Lupa a las auditorías técnicas y controles ciudadanos en la reforma electoral

El código electoral sigue su camino para convertirse en ley en esta legislatura. Esa es una buena noticia porque esa reforma es necesaria en el país y si sale algo interesante será mucho mejor que lo que tenemos. En materia de la tecnología en el proceso electoral, la mayor preocupación que persiste es que queden las bases necesarias para que existan controles independientes que permitan revisar si la tecnología hace lo que dice que hace, es decir, garantizar que tengamos buenas auditorías independientes y espacio para observación técnica ciudadana.

Esta es una reforma estatutaria que está condenada al archivo si no completa el debate que le falta antes del 20 de julio y debe hacerlo en sesiones ordinarias. Esto no parece ser problema esta vez. La reforma avanza con el aparente favoritismo de la mayoría y aprovecha el frenón de las reformas que impulsaba el gobierno.

En esta versión del código, el tema más controversial sobre biometría se redujo principalmente a un único artículo —aunque este sigue siendo polémico por las amplias facultades que otorga a la Registraduría— no hay voto por internet y seguiremos con la modalidad de voto mixto, es decir, como dijo en un debate de esta semana el delegado en lo electoral, Nicolás Farfán, tendremos una forma de voto electrónico que “es con máquinas bobas, y respaldo físico de los votos”, indicando que esto se hace por recomendación de la MOE y Fundación Karisma, donde trabajo. Los cambios en materia de publicidad electoral son importantes —espero que haya gente mirando—. Además, se incluye el tema de violencia política contra las mujeres incorporando personas con experiencia de vida trans y no binarias.

Con este panorama, que es más positivo de lo que he reportado en otras oportunidades, les cuento que, de los temas que hemos estado siguiendo, el que nos mantiene atentos es el de las auditorías y su confusión con la observación o seguimiento electoral.

Las auditorías son procesos realizados por expertos técnicos que requieren importantes recursos, además de acceso a profundidad a los diferentes componentes del sistema y un tiempo importante de dedicación para su elaboración. Estos factores hacen muy difícil que los partidos políticos y grupos significativos de ciudadanos puedan realizar una auditoría al sistema electoral, esta es una labor especializada y costosa.

El texto de la reforma que entró a la Cámara de Representantes la semana pasada solo contemplaba auditorías para el escrutinio y no estaban claros los plazos. Esta semana se aprobó que habrá auditoría también para inscripción de cédulas, elección de jurados, código fuente y arquitectura de software —sin acceso al texto final es de esperarse que se hable de “cualquier proceso que tenga tecnología” —. Adicionalmente, el plan de auditorías deberá publicarse y dar a conocer a misiones electorales cuando menos siete meses antes de que la tecnología que va a ser auditada se use. Esto es positivo y lo aplaudimos, sin embargo, en los detalles hay algunos pendientes.

Lo primero que falta es garantizar que estas auditorías se hagan. Como la transparencia e integridad de los sistemas tecnológicos es un deber del Estado —no de los partidos como parece sugerir la reforma actual—, la auditoría técnica, pública e independiente debe ser responsabilidad de la autoridad electoral que, si no cuenta con la capacidad correspondiente, podrá contratar a un tercero, incluso una universidad. La institución responsable de las elecciones puede tener su propia auditoría interna, esto no reemplaza la independiente y no puede ser ella misma la que contrate su auditoría. Creemos que esta labor puede estar en cabeza del Consejo Nacional Electoral y, como consecuencia de la ley, se garantizarían los recursos necesarios y evitaría que esto se convierta en un canto a la bandera.

Lo segundo que está pendiente es que la reforma no confunda entre estas auditorías y otros mecanismos de transparencia como la observación electoral, la publicación activa de datos abiertos, la transparencia en la contratación y, por supuesto, la posibilidad de verificar y acompañar el proceso electoral por parte de la sociedad civil, partidos políticos y grupos significativos de ciudadanos.

Para que quede claro que todos estos son mecanismos válidos y obligatorios, la reforma debe ser expresa. Es diferente el alcance del rol de los auditores del de los observadores (técnicos o no), aclarar esto es evitar que se generen falsas expectativas o confusiones sobre el alcance de cada una. Para decirlo de otra forma, una auditoría de las características descritas no puede confundirse con la observación que hacen los partidos, las misiones electorales, grupos de ciudadanos y, en alguna medida, cualquier persona. El Código Electoral debe garantizar estos espacios y reconocer que son diferentes de los de las auditorías técnicas, independientes y públicas.

Los simulacros, las presentaciones de componentes del sistema, las muestras de código fuente y otras actividades resultan especialmente útiles para que misiones electorales nacionales e internacionales, las organizaciones de la sociedad civil y los partidos políticos puedan observar el sistema electoral y hacer sus respectivas recomendaciones. Por esta razón, hacemos un llamado a que en el código sea claro que deben existir todas estas opciones, es más se debería ampliar la duración de estas, aumentar el acceso a la información de forma previa a los eventos; para garantizar una debida preparación, y para que se establezcan agendas precisas que permitan optimizar la observación. En ningún caso la observación debe limitarse solo a la capa de funcionalidad, ni ser confundida con la auditoría.

Finalmente, es necesario revisar con cuidado los deberes, facultades y obligaciones de las misiones de observación, técnicas o no. La imposición de sanciones como no permitir participar de futuras elecciones, la limitaciones a los derechos de libertad de expresión de las misiones, la imposición de sanciones por molestar a funcionarios públicos, la obligación de rendir cuentas mediante informes a la Registraduría o de firmar cláusulas de confidencialidad eliminan todo sentido a las misiones electorales, ya que impiden realizar un ejercicio de control ciudadano pleno o presentar resultados y hacer críticas al proceso adelantado por la Registraduría.

Falta un debate, el reto para los y las congresistas es que revisen estos artículos con cuidado, que se aseguren que la propuesta garantice los derechos ciudadanos y elimine cualquier forma de limitar u obstaculizar el control participativo directo. En el sitio de Karisma pueden ver nuestros comentarios a la versión de la reforma que se debatió esta semana en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes.