Mirada al paro del 21N desde el entorno digital

Nunca en Colombia habíamos visto a un gobierno prepararse tanto para un paro. Considerando la situación de la región, tampoco es para decir que no deberían hacerlo. Sin embargo, el esfuerzo parece estar más dirigido a generar miedo para evitar que la gente salga a protestar, que a crear un ambiente seguro para permitir la manifestación popular.

Dentro del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, del que Colombia hace parte, se afirma que “en democracia, los Estados deben actuar sobre la base de la licitud de las protestas o manifestaciones públicas y bajo el supuesto de que no constituyen una amenaza al orden público”. La responsabilidad de los Estados es la de garantizar la vida, integridad y seguridad de todas las personas que están manifestando y ejerciendo sus derechos y libertades públicas en las calles.

Por ahora, no hay una manifestación oficial y expresa del Gobierno para criminalizar la protesta pero cerraron fronteras y alistaron un decreto que les permite a los alcaldes imponer toque de queda, ley seca y restricciones a la movilidad, “por si acaso”. Adicionalmente, sí hay expresiones del Presidente y, en forma mucho más concreta, de amigos de su partido o de grupos como el “grupo ciudadano antidisturbios”, que consideran que quienes se manifestarán y las organizaciones que convocan al paro son responsables si se presentan acciones violentas o delictivas.

Es importante recordar que responsabilizar a las personas por este tipo de actos “preventivamente” no solo es una clara violación del principio de inocencia, es, además, una limitación arbitraria del derecho a la protesta social que vulnera los estándares internacionales de derechos humanos --como ya lo ha denunciado en otras oportunidades la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, por ejemplo en el caso de Nicaragua--.

Además de esto, hablemos de cómo la tecnología ha modificado también las protestas. En los preludios del 21 de noviembre podemos ver al menos dos ejemplos: las malas prácticas en comunicaciones del Gobierno y los nuevos riesgos para las personas que se derivan del entorno digital en protestas.

Sobre malas prácticas en el uso de redes sociales por el Estado, veamos: Con la etiqueta #ColombiaNoPara, cuentas oficiales tan diferentes como ADRES (la administradora de los fondos de salud), Supertransporte, Supersalud, la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), la Agencia de Pesca, el Invías, el Teatro Colón, la Aeronáutica Civil y Colpensiones, por mencionar algunas, se unieron el 19 de noviembre para coordinar mensajes de gobierno. Cada día cambia la etiqueta y se despliegan nuevos mensajes coordinados que el Gobierno quiere desplegar usando las cuentas oficiales de diferentes instituciones, inclusive las que no responden a Presidencia, para disuadir a las personas de protestar.

Esta estrategia la hemos visto en el pasado, por ejemplo, cuando se dio la crisis de la posible censura a Santiago Rivas durante la discusión de la Ley TIC. El efecto es un peligroso “unanimismo de Estado” que obliga a todas las organizaciones y funcionarios del Estado a unirse a lo que es prioridad de solo algunos en el gobierno. No solo es un irrespeto para la audiencia de las cuentas de estas instituciones, también hace que entidades que no responden al gobierno de turno, sino a los objetivos del sector público adopten posiciones que no necesariamente comparten y en temas que no son parte de sus objetivos. ¿Acaso no hay crítica sobre estos manejos al interior del Gobierno? La situación confirma que están confundiendo la frontera entre gobierno y Estado y complicándose con libertad de expresión.

Por otra parte, sobre los riesgos digitales que enfrentan las personas, el contexto lo dan recientes protestas alrededor del mundo que evidencian que algunas de las acciones de las autoridades son para ejercer control en la difusión de información y para disuadir a las personas de salir a protestar.

Las protestas ciudadanas alrededor del mundo se están enfrentando a un sinnúmero de tácticas gubernamentales que afectan el ejercicio de este derecho en espacio digitales. En Hong Kong, se aprobó preliminarmente una prohibición para difundir información sobre el uso de violencia contra personas o inmuebles, lo que podría afectar la denuncia de abusos policiales, y también se prohibió el uso de máscaras durante las protestas, si bien la Corte Suprema declaró la medida inconstitucional. En la región de Kashmir, las autoridades indias bloquearon internet provocando, entre otros daños, el desabastecimiento de medicinas. Adicionalmente, recientemente en Irak e Irán también se bloqueó el acceso a internet a medida que se intensificaban las protestas.

En nuestra región, se identificó durante las recientes protestas en Ecuador el bloqueo de servicios como Facebook y WhatsApp. Y, en Chile, se sintió la afectación en un incremento en los bloqueos de contenidos por las plataformas.

En Colombia, se han presentado allanamientos a varios artistas urbanos y al menos a un medio alternativo, Cartel Urbano, que han sido calificados como intimidatorios. En estos allanamientos se habla de la revisión y secuestro de dispositivos.

Otras personas están indicando que aumentan los bloqueos de contenidos en redes sociales. Es importante indicar que esto puede no estar relacionado con una solicitud del Gobierno de turno, sino con la tendencia mundial a controlar contenidos, entre otros, porque se consideran violentos y terroristas, lo que ha llevado a las plataformas a ser más celosas en bloquear más contenidos. Esto se adoba con la solicitud del Centro Cibernético de la Policía para que la revista 070 de la Universidad de los Andes retire de internet su “Manual de autoprotección contra el Esmad”, porque la Policía lo considera material que incita a la violencia y la calumnia, desconociendo con ello estándares de derechos humanos aplicables.

Bloquear u obstaculizar el acceso a internet o las redes telefónicas, censurar contenidos o cuentas de redes sociales, entre otras acciones, son una forma directa de vulnerar los derechos a la comunicación, la libertad de expresión y al acceso y difusión de la información. Hoy más que nunca, dependemos de estos medios para conocer sobre lo que está ocurriendo, dar a conocer abusos y hechos de interés público, y para comunicarnos con amistades y personas cercanas.

Escribo esta columna en el día antes del paro y se publicará el día después. No me queda sino esperar que haya exagerado en las suspicacias; esperar que en Colombia no se altere masivamente el funcionamiento de las comunicaciones durante esta movilización social y que todo transcurra en paz. Si usted conoció interrupciones a las comunicaciones y contenidos que crea están vinculados con el paro, por favor, déjenos saberlo a contacto@karisma.org.co. Queremos documentarlos.

Nunca en Colombia habíamos visto a un gobierno prepararse tanto para un paro. Considerando la situación de la región, tampoco es para decir que no deberían hacerlo. Sin embargo, el esfuerzo parece estar más dirigido a generar miedo para evitar que la gente salga a protestar, que a crear un ambiente seguro para permitir la manifestación popular.

Dentro del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, del que Colombia hace parte, se afirma que “en democracia, los Estados deben actuar sobre la base de la licitud de las protestas o manifestaciones públicas y bajo el supuesto de que no constituyen una amenaza al orden público”. La responsabilidad de los Estados es la de garantizar la vida, integridad y seguridad de todas las personas que están manifestando y ejerciendo sus derechos y libertades públicas en las calles.

Por ahora, no hay una manifestación oficial y expresa del Gobierno para criminalizar la protesta pero cerraron fronteras y alistaron un decreto que les permite a los alcaldes imponer toque de queda, ley seca y restricciones a la movilidad, “por si acaso”. Adicionalmente, sí hay expresiones del Presidente y, en forma mucho más concreta, de amigos de su partido o de grupos como el “grupo ciudadano antidisturbios”, que consideran que quienes se manifestarán y las organizaciones que convocan al paro son responsables si se presentan acciones violentas o delictivas.

Es importante recordar que responsabilizar a las personas por este tipo de actos “preventivamente” no solo es una clara violación del principio de inocencia, es, además, una limitación arbitraria del derecho a la protesta social que vulnera los estándares internacionales de derechos humanos --como ya lo ha denunciado en otras oportunidades la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, por ejemplo en el caso de Nicaragua--.

Además de esto, hablemos de cómo la tecnología ha modificado también las protestas. En los preludios del 21 de noviembre podemos ver al menos dos ejemplos: las malas prácticas en comunicaciones del Gobierno y los nuevos riesgos para las personas que se derivan del entorno digital en protestas.

