Todos los documentos, discursos o explicaciones que la administración de Iván Duque hace sobre su proyecto de ley de Modernización TIC afirman que cerrar la brecha digital es su motor. “Vamos a conectar Colombia y lo vamos a hacer bien”, repite el Gobierno frente a casi cualquier pregunta sobre esta ley.
¿Cómo lo harán? Con la fórmula de siempre: que las grandes empresas que prestan servicios de telecomunicaciones lleven la conectividad a las regiones, incluso a las más apartadas. De hecho, por eso es que el Ministerio TIC explica que se debe permitir asignar el espectro hasta por 30 años, prorrogables otro tanto, para que puedan recuperar las grandes inversiones que esto supone.
Creo que es un error entregar el espectro por tanto tiempo. Si esta es la justificación, como mínimo, deberían asignar plazos diferenciales que lo reflejen, de lo contrario, el plazo tan amplio se convertirá en la regla –que fue lo que muchos vimos al leer el proyecto–. Ahora bien, hoy no me voy a detener acá, lo que quiero es contarles que esta no es la única manera; el proyecto de ley debe reconocer otras opciones. También quiero decirles que la ausencia de debate está evitando que buenas ideas –como esta de que el proyecto apueste a varios modelos para cerrar la brecha– se socialicen para mejorar el texto.
Quiero contarles que ya existen otras formas de llevar conectividad a sitios apartados. Allí algunas comunidades están construyendo su propia infraestructura. Buscan suplir sus necesidades y usan esquemas alternativos y solidarios sin contar hasta ahora con el apoyo del Estado, a pesar de la precariedad latente en zonas apartadas, donde ni siquiera se puede confiar en que habrá un buen suministro de energía.
Estas comunidades no son simples consumidoras pasivas en espera de que el mercado las provea. Ellas están creando sus propias infraestructuras de red, financian los equipos, aprovechan el espectro libre y se comunican entre ellos donde no hay empresas que los conecten. Si pudieran acceder a franjas del espectro y a apoyos del Estado, ¡lo harían mucho mejor!
Ahora bien, reconozco que con el propósito de cerrar la brecha digital el proyecto de ley hace un cambio muy positivo. Establece que la gestión del espectro no es solo para lograr ganancia económica, sino que tiene una función social. Lo que falta es que reconozca que existen redes privadas, gestionadas desde lo local, sin fines de lucro, que trabajan para reducir su propia brecha digital, ofrecer contenidos y servicios de calidad y de relevancia local. Además, con este paso se les haría un merecido reconocimiento como protagonistas en la promoción de la apropiación social de la ciencia y las tecnologías, el emprendimiento, el uso innovador de las TIC, etcétera, en poblaciones apartadas.
Acá pueden conocer la carta que un grupo de personas que trabajan en estas redes en Colombia –con el apoyo de Colnodo y Karisma, donde trabajo– elaboramos para hacer llegar al Ministerio y a los congresistas de las Comisiones Sexta del Congreso. La carta explica lo que debe cambiar en el marco legal del país para que estudiantes de la Uniclaretiana de Quibdó (Chocó), la comunidad de RedINC Comunitaria de Buenos Aires (Cauca), NuestraRed.org en Ulloa (Valle), la Corporación ApropiACYT, en Popayán (Cauca), Network Bogotá en Bogotá, Ageia Densi Colombia, Ascolbi y muchos más, hagan realidad que estas redes sigan conectando a sus comunidades.
De otra parte, presenté la versión inicial de la carta en la audiencia pública del proyecto que se llevó a cabo el 20 de noviembre. Sin embargo, allí lo que hubo fue sobre todo un coro de halagos y alabanzas al Gobierno que no dejaban escuchar y discutir los problemas, los vacíos y las propuestas alternativas.
La audiencia empezó a las 10 a.m. y terminó hacia las 4 p.m. Durante las primeras cuatro horas, escuchamos a incontables funcionarios públicos, a congresistas y representantes de medios decir uno tras otro que “la ley es buena”, “felicitaciones a los autores”, “tenemos que aprobarla o estamos condenados al atraso”, “quizá tan solo una cosita acá…”. Pasada la 1 p.m. se oyeron las primeras voces críticas, pero fue realmente cuando se acabó la transmisión de canal del Congreso y se fueron la mayoría de los asistentes (entre las tres y las cuatro) cuando se oyó a otros sectores y voces.
La congresista María José Pizarro lo advirtió: no parecía una audiencia pública en la que los congresistas se informan del tema en la voz de expertos e interesados, no, era una ronda de cervezas entre amigos (esto último lo digo yo). Lo malo de estas prácticas es que no permiten escuchar, evaluar y hacer los ajustes a las normas que luego regirán nuestras vidas y… así nos va.
Ojalá esta demanda de las comunidades para que se reconozcan las redes privadas sin ánimo de lucro sea tenida en cuenta por Gobierno y congresistas.
