Los inhibidores de señal en las cárceles son costosos y problemáticos

Los inhibidores de señal son un recurso al que recurren con frecuencia los gobiernos para buscar soluciones al grave problema de las extorsiones desde las cárceles. Lo malo es que no logran los resultados que prometen, y sí impactan negativamente en los derechos humanos. Son una solución tecnológica costosa para mitigar los efectos de la corrupción -no abordan el problema de fondo- y además, parece que la frustración por su inefectividad allana el camino para plantear soluciones más invasivas. Ministro, le pido que analice el contexto y cómo en Colombia no hay un marco jurídico garantista para estas medidas.

Los estándares internacionales de derechos humanos prohíben medidas que impidan de plano la circulación de información sin atender al contenido y que no estén en control de las personas (RELE, par. 88). Por eso los inhibidores de señal no deben usarse, deben prohibirse, si acaso limitarlos a usos excepcionales. Los usos excepcionales deben responder a un marco jurídico que reconozca que es una medida restrictiva de derechos y por tanto requieren desarrollo legal (ley estatutaria), deben responder a una necesidad clara y ser una medida proporcional, que además requiere seguimiento y control. Eso no pasa en Colombia, por ejemplo la Corte Constitucional le pidió al Congreso regularlos pues la norma que usa la fuerza pública como sustento del uso de inhibidores es “genérica”.

Como conté en 2018, la historia de estos aparatos en las cárceles empieza en 2011 con el Decreto 4768 que autorizó instalarlos y ordenó a los operadores disminuir la potencia de su señal en esos lugares. En 2017 empezaron los fallos de tutela a favor de la población vecina de las cárceles que se estaba viendo afectada. También hubo fallos a favor de las personas presas, pues con una política centrada en evitar las comunicaciones desde las cárceles, ellas sufren la desconexión. Mientras tanto las llamadas extorsivas continúan.

Después de una ola de violencia en contra de los funcionarios del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) hace unos días se declaró la emergencia carcelaria que incluye instalar los inhibidores que usan en las instalaciones carcelarias del ejército. Esto se venía cocinando desde hace unas semanas porque una operación en contra de alias “Satanás” demostró que él enviaba amenazas a comerciantes desde su lugar de reclusión. Paradójicamente la amenaza de la noticia salió de un teléfono fijo dispuesto para los presos, es decir, se justifica ensayar otros inhibidores de señal con una noticia sobre una llamada que esos aparatos tampoco pueden evitar.

Las llamadas extorsivas desde las cárceles impactan negativamente a la sociedad y exigen acción, pero los inhibidores no parecen estar aportando. La Procuraduría ha dicho que la extorsión representa el 41 % de los delitos desde las cárceles, pero también informó que “de 22 (inhibidores) instalados en igual número de penitenciarias solo funcionan dos”. La multimillonaria inversión no ha sido efectiva por muchas razones: afecta desproporcionadamente a poblaciones vecinas, los equipos son atacados por la propia población carcelaria y además está la corrupción, el mencionado informe cuestionó que se permita el ingreso de elementos prohibidos a los prisioneros, y denunció que esto ocurriría bajo la “complicidad de guardias y sin recato de autoridad”.

Cuando el director del INPEC dijo que van a tener en las cárceles equipos que está usando el Ejército en centros de reclusión militar, habló de estrategias de “perturbación del espectro electromagnético… en sitios más pequeños de una focalización un poco más cerrada y (que) no afecta el exterior”. Son palabras cuidadosamente elegidas para enviar un mensaje de tranquilidad, pero no explican cuál es la novedad si de lo que habla es de inhibidores.

Cuando se refiere a perturbación del espectro, sugiere que se trata de inhibidores. Con un inhibidor no se puede limitar el efecto para que solo impacte en un espacio determinado -al interior de los muros de una casa, por ejemplo-, termina perturbando la señal de cualquiera en el radio de influencia del aparato. ¿Será que los centros de reclusión militar son más pequeños y están más aislados? Porque usar un inhibidor en la Modelo, por ejemplo, supone sí o sí afectaciones a barrios aledaños y a quienes legítimamente tienen celulares en el recinto -como los funcionarios administrativos-. Además, si la corrupción continúa, los celulares entrarán y los inhibidores serán saboteados. El resultado será el mismo.

Por otro lado, ¿cuál es la base legal del ejército para usar estos equipos?, ¿usan el mismo decreto de 2011 por ser sitios de reclusión?, ¿quién los vigila? No olvidemos que la regulación de estos aparatos no está, como debiera ser, en una ley estatutaria. Tengo más dudas: ¿La población que está cerca de los centros penitenciarios del ejército sufre sus efectos?, ¿saben quién es el responsable? Cuando lo sepan y empiecen las tutelas, ¿la respuesta de los jueces será diferente de la que ha tenido con las cárceles civiles? Lo dudo.

Señor ministro, así como hay proyectos de infraestructura física que son elefantes blancos, también los hay en proyectos tecnológicos. Son inversiones públicas que ya se sabe que no sirven, pero como se refieren a temas sensibles en la opinión pública nadie se atreve a desmontarlos. Entiendo que el costo reputacional de desmontar eso es alto y, como la gente cree que la tecnología es infalible, puede parecer buena idea seguir invirtiendo en nuevos ajustes pensando que solo falta un poco más, aunque eso seguramente tampoco funcionará. Lo peor es que se sigue desviando la atención y la inversión del problema real.

Finalmente, me preocupa que el fracaso en el uso de inhibidores tiene al gobierno buscando alternativas innovadoras sin que tengamos información pública sobre ellas. ¿Serán soluciones del tipo “aprendizaje automático” o “soluciones basadas en geolocalización”? -que ya ofrecen empresas como Ericsson, Nokia, Verint, o Polaris Wireless-. Por ejemplo, hay programas para aprovechar los datos de geolocalización que recogen las redes de las empresas de telecomunicaciones con el fin de individualizar los celulares de las personas y vigilarlas. Estos pueden usarse para identificar el celular que usan en una cárcel y dar la orden al operador de bloquearlo. Pero, esto significa que ponen bajo vigilancia a una gran cantidad de personas, con un importante riesgo de abuso del sistema -como se ve en el reciente escándalo del jefe de la inteligencia durante la presidencia de Bolsonaro- y tampoco son garantía de efectividad -en Costa Rica tienen uno sofisticado y las llamadas continúan ¡Por la red wifi!-. En todo caso, requieren un marco legal garantista, por ejemplo: ¿Quién será responsable de ese software y de los datos? ¿El INPEC? El chiste se cuenta solo.

En conclusión, señor ministro, le pido que analice bien este contexto. Piense que cualquiera de estas soluciones es una medida restrictiva de derechos y que su Ministerio puede abrir el debate con todos los sectores para analizar ampliamente las soluciones propuestas, revisar su legalidad, necesidad y proporcionalidad -también los mecanismos de control-. Entiendo que esto no depende solo del Minjusticia, por eso extiendo este llamado a toda entidad del gobierno involucrada, y también a las empresas de telecomunicaciones, todas tienen deberes frente al respeto de nuestros derechos.

Los inhibidores de señal son un recurso al que recurren con frecuencia los gobiernos para buscar soluciones al grave problema de las extorsiones desde las cárceles. Lo malo es que no logran los resultados que prometen, y sí impactan negativamente en los derechos humanos. Son una solución tecnológica costosa para mitigar los efectos de la corrupción -no abordan el problema de fondo- y además, parece que la frustración por su inefectividad allana el camino para plantear soluciones más invasivas. Ministro, le pido que analice el contexto y cómo en Colombia no hay un marco jurídico garantista para estas medidas.

Los estándares internacionales de derechos humanos prohíben medidas que impidan de plano la circulación de información sin atender al contenido y que no estén en control de las personas (RELE, par. 88). Por eso los inhibidores de señal no deben usarse, deben prohibirse, si acaso limitarlos a usos excepcionales. Los usos excepcionales deben responder a un marco jurídico que reconozca que es una medida restrictiva de derechos y por tanto requieren desarrollo legal (ley estatutaria), deben responder a una necesidad clara y ser una medida proporcional, que además requiere seguimiento y control. Eso no pasa en Colombia, por ejemplo la Corte Constitucional le pidió al Congreso regularlos pues la norma que usa la fuerza pública como sustento del uso de inhibidores es “genérica”.

Como conté en 2018, la historia de estos aparatos en las cárceles empieza en 2011 con el Decreto 4768 que autorizó instalarlos y ordenó a los operadores disminuir la potencia de su señal en esos lugares. En 2017 empezaron los fallos de tutela a favor de la población vecina de las cárceles que se estaba viendo afectada. También hubo fallos a favor de las personas presas, pues con una política centrada en evitar las comunicaciones desde las cárceles, ellas sufren la desconexión. Mientras tanto las llamadas extorsivas continúan.

Después de una ola de violencia en contra de los funcionarios del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) hace unos días se declaró la emergencia carcelaria que incluye instalar los inhibidores que usan en las instalaciones carcelarias del ejército. Esto se venía cocinando desde hace unas semanas porque una operación en contra de alias “Satanás” demostró que él enviaba amenazas a comerciantes desde su lugar de reclusión. Paradójicamente la amenaza de la noticia salió de un teléfono fijo dispuesto para los presos, es decir, se justifica ensayar otros inhibidores de señal con una noticia sobre una llamada que esos aparatos tampoco pueden evitar.

