Una de las herramientas más usadas por las organizaciones de sociedad civil -también la academia e incluso gremios privados- para incidir en el poder judicial son los conocidos como “amicus curiae”. Durante décadas este instrumento, del que les hablaré hoy, ha sido bienvenido en la Corte Constitucional colombiana, pero últimamente parece que no gusta tanto. ¿Tendríamos que institucionalizarlo y reconocerlo como una garantía de participación ciudadana?
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