Todos los documentos, discursos o explicaciones que la administración de Iván Duque hace sobre su proyecto de ley de Modernización TIC afirman que cerrar la brecha digital es su motor. “Vamos a conectar Colombia y lo vamos a hacer bien”, repite el Gobierno frente a casi cualquier pregunta sobre esta ley.
¿Cómo lo harán? Con la fórmula de siempre: que las grandes empresas que prestan servicios de telecomunicaciones lleven la conectividad a las regiones, incluso a las más apartadas. De hecho, por eso es que el Ministerio TIC explica que se debe permitir asignar el espectro hasta por 30 años, prorrogables otro tanto, para que puedan recuperar las grandes inversiones que esto supone.
Creo que es un error entregar el espectro por tanto tiempo. Si esta es la justificación, como mínimo, deberían asignar plazos diferenciales que lo reflejen, de lo contrario, el plazo tan amplio se convertirá en la regla –que fue lo que muchos vimos al leer el proyecto–. Ahora bien, hoy no me voy a detener acá, lo que quiero es contarles que esta no es la única manera; el proyecto de ley debe reconocer otras opciones. También quiero decirles que la ausencia de debate está evitando que buenas ideas –como esta de que el proyecto apueste a varios modelos para cerrar la brecha– se socialicen para mejorar el texto.
Quiero contarles que ya existen otras formas de llevar conectividad a sitios apartados. Allí algunas comunidades están construyendo su propia infraestructura. Buscan suplir sus necesidades y usan esquemas alternativos y solidarios sin contar hasta ahora con el apoyo del Estado, a pesar de la precariedad latente en zonas apartadas, donde ni siquiera se puede confiar en que habrá un buen suministro de energía.
Estas comunidades no son simples consumidoras pasivas en espera de que el mercado las provea. Ellas están creando sus propias infraestructuras de red, financian los equipos, aprovechan el espectro libre y se comunican entre ellos donde no hay empresas que los conecten. Si pudieran acceder a franjas del espectro y a apoyos del Estado, ¡lo harían mucho mejor!
Ahora bien, reconozco que con el propósito de cerrar la brecha digital el proyecto de ley hace un cambio muy positivo. Establece que la gestión del espectro no es solo para lograr ganancia económica, sino que tiene una función social. Lo que falta es que reconozca que existen redes privadas, gestionadas desde lo local, sin fines de lucro, que trabajan para reducir su propia brecha digital, ofrecer contenidos y servicios de calidad y de relevancia local. Además, con este paso se les haría un merecido reconocimiento como protagonistas en la promoción de la apropiación social de la ciencia y las tecnologías, el emprendimiento, el uso innovador de las TIC, etcétera, en poblaciones apartadas.
Acá pueden conocer la carta que un grupo de personas que trabajan en estas redes en Colombia –con el apoyo de Colnodo y Karisma, donde trabajo– elaboramos para hacer llegar al Ministerio y a los congresistas de las Comisiones Sexta del Congreso. La carta explica lo que debe cambiar en el marco legal del país para que estudiantes de la Uniclaretiana de Quibdó (Chocó), la comunidad de RedINC Comunitaria de Buenos Aires (Cauca), NuestraRed.org en Ulloa (Valle), la Corporación ApropiACYT, en Popayán (Cauca), Network Bogotá en Bogotá, Ageia Densi Colombia, Ascolbi y muchos más, hagan realidad que estas redes sigan conectando a sus comunidades.
De otra parte, presenté la versión inicial de la carta en la audiencia pública del proyecto que se llevó a cabo el 20 de noviembre. Sin embargo, allí lo que hubo fue sobre todo un coro de halagos y alabanzas al Gobierno que no dejaban escuchar y discutir los problemas, los vacíos y las propuestas alternativas.
La audiencia empezó a las 10 a.m. y terminó hacia las 4 p.m. Durante las primeras cuatro horas, escuchamos a incontables funcionarios públicos, a congresistas y representantes de medios decir uno tras otro que “la ley es buena”, “felicitaciones a los autores”, “tenemos que aprobarla o estamos condenados al atraso”, “quizá tan solo una cosita acá…”. Pasada la 1 p.m. se oyeron las primeras voces críticas, pero fue realmente cuando se acabó la transmisión de canal del Congreso y se fueron la mayoría de los asistentes (entre las tres y las cuatro) cuando se oyó a otros sectores y voces.
La congresista María José Pizarro lo advirtió: no parecía una audiencia pública en la que los congresistas se informan del tema en la voz de expertos e interesados, no, era una ronda de cervezas entre amigos (esto último lo digo yo). Lo malo de estas prácticas es que no permiten escuchar, evaluar y hacer los ajustes a las normas que luego regirán nuestras vidas y… así nos va.
Ojalá esta demanda de las comunidades para que se reconozcan las redes privadas sin ánimo de lucro sea tenida en cuenta por Gobierno y congresistas.