La política pública en materia de seguridad digital comenzó a desarrollarse en Colombia en 2011 con el primer CONPES de ciberseguridad. Desde entonces ha habido importantes avances y cambios en el sector, siendo el principal la transición de una visión militarista hacