Legislar sobre la obsolescencia y el derecho a reparar
Cuando algo ya no se puede mantener o no se requiere, aunque todavía esté en buen estado de funcionamiento, se dice que es obsoleto. Si son equipos tecnológicos, en el proceso generan toneladas de basura con un gran impacto en el medio ambiente. Para mitigar esto deberíamos poder repararlos, pero en la práctica hay muchas barreras para mantener un equipo funcionando. Lo interesante es que hay una iniciativa en el Congreso que empieza a poner el tema sobre la mesa.
La iniciativa legislativa de la senadora Laura Fortich Sánchez busca garantizar el derecho de las personas consumidoras a saber cuál será la vida útil de un objeto al exigir que se le incorporen etiquetas con esa información. Es decir, aborda el problema de la obsolescencia programada que es cuando el fabricante determina la vida útil de un objeto; una vez vencido ese plazo el objeto ya no es funcional —es inútil o inservible—, con frecuencia porque no se seguirán ofreciendo repuestos o mantenimiento. La senadora quiere que podamos tomar decisiones de consumo informadas.
Es la segunda vez que Fortich presenta su proyecto al Congreso (la primera fue archivado). Espero que esta vez despierte el interés que merece y cuando lo haga veamos que es un problema muy actual que va más allá de la obsolescencia programada y debe abordar el derecho a reparar. Para explicarlo empiezo con un caso colombiano que ya está en medios.
Como muchas otras personas en el país, Wilmer Becerra es un colombiano que repara celulares de marca Apple. Eso sí, Becerra hace sus reparaciones en vivo y en directo por internet, dice que esto da confianza a sus clientes. Esas actividades de Becerra llamaron la atención de Apple. A través de sus apoderados, esa empresa le envió una carta de “cese y desistimiento” en la que le ordenó no continuar con esta actividad y lista lo que consideran son las múltiples violaciones a la ley que el reparador de celulares está cometiendo.
En sus redes sociales Becerra dice no estar asustado y señala que seguirá. Se pregunta, eso sí: “¿Es un delito reparar un equipo que Apple dice que ya no tiene solución? ¿No es el dueño de un iPhone autónomo de decidir dónde reparar un equipo de su propiedad?”. Las preguntas que hace Becerra son claves. La forma como se desarrolla la industria de tecnología ha hecho que cada vez la obsolescencia sea más común, porque es muy difícil reparar los dispositivos, incluso sin que intervenga el plazo que la empresa ha estimado de vida útil, y muchas veces porque las empresas pueden disuadir a la gente de hacerlo.
En la medida en que estos dispositivos son cada vez más complejos, dependemos del acceso a los repuestos de los equipos, a las herramientas e incluso al software que controlan las empresas fabricantes, y del conocimiento especializado que tienen los reparadores.
El problema no es menor, se generan más de 50 millones de toneladas de basura al año que generalmente se envía a países en África, Latinoamérica y Medio Oriente, y por tanto es un tema que ya está siendo legislado.
Una versión limitada del derecho a reparar para evitar la obsolescencia está en la Unión Europea, que cuenta con disposiciones que obligan a los fabricantes a ampliar la garantía del producto de modo que se amplíe la obligación de las empresas de repararlo. Actualmente el debate continúa en el Parlamento Europeo, donde buscan obligar a las empresas a reparar los equipos a costa del consumidor una vez haya vencido la garantía, durante varios años más. Es limitada pues recae en el fabricante, no reconoce el derecho del propietario a decidir quién repara.
Por presión de litigio, en Estados Unidos se pasó al campo regulatorio. Los consumidores interesados consiguieron que se legislara para que las sillas de ruedas motorizadas o los tractores Jhon Deere pudieran ser reparados, es decir, cualquiera les puede meter la mano, pero solo a algunos dispositivos. Más recientemente el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, expidió una orden ejecutiva en la que da un respaldo al derecho a reparar como una forma de promover la competencia en la economía estadounidense. Ese país avanza de normas dirigidas a la posibilidad de reparar determinados dispositivos y vehículos hacia un tema de competencia en el mercado. Por cierto, una tendencia que incluso el cofundador de Apple Steve Wozniak ha salido a apoyar públicamente.
En otros lugares de Europa también se avanza. En Amsterdam hay una iniciativa para promover talleres de reparación de dispositivos tecnológicos. Se trata de facilitar que la gente repare el celular al que le cayó un vaso de agua o se le rompió la pantalla por un golpe. Quieren acercar esta posibilidad a las personas para evitar toneladas de basura.
