¿Qué pasó ayer en el Congreso?, ¿se cayó la Ley Lleras? No está del todo claro, pero yo creo que sí. Sucedió lo que nadie se esperaba, a pesar de la presión que tenían los senadores, la Ley Lleras 5 fue rechazada en segundo debate y una leguleyada de último momento la salvó de una muerte digna para, aparentemente, ir a parar a unos cuidados intensivos que no son del todo explicables.
El miércoles a las 6:26 p.m., el marcador del tablero de la plenaria contaba los votos para aprobar o rechazar el informe de ponencia de la Ley Lleras: 40 votos en contra, 18 a favor. Nadie esperaba esa goleada. Antes de comenzar el período de sesiones ordinarias, el Gobierno ya había conseguido la firma de los ponentes, menos Alexánder López, y presentado la ponencia —aunque realmente fue publicada la mañana de la votación—. La agenda, que se publica el día antes a las 5 p.m., anunciaba que este sería el último debate en el orden del día del miércoles 21. Esto ponía en serias dudas su discusión. Sin embargo, el mismo miércoles en la mañana se modificó el orden del día. De repente las opciones de que se discutiera el proyecto ese día aumentaron, seguramente con la intención de despistar a más de uno. Si todo estaba tan calculado, ¿por qué semejante goleada?
A pesar de la presión del Gobierno, a medida que hablaban los senadores anunciaban no solo proposiciones alternativas, sino muchas dudas sobre si el proyecto presentado conseguía un verdadero consenso social. Se mencionó varias veces la expresión “afán del Gobierno” y aun así varios pidieron escuchar a la gente. Aunque no hay precedentes de audiencias públicas en plenaria, parecía cuestión de decidir si se hacía antes o después de votar el informe de ponencia.
Se pueden explicar las dudas de los senadores haciendo un poco de memoria. El Gobierno colombiano tiene que esforzarse por cumplir obligaciones pendientes con EE. UU. en materia comercial. Si no lo hace, corre el riesgo de no recibir el aval de ese país para su ingreso a la OCDE. Este inconveniente, sin duda, no debe estar entre los planes de Santos, quien ha invertido mucho del capital político de su gobierno en cumplir uno a uno los pasos del proceso. Pasar las reformas al derecho de autor derivadas del capítulo de propiedad intelectual (leyes Lleras 1 y 2) es un pendiente desde 2011. Los senadores saben de la resistencia y del afán.
Ahora, regresemos al momento de la votación. Se anuncia el resultado avasallador e inmediatamente el secretario del Senado indica que “no hay decisión porque tiene contenido estatutario y necesita mayoría”, seguido de chiflidos en la sala y la sensación de que hubo trampa. Sí, durante la discusión se ventiló el posible vicio de trámite por varios senadores; sin embargo, el ministro de Interior respondió con seguridad que era una ley ordinaria y no estatutaria. Si se hubiera regresado el proyecto antes de votarlo, entiendo la decisión del secretario, pero hubo votación, por tanto, el proyecto de ley se rechazó (art. 184 de la Ley 5 de 1992).
Pero formalmente lo que describí no sucedió. Hubo trampa porque negaron el resultado de la votación. La maniobra del secretario consistió en cerrar el registro y no anunciar la votación (que en efecto ocurrió). Lo que anunció fue un vicio de forma que varios habían pedido analizar pero que unos minutos antes había negado el ministro. Así, en lugar de rechazarlo, el secretario cambió el destino del proyecto, que quedó vivo. La trampa es evidente y no entiendo cómo creen que arreglará el desprestigio de este proyecto de ley; tampoco veo cuál es la jugada del Gobierno.
Entiendo que para el propósito de la OCDE es un inconveniente aceptar el rechazo, pues ya no será posible tramitarla esta legislatura que cierra el 20 de junio, y Santos deja el puesto el 8 de agosto. Pero, ¿de qué sirve que la mantengan viva como estatutaria?, ¿cuál es la estrategia? Si la tramitan como ley estatutaria, tendría que ir a control constitucional en la Corte, requiere ocho debates (no cuatro, como las leyes ordinarias) y mayorías calificadas en la votación. No creo que el secretario haya jugado semejante carta solo para complicar más las opciones de aprobar este proyecto de ley en esta legislatura. ¿Acaso si da mensaje de urgencia ayudaría? No me sorprendería que alguna mente creativa esté también barajando alguna opción que les permitirá hacer algo en los meses que le quedan al Gobierno Santos.
En todo caso, hagan lo que hagan, el problema central es asumir que un proyecto de ley como este se puede tramitar simplemente como una obligación comercial con un socio poderoso. El problema del Gobierno dejó de ser jurídico hace rato, es político. Es el resultado de una miopía de siete años. No hay en el mundo proceso de reforma al derecho de autor de los últimos diez años que no haya sido complejo. El derecho de autor ya no es exclusivamente un marco jurídico para la explotación de las obras de los autores. Ha sido tan efectivo en su proceso de expansión que se convirtió en el reglamento para jugar en la era digital. Define cómo circulan los contenidos y cómo usamos la tecnología. Eso amplía la base de interesados y el Gobierno no lo ve. También para todos nosotros, para muchos sectores (como bibliotecas y archivos) o innovadores, es un tema de supervivencia.
Entonces, la trampa no parece arreglar el problema de Santos de conseguir el aval de EE. UU. Lo que sí asegura es que se acentúe la sensación de ilegítima de la ley y se afiance la leyenda del fracaso de la Ley Lleras.