Sobre malas prácticas en el uso de redes sociales por el Estado, veamos: Con la etiqueta #ColombiaNoPara, cuentas oficiales tan diferentes como ADRES (la administradora de los fondos de salud), Supertransporte, Supersalud, la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), la Agencia de Pesca, el Invías, el Teatro Colón, la Aeronáutica Civil y Colpensiones, por mencionar algunas, se unieron el 19 de noviembre para coordinar mensajes de gobierno. Cada día cambia la etiqueta y se despliegan nuevos mensajes coordinados que el Gobierno quiere desplegar usando las cuentas oficiales de diferentes instituciones, inclusive las que no responden a Presidencia, para disuadir a las personas de protestar.

Esta estrategia la hemos visto en el pasado, por ejemplo, cuando se dio la crisis de la posible censura a Santiago Rivas durante la discusión de la Ley TIC. El efecto es un peligroso “unanimismo de Estado” que obliga a todas las organizaciones y funcionarios del Estado a unirse a lo que es prioridad de solo algunos en el gobierno. No solo es un irrespeto para la audiencia de las cuentas de estas instituciones, también hace que entidades que no responden al gobierno de turno, sino a los objetivos del sector público adopten posiciones que no necesariamente comparten y en temas que no son parte de sus objetivos. ¿Acaso no hay crítica sobre estos manejos al interior del Gobierno? La situación confirma que están confundiendo la frontera entre gobierno y Estado y complicándose con libertad de expresión.

Por otra parte, sobre los riesgos digitales que enfrentan las personas, el contexto lo dan recientes protestas alrededor del mundo que evidencian que algunas de las acciones de las autoridades son para ejercer control en la difusión de información y para disuadir a las personas de salir a protestar.

Las protestas ciudadanas alrededor del mundo se están enfrentando a un sinnúmero de tácticas gubernamentales que afectan el ejercicio de este derecho en espacio digitales. En Hong Kong, se aprobó preliminarmente una prohibición para difundir información sobre el uso de violencia contra personas o inmuebles, lo que podría afectar la denuncia de abusos policiales, y también se prohibió el uso de máscaras durante las protestas, si bien la Corte Suprema declaró la medida inconstitucional. En la región de Kashmir, las autoridades indias bloquearon internet provocando, entre otros daños, el desabastecimiento de medicinas. Adicionalmente, recientemente en Irak e Irán también se bloqueó el acceso a internet a medida que se intensificaban las protestas.

En nuestra región, se identificó durante las recientes protestas en Ecuador el bloqueo de servicios como Facebook y WhatsApp. Y, en Chile, se sintió la afectación en un incremento en los bloqueos de contenidos por las plataformas.

En Colombia, se han presentado allanamientos a varios artistas urbanos y al menos a un medio alternativo, Cartel Urbano, que han sido calificados como intimidatorios. En estos allanamientos se habla de la revisión y secuestro de dispositivos.

Otras personas están indicando que aumentan los bloqueos de contenidos en redes sociales. Es importante indicar que esto puede no estar relacionado con una solicitud del Gobierno de turno, sino con la tendencia mundial a controlar contenidos, entre otros, porque se consideran violentos y terroristas, lo que ha llevado a las plataformas a ser más celosas en bloquear más contenidos. Esto se adoba con la solicitud del Centro Cibernético de la Policía para que la revista 070 de la Universidad de los Andes retire de internet su “Manual de autoprotección contra el Esmad”, porque la Policía lo considera material que incita a la violencia y la calumnia, desconociendo con ello estándares de derechos humanos aplicables.

Bloquear u obstaculizar el acceso a internet o las redes telefónicas, censurar contenidos o cuentas de redes sociales, entre otras acciones, son una forma directa de vulnerar los derechos a la comunicación, la libertad de expresión y al acceso y difusión de la información. Hoy más que nunca, dependemos de estos medios para conocer sobre lo que está ocurriendo, dar a conocer abusos y hechos de interés público, y para comunicarnos con amistades y personas cercanas.

Escribo esta columna en el día antes del paro y se publicará el día después. No me queda sino esperar que haya exagerado en las suspicacias; esperar que en Colombia no se altere masivamente el funcionamiento de las comunicaciones durante esta movilización social y que todo transcurra en paz. Si usted conoció interrupciones a las comunicaciones y contenidos que crea están vinculados con el paro, por favor, déjenos saberlo a contacto@karisma.org.co. Queremos documentarlos.