Las llamadas extorsivas desde las cárceles impactan negativamente a la sociedad y exigen acción, pero los inhibidores no parecen estar aportando. La Procuraduría ha dicho que la extorsión representa el 41 % de los delitos desde las cárceles, pero también informó que “de 22 (inhibidores) instalados en igual número de penitenciarias solo funcionan dos”. La multimillonaria inversión no ha sido efectiva por muchas razones: afecta desproporcionadamente a poblaciones vecinas, los equipos son atacados por la propia población carcelaria y además está la corrupción, el mencionado informe cuestionó que se permita el ingreso de elementos prohibidos a los prisioneros, y denunció que esto ocurriría bajo la “complicidad de guardias y sin recato de autoridad”.

Cuando el director del INPEC dijo que van a tener en las cárceles equipos que está usando el Ejército en centros de reclusión militar, habló de estrategias de “perturbación del espectro electromagnético… en sitios más pequeños de una focalización un poco más cerrada y (que) no afecta el exterior”. Son palabras cuidadosamente elegidas para enviar un mensaje de tranquilidad, pero no explican cuál es la novedad si de lo que habla es de inhibidores.

Cuando se refiere a perturbación del espectro, sugiere que se trata de inhibidores. Con un inhibidor no se puede limitar el efecto para que solo impacte en un espacio determinado -al interior de los muros de una casa, por ejemplo-, termina perturbando la señal de cualquiera en el radio de influencia del aparato. ¿Será que los centros de reclusión militar son más pequeños y están más aislados? Porque usar un inhibidor en la Modelo, por ejemplo, supone sí o sí afectaciones a barrios aledaños y a quienes legítimamente tienen celulares en el recinto -como los funcionarios administrativos-. Además, si la corrupción continúa, los celulares entrarán y los inhibidores serán saboteados. El resultado será el mismo.

Por otro lado, ¿cuál es la base legal del ejército para usar estos equipos?, ¿usan el mismo decreto de 2011 por ser sitios de reclusión?, ¿quién los vigila? No olvidemos que la regulación de estos aparatos no está, como debiera ser, en una ley estatutaria. Tengo más dudas: ¿La población que está cerca de los centros penitenciarios del ejército sufre sus efectos?, ¿saben quién es el responsable? Cuando lo sepan y empiecen las tutelas, ¿la respuesta de los jueces será diferente de la que ha tenido con las cárceles civiles? Lo dudo.

Señor ministro, así como hay proyectos de infraestructura física que son elefantes blancos, también los hay en proyectos tecnológicos. Son inversiones públicas que ya se sabe que no sirven, pero como se refieren a temas sensibles en la opinión pública nadie se atreve a desmontarlos. Entiendo que el costo reputacional de desmontar eso es alto y, como la gente cree que la tecnología es infalible, puede parecer buena idea seguir invirtiendo en nuevos ajustes pensando que solo falta un poco más, aunque eso seguramente tampoco funcionará. Lo peor es que se sigue desviando la atención y la inversión del problema real.

Finalmente, me preocupa que el fracaso en el uso de inhibidores tiene al gobierno buscando alternativas innovadoras sin que tengamos información pública sobre ellas. ¿Serán soluciones del tipo “aprendizaje automático” o “soluciones basadas en geolocalización”? -que ya ofrecen empresas como Ericsson, Nokia, Verint, o Polaris Wireless-. Por ejemplo, hay programas para aprovechar los datos de geolocalización que recogen las redes de las empresas de telecomunicaciones con el fin de individualizar los celulares de las personas y vigilarlas. Estos pueden usarse para identificar el celular que usan en una cárcel y dar la orden al operador de bloquearlo. Pero, esto significa que ponen bajo vigilancia a una gran cantidad de personas, con un importante riesgo de abuso del sistema -como se ve en el reciente escándalo del jefe de la inteligencia durante la presidencia de Bolsonaro- y tampoco son garantía de efectividad -en Costa Rica tienen uno sofisticado y las llamadas continúan ¡Por la red wifi!-. En todo caso, requieren un marco legal garantista, por ejemplo: ¿Quién será responsable de ese software y de los datos? ¿El INPEC? El chiste se cuenta solo.

En conclusión, señor ministro, le pido que analice bien este contexto. Piense que cualquiera de estas soluciones es una medida restrictiva de derechos y que su Ministerio puede abrir el debate con todos los sectores para analizar ampliamente las soluciones propuestas, revisar su legalidad, necesidad y proporcionalidad -también los mecanismos de control-. Entiendo que esto no depende solo del Minjusticia, por eso extiendo este llamado a toda entidad del gobierno involucrada, y también a las empresas de telecomunicaciones, todas tienen deberes frente al respeto de nuestros derechos.