¿Qué pasó ayer en el Congreso?, ¿se cayó la Ley Lleras? No está del todo claro, pero yo creo que sí. Sucedió lo que nadie se esperaba, a pesar de la presión que tenían los senadores, la Ley Lleras 5 fue rechazada en segundo debate y una leguleyada de último momento la salvó de una muerte digna para, aparentemente, ir a parar a unos cuidados intensivos que no son del todo explicables.
El miércoles a las 6:26 p.m., el marcador del tablero de la plenaria contaba los votos para aprobar o rechazar el informe de ponencia de la Ley Lleras: 40 votos en contra, 18 a favor. Nadie esperaba esa goleada. Antes de comenzar el período de sesiones ordinarias, el Gobierno ya había conseguido la firma de los ponentes, menos Alexánder López, y presentado la ponencia —aunque realmente fue publicada la mañana de la votación—. La agenda, que se publica el día antes a las 5 p.m., anunciaba que este sería el último debate en el orden del día del miércoles 21. Esto ponía en serias dudas su discusión. Sin embargo, el mismo miércoles en la mañana se modificó el orden del día. De repente las opciones de que se discutiera el proyecto ese día aumentaron, seguramente con la intención de despistar a más de uno. Si todo estaba tan calculado, ¿por qué semejante goleada?
A pesar de la presión del Gobierno, a medida que hablaban los senadores anunciaban no solo proposiciones alternativas, sino muchas dudas sobre si el proyecto presentado conseguía un verdadero consenso social. Se mencionó varias veces la expresión “afán del Gobierno” y aun así varios pidieron escuchar a la gente. Aunque no hay precedentes de audiencias públicas en plenaria, parecía cuestión de decidir si se hacía antes o después de votar el informe de ponencia.
Se pueden explicar las dudas de los senadores haciendo un poco de memoria. El Gobierno colombiano tiene que esforzarse por cumplir obligaciones pendientes con EE. UU. en materia comercial. Si no lo hace, corre el riesgo de no recibir el aval de ese país para su ingreso a la OCDE. Este inconveniente, sin duda, no debe estar entre los planes de Santos, quien ha invertido mucho del capital político de su gobierno en cumplir uno a uno los pasos del proceso. Pasar las reformas al derecho de autor derivadas del capítulo de propiedad intelectual (leyes Lleras 1 y 2) es un pendiente desde 2011. Los senadores saben de la resistencia y del afán.
Ahora, regresemos al momento de la votación. Se anuncia el resultado avasallador e inmediatamente el secretario del Senado indica que “no hay decisión porque tiene contenido estatutario y necesita mayoría”, seguido de chiflidos en la sala y la sensación de que hubo trampa. Sí, durante la discusión se ventiló el posible vicio de trámite por varios senadores; sin embargo, el ministro de Interior respondió con seguridad que era una ley ordinaria y no estatutaria. Si se hubiera regresado el proyecto antes de votarlo, entiendo la decisión del secretario, pero hubo votación, por tanto, el proyecto de ley se rechazó (art. 184 de la Ley 5 de 1992).
Pero formalmente lo que describí no sucedió. Hubo trampa porque negaron el resultado de la votación. La maniobra del secretario consistió en cerrar el registro y no anunciar la votación (que en efecto ocurrió). Lo que anunció fue un vicio de forma que varios habían pedido analizar pero que unos minutos antes había negado el ministro. Así, en lugar de rechazarlo, el secretario cambió el destino del proyecto, que quedó vivo. La trampa es evidente y no entiendo cómo creen que arreglará el desprestigio de este proyecto de ley; tampoco veo cuál es la jugada del Gobierno.
Entiendo que para el propósito de la OCDE es un inconveniente aceptar el rechazo, pues ya no será posible tramitarla esta legislatura que cierra el 20 de junio, y Santos deja el puesto el 8 de agosto. Pero, ¿de qué sirve que la mantengan viva como estatutaria?, ¿cuál es la estrategia? Si la tramitan como ley estatutaria, tendría que ir a control constitucional en la Corte, requiere ocho debates (no cuatro, como las leyes ordinarias) y mayorías calificadas en la votación. No creo que el secretario haya jugado semejante carta solo para complicar más las opciones de aprobar este proyecto de ley en esta legislatura. ¿Acaso si da mensaje de urgencia ayudaría? No me sorprendería que alguna mente creativa esté también barajando alguna opción que les permitirá hacer algo en los meses que le quedan al Gobierno Santos.
En todo caso, hagan lo que hagan, el problema central es asumir que un proyecto de ley como este se puede tramitar simplemente como una obligación comercial con un socio poderoso. El problema del Gobierno dejó de ser jurídico hace rato, es político. Es el resultado de una miopía de siete años. No hay en el mundo proceso de reforma al derecho de autor de los últimos diez años que no haya sido complejo. El derecho de autor ya no es exclusivamente un marco jurídico para la explotación de las obras de los autores. Ha sido tan efectivo en su proceso de expansión que se convirtió en el reglamento para jugar en la era digital. Define cómo circulan los contenidos y cómo usamos la tecnología. Eso amplía la base de interesados y el Gobierno no lo ve. También para todos nosotros, para muchos sectores (como bibliotecas y archivos) o innovadores, es un tema de supervivencia.
Entonces, la trampa no parece arreglar el problema de Santos de conseguir el aval de EE. UU. Lo que sí asegura es que se acentúe la sensación de ilegítima de la ley y se afiance la leyenda del fracaso de la Ley Lleras.