento en el que la radiodifusión por cable estaba en sus comienzos y aún no se había inventado Internet. Hoy en día pueden realizarse copias digitales perfectas de programas televisivos, que se transmiten con un simple clic del ratón; por ello, el robo de señales ha pasado a ser un grave problema para los organismos de radiodifusión en todo el mundo”.
A las discusiones de este año algunos países (especialmente de Europa), con el apoyo de la secretaría del comité, llegaron con la clara intención de llevar el tema a una conferencia diplomática en 2025 para firmar un tratado. Pero eso no sucedió, otros países consideraban que todavía no hay los acuerdos necesarios para llevar el tema a esa última fase (Estados Unidos uno de ellos). Otros más, como Brasil o Argentina en la región, indicaron que había disposiciones que chocaban con leyes internas. De hecho Colombia indicó desde su primera intervención que sigue esta discusión atentamente pues la regulación de la radiodifusión “tiene implicaciones en cuanto al uso del espectro, pero también en cuanto al derecho de información de los ciudadanos.”
El resumen de la presidenta sobre la reunión, la sensación de quienes estábamos allí, la lectura desde los medios y por otros actores como quienes hablan por los archivos, parece coincidir en que para acercar posiciones habrá que limitar su alcance. El documento de la presidenta recoge aquellos acuerdos que podrían servir para mover a los Estados hacia un tratado: deberá limitarse a la piratería de la señal; no puede extenderse a ninguna forma de actividades de fijación posterior a la emisión -sólo será sobre señales de transmisión lineal-; y debe dar a los Estados la flexibilidad para implementar las obligaciones de forma adecuada y efectiva al contexto legal propio.
Para pasar a una conferencia diplomática y cerrar este largo ciclo de negociaciones, la secretaría tendrá que ajustar el texto para 2025 buscando que el tratado no cree nuevos derechos exclusivos, no extienda el alcance a quienes hacen transmisiones exclusivamente por internet, y planteando un mecanismo para que los Estados puedan limitar lo que se entiende por organismo de radiodifusión a sus contextos legales locales.
En relación con el punto de la agenda sobre excepciones y limitaciones al derecho de autor, el grupo africano defendió su propuesta de plan de trabajo frente a la que hizo la secretaría del comité para esta sesión. El grupo africano fue apoyado por el grupo de países de América Latina (GRULAC). Los países señalan que la propuesta de la secretaría no tenía el alcance acordado, piden más trabajo sustancial.
Quienes observábamos el proceso vimos un interés más articulado por esta agenda -tanto al interior del GRULAC como de éste con África-. La tensión de la discusión llevó a reuniones cerradas que no pudimos seguir quienes hacemos observación y que terminaron sin acuerdos concretos sobre el plan de trabajo. Todo indica que el bloque de países del sur dejó claro que quieren más. Tiene sentido que si los países en desarrollo se articulan puedan negociar mejor para mover lo que les importa en la agenda de la OMPI. La secretaría tiene el desafío de recoger lo sucedido en las discusiones y proponer un plan de trabajo que consiga los consensos para avanzar en la reunión de 2025.
Sobre el punto de excepciones y limitaciones, Colombia señaló desde sus declaraciones de apertura que en línea con el Plan Nacional de Desarrollo -que guía también lo que sucede en OMS y en OMC- ve la innovación como una forma de promover el desarrollo social conectada con la salud, la educación y la investigación. En estas declaraciones trajo además a colación la reciente sentencia de la Corte Suprema de Justicia (abril 9 de 2024, magistrado ponente Aroldo Quiroz) sobre obligaciones de “must carry” en televisión abierta, en la que la Corte al analizar el caso indica que quedaron atrás “los días en que los derechos de autor podían verse como ilimitados y absolutos” y recuerda la importancia de las excepciones y limitaciones. Mientras en el comité se discutía sobre todo aspectos de procedimiento del plan de trabajo, Colombia además apoyó discutir el documento presentado por Estados Unidos en noviembre sobre principios para excepciones para bibliotecas y archivos, pidió claridades sobre si se extendían a educación e investigación.
Sobre otros temas. Porque en la OMPI también la inteligencia artificial es un tema emergente, hubo una sesión informativa. La sesión fue muy concurrida, hubo una gran diversidad de panelistas que abordaron muchos temas, muchos de ellos fuera del derecho de autor. El punto es que al mezclar temas de derechos de autor con otros que no lo son -como analizar la violación a derechos personalísimos como imágen o voz, por el mal uso de la inteligencia artificial con aplicaciones de “deep fakes”- sin que se aborden los elementos técnicos que definan el alcance de la discusión sobre derecho de autor en la OMPI, se tiene el riesgo de abrir una caja de Pandora. Pero este tema apenas empieza.
Finalmente, la prioridad para el GRULAC en esta reunión era que la remuneración de las personas creadores en el cambiante entorno digital sea un punto permanente de la agenda del comité. GRULAC presentó un documento para eso, pero será más fácil si se despeja el espacio que tiene en este momento el tratado de radiodifusión. Por ahora tanto Estados Unidos como Europa se resisten a incorporar el tema. La reunión de 2025 será decisiva, es de esperarse que el grupo africano apoye al latinoamericano. En su declaración, Colombia rechazó que se vaya a quedar por fuera del alcance de esta discusión los temas de competencia. Con buen criterio solicitó que se hagan estudios para identificar el efecto anticompetitivo que pueden generar algunas transformaciones y cambios en los mercados.
Seguiré atenta a estas discusiones y a cómo Colombia avanza desde la perspectiva de una propiedad intelectual balanceada. A futuro se va a necesitar también que a la OMPI llegue la voz de otros actores locales, ojalá las bibliotecas, los archivos, los museos, las universidades y otras instituciones que facilitan el acceso al conocimiento, hagan seguimiento a la agenda de OMPI, porque lo que sucede allá impactará acá.