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Les cuento lo que creo que va a pasar con #LeyLleras y además hago unas reflexiones sobre cómo las nuevas formas de hacer publicidad pueden afectar a los votantes.
El jueves la ministra de Comercio estaba en Washington para convencer a EE.UU. de dar el aval para el ingreso de Colombia a la OECD. Uno de los peros es que el país ha fallado en reformar el derecho de autor. Mientras eso sucedía, recordaba que en 2012 empujaron la Ley Lleras 2 en el Congreso por fast track justo por esta misma época porque sin ella el presidente Santos no podría tomarse la foto con Obama en Cartagena firmando el TLC. No me sorprendería que esto nos sucediera otra vez.
Les propongo que hagamos ruido en el fin de semana de elecciones para mover la etiqueta #LeyLlerasADebate. Llamemos la atención de los actuales y futuros congresistas para que analicen bien cómo esa norma debe responder a las realidades del mundo digital y no solo a las presiones de las grandes industrias del entretenimiento de los grandes países. Seguro que el fast track no sirve para que afiancemos el proceso de paz, pero funciona perfecto (ya pasó una vez) bajo la presión de nuestros socios comerciales.
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Sigamos hablando de elecciones y de cómo las normas electorales regulan detalladamente la publicidad. Tiene sentido, pues se sabe que la publicidad afecta la opinión de los votantes. Por eso, las normas detallan cómo, cuándo, dónde y cuánto se puede invertir en publicidad. Sin embargo cuando se trata de lo que invierten las campañas en nuevas formas de comunicación, el tema es mucho más ligero.
Durante la última década, ha crecido en forma significativa el uso de las TIC en las campañas y esto ha cambiado la forma como usan los nuevos medios y gestionan información. Y tienen razón, los avances tecnológicos les dan a los candidatos más opciones para llegar a más personas con un menor esfuerzo. Les da la posibilidad de alcanzar a nuevas audiencias y, sobre todo, la capacidad de perfilar audiencias concretas y comunicarse directamente con sus seguidores, para motivarlos a votar o, con otros, para motivarlos a cambiar el voto o incluso llamarlos a no votar.
En Colombia, la penetración de internet no es del 100%, por tanto, las formas tradicionales de usar la publicidad por las campañas siguen siendo importantes, todos sentimos el creciente uso de otras formas de publicidad, cada vez vemos más mensajes de WhatsApp, comentarios de influenciadores pagos, publirreportajes, etcétera. Sin embargo, como sucede con otros temas, no ha habido tiempo de actualizar la ley electoral de modo que se puedan enfrentar estos cambios. Pero ya parece que no nos queda mucho tiempo porque los problemas van creciendo.
Así, por ejemplo, los estudiantes y profesores de la Universidad Sergio Arboleda han estado recibiendo en sus correo y teléfonos celulares propaganda política a favor de Zayda Barrero, esposa del rector y candidata del Centro Democrático al Senado. Los correos llegan desde la agencia que maneja la cuenta de la candidata. Ella se excusa en esa tercerización para indicar que no es su responsabilidad. La Universidad dice que no hay una directriz institucional ni han actuado para que esto se diera; prometieron investigar.
De acuerdo con la ley de protección de datos, el responsable de la base de datos no solo lo es para recoger datos y usarlos, debe también cuidarlos. La recolección de datos debe tener una finalidad concreta y debe estar determinada por la actividad que desarrolla quien los recolecta. Como he dicho en otras oportunidades, si tengo una panadería con un sistema de cliente frecuente, que recoge datos personales para promover sus ofertas especiales, ese es el fin para el que puedo usar los datos. No podría desarrollar un negocio paralelo de venta de los datos de mis clientes, tampoco entregarlos para que los aproveche el negocio de un amigo.
No hace falta cambiar la ley electoral para empezar a ver los problemas de este caso:
La Universidad debería preocuparse por cuidar sus bases de datos. No parece muy creíble que sin su autorización o, como mínimo, sin su omisión o descuido, las bases de datos de toda su comunidad estén en manos de la agencia de publicidad de la esposa del rector.
La candidata no puede lavarse las manos de lo que hace una agencia en su nombre. ¿Acaso la ventaja de poder llegar a sus seguidores directamente no merece que supervise lo que hacen en su nombre? Además, seguro que si le preguntan a la agencia dirá exactamente eso: lo hacemos en su nombre y muy seguramente mostrarán un contrato donde la candidata o el partido firmaron que los datos personales de las estrategias de comunicación directa que usen en la campaña son responsabilidad de la candidata o el partido.
El caso de la Sergio Arboleda no es el único, pero es bueno para analizar el problema de la ligereza con que las campañas usan los datos de las personas. Ya va siendo hora de que nos pongamos serios. No todo vale, los partidos y candidatos deben vigilar más y evitar malas prácticas y actuaciones ilegales en sus campañas.