Sin embargo, de nuevo, no solo se trata de contar con el experto —como Becerra— que pueda reparar. Para que el derecho a reparar funcione debe abordar varias otras dimensiones. Volvamos a cómo los agricultores de Estados Unidos pelearon durante años con la empresa John Deere por el derecho a romper los candados digitales que protegen con medidas tecnológicas de protección (MTP) el software de sus consolas. Es decir, mostraron que el reparador independiente debe también poder tener la autorización legal de romper el candado digital para acceder al software y poder hacerle el mantenimiento. Se necesita que la ley contemple la necesaria excepción a las normas de derecho de autor.
Entonces, no solo es que las empresas deben dar vida útil a sus equipos, además deben permitir que otros lo hagan y está claro que la reparabilidad de un objeto depende también de las opciones de diseño que tomó el fabricante y de la existencia o no de bloqueos al software que incorporaron a los dispositivos. En eso hay que mirar hacia Francia, allí la Asamblea Nacional instauró un índice de calificaciones de “reparabilidad” para electrodomésticos como lavadoras, cortadoras de césped, televisores y teléfonos inteligentes. Mediante etiquetas en los productos se debe dar a conocer el índice que transparenta a los consumidores qué tan fácil será reparar el objeto. Se trata de una aproximación innovadora de la que podremos aprender mucho.
La iniciativa legislativa colombiana no solo es necesaria, pertinente, de actualidad y va en línea con las tendencias mundiales sobre derechos del consumidor que se enfocan en dar más información con etiquetas que explican e incentivan un cambio en las conductas de las empresas, además tiene mucho campo para mejorar y liderar.
El sistema de etiquetado no debe ser pasivo (solo informando la vida útil del equipo), sino que debe ser activo (indicando cuánto realmente el comprador puede repararlo), también debe contemplar sanciones y ofrecer las garantías para que el derecho a reparar sea efectivo frente a cualquier tipo de obsolescencia, no sólo la programada. Esto último incluye incorporar una excepción al derecho de autor, exigencias para dar acceso a repuestos, mecanismos para evitar la competencia y pensar en todo el tema ambiental.
Cuando algo ya no se puede mantener o no se requiere, aunque todavía esté en buen estado de funcionamiento, se dice que es obsoleto. Si son equipos tecnológicos, en el proceso generan toneladas de basura con un gran impacto en el medio ambiente. Para mitigar esto deberíamos poder repararlos, pero en la práctica hay muchas barreras para mantener un equipo funcionando. Lo interesante es que hay una iniciativa en el Congreso que empieza a poner el tema sobre la mesa.
La iniciativa legislativa de la senadora Laura Fortich Sánchez busca garantizar el derecho de las personas consumidoras a saber cuál será la vida útil de un objeto al exigir que se le incorporen etiquetas con esa información. Es decir, aborda el problema de la obsolescencia programada que es cuando el fabricante determina la vida útil de un objeto; una vez vencido ese plazo el objeto ya no es funcional —es inútil o inservible—, con frecuencia porque no se seguirán ofreciendo repuestos o mantenimiento. La senadora quiere que podamos tomar decisiones de consumo informadas.
Es la segunda vez que Fortich presenta su proyecto al Congreso (la primera fue archivado). Espero que esta vez despierte el interés que merece y cuando lo haga veamos que es un problema muy actual que va más allá de la obsolescencia programada y debe abordar el derecho a reparar. Para explicarlo empiezo con un caso colombiano que ya está en medios.
Como muchas otras personas en el país, Wilmer Becerra es un colombiano que repara celulares de marca Apple. Eso sí, Becerra hace sus reparaciones en vivo y en directo por internet, dice que esto da confianza a sus clientes. Esas actividades de Becerra llamaron la atención de Apple. A través de sus apoderados, esa empresa le envió una carta de “cese y desistimiento” en la que le ordenó no continuar con esta actividad y lista lo que consideran son las múltiples violaciones a la ley que el reparador de celulares está cometiendo.
En sus redes sociales Becerra dice no estar asustado y señala que seguirá. Se pregunta, eso sí: “¿Es un delito reparar un equipo que Apple dice que ya no tiene solución? ¿No es el dueño de un iPhone autónomo de decidir dónde reparar un equipo de su propiedad?”. Las preguntas que hace Becerra son claves. La forma como se desarrolla la industria de tecnología ha hecho que cada vez la obsolescencia sea más común, porque es muy difícil reparar los dispositivos, incluso sin que intervenga el plazo que la empresa ha estimado de vida útil, y muchas veces porque las empresas pueden disuadir a la gente de hacerlo.
En la medida en que estos dispositivos son cada vez más complejos, dependemos del acceso a los repuestos de los equipos, a las herramientas e incluso al software que controlan las empresas fabricantes, y del conocimiento especializado que tienen los reparadores.
El problema no es menor, se generan más de 50 millones de toneladas de basura al año que generalmente se envía a países en África, Latinoamérica y Medio Oriente, y por tanto es un tema que ya está siendo legislado.
Una versión limitada del derecho a reparar para evitar la obsolescencia está en la Unión Europea, que cuenta con disposiciones que obligan a los fabricantes a ampliar la garantía del producto de modo que se amplíe la obligación de las empresas de repararlo. Actualmente el debate continúa en el Parlamento Europeo, donde buscan obligar a las empresas a reparar los equipos a costa del consumidor una vez haya vencido la garantía, durante varios años más. Es limitada pues recae en el fabricante, no reconoce el derecho del propietario a decidir quién repara.
Por presión de litigio, en Estados Unidos se pasó al campo regulatorio. Los consumidores interesados consiguieron que se legislara para que las sillas de ruedas motorizadas o los tractores Jhon Deere pudieran ser reparados, es decir, cualquiera les puede meter la mano, pero solo a algunos dispositivos. Más recientemente el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, expidió una orden ejecutiva en la que da un respaldo al derecho a reparar como una forma de promover la competencia en la economía estadounidense. Ese país avanza de normas dirigidas a la posibilidad de reparar determinados dispositivos y vehículos hacia un tema de competencia en el mercado. Por cierto, una tendencia que incluso el cofundador de Apple Steve Wozniak ha salido a apoyar públicamente.
En otros lugares de Europa también se avanza. En Amsterdam hay una iniciativa para promover talleres de reparación de dispositivos tecnológicos. Se trata de facilitar que la gente repare el celular al que le cayó un vaso de agua o se le rompió la pantalla por un golpe. Quieren acercar esta posibilidad a las personas para evitar toneladas de basura.
Sin embargo, de nuevo, no solo se trata de contar con el experto —como Becerra— que pueda reparar. Para que el derecho a reparar funcione debe abordar varias otras dimensiones. Volvamos a cómo los agricultores de Estados Unidos pelearon durante años con la empresa John Deere por el derecho a romper los candados digitales que protegen con medidas tecnológicas de protección (MTP) el software de sus consolas. Es decir, mostraron que el reparador independiente debe también poder tener la autorización legal de romper el candado digital para acceder al software y poder hacerle el mantenimiento. Se necesita que la ley contemple la necesaria excepción a las normas de derecho de autor.
Entonces, no solo es que las empresas deben dar vida útil a sus equipos, además deben permitir que otros lo hagan y está claro que la reparabilidad de un objeto depende también de las opciones de diseño que tomó el fabricante y de la existencia o no de bloqueos al software que incorporaron a los dispositivos. En eso hay que mirar hacia Francia, allí la Asamblea Nacional instauró un índice de calificaciones de “reparabilidad” para electrodomésticos como lavadoras, cortadoras de césped, televisores y teléfonos inteligentes. Mediante etiquetas en los productos se debe dar a conocer el índice que transparenta a los consumidores qué tan fácil será reparar el objeto. Se trata de una aproximación innovadora de la que podremos aprender mucho.
La iniciativa legislativa colombiana no solo es necesaria, pertinente, de actualidad y va en línea con las tendencias mundiales sobre derechos del consumidor que se enfocan en dar más información con etiquetas que explican e incentivan un cambio en las conductas de las empresas, además tiene mucho campo para mejorar y liderar.
El sistema de etiquetado no debe ser pasivo (solo informando la vida útil del equipo), sino que debe ser activo (indicando cuánto realmente el comprador puede repararlo), también debe contemplar sanciones y ofrecer las garantías para que el derecho a reparar sea efectivo frente a cualquier tipo de obsolescencia, no sólo la programada. Esto último incluye incorporar una excepción al derecho de autor, exigencias para dar acceso a repuestos, mecanismos para evitar la competencia y pensar en todo el tema ambiental.