La Dirección Nacional de Derecho de Autor (DNDA) viene consultando a los colombianos las propuestas de tratados de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), en un ejercicio que es bastante inútil.
La DNDA pide comentarios sin que indique para qué se usarán, ni dé a conocer los que se presentan, ni ofrezca información más allá de la que hace pública la OMPI. En suma algo elogiable si no fuera por que cada vez más parece cumplir una simple formalidad.
Eso sucedió con el tratado para personas ciegas y con baja visión. En ese caso, además, el proceso no era accesible para ellos, y algo similar puede pasar con la actual consulta sobre el tratado para organismos de radiodifusión. Este último da a los organismos de radiodifusión una protección de 50 años, en un sistema análogo al de derecho de autor, sobre el contenido que difunden, incluso si no es de ellos. Así, una emisora que transmite música licenciada con Creative Commons o de dominio público podría legalmente prohibir que otros copien o redistribuyan esa transmisión. Las normas de este tratado podrían evitar que evolucionen servicios para evitar comerciales en TV, por ejemplo (algo que ya sucede en EEUU). Se ha propuesto incluso que su texto sea extensivo a Internet. Un tratado así se justifica, como siempre, en la piratería, sin siquiera intentar demostrar el fondo de tal sustento. Tampoco se analizan los efectos que sí tendría para educadores, negocios, bibliotecas, usuarios de Internet, etcétera. Pero, ¿escucharía la DNDA eso si se lo contamos?
*****
Resalto un primer resultado de la agenda positiva para derechos fundamentales en la era digital: el martes el Senado aprobó en segundo debate el proyecto de ley 138 que propone una solución integral al acceso al conocimiento y a la tecnología para colombianos ciegos y de baja visión, reconociendo sus intereses y sus necesidades. La comunidad de ciegos agradeció, en carta al autor del proyecto -senador Galán, su papel en este proceso y la forma como los involucró en un proyecto que atiende una deuda del país que ya cumple 30 años.
La Dirección Nacional de Derecho de Autor (DNDA) viene consultando a los colombianos las propuestas de tratados de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), en un ejercicio que es bastante inútil.
La DNDA pide comentarios sin que indique para qué se usarán, ni dé a conocer los que se presentan, ni ofrezca información más allá de la que hace pública la OMPI. En suma algo elogiable si no fuera por que cada vez más parece cumplir una simple formalidad.
Eso sucedió con el tratado para personas ciegas y con baja visión. En ese caso, además, el proceso no era accesible para ellos, y algo similar puede pasar con la actual consulta sobre el tratado para organismos de radiodifusión. Este último da a los organismos de radiodifusión una protección de 50 años, en un sistema análogo al de derecho de autor, sobre el contenido que difunden, incluso si no es de ellos. Así, una emisora que transmite música licenciada con Creative Commons o de dominio público podría legalmente prohibir que otros copien o redistribuyan esa transmisión. Las normas de este tratado podrían evitar que evolucionen servicios para evitar comerciales en TV, por ejemplo (algo que ya sucede en EEUU). Se ha propuesto incluso que su texto sea extensivo a Internet. Un tratado así se justifica, como siempre, en la piratería, sin siquiera intentar demostrar el fondo de tal sustento. Tampoco se analizan los efectos que sí tendría para educadores, negocios, bibliotecas, usuarios de Internet, etcétera. Pero, ¿escucharía la DNDA eso si se lo contamos?
*****
Resalto un primer resultado de la agenda positiva para derechos fundamentales en la era digital: el martes el Senado aprobó en segundo debate el proyecto de ley 138 que propone una solución integral al acceso al conocimiento y a la tecnología para colombianos ciegos y de baja visión, reconociendo sus intereses y sus necesidades. La comunidad de ciegos agradeció, en carta al autor del proyecto -senador Galán, su papel en este proceso y la forma como los involucró en un proyecto que atiende una deuda del país que ya cumple 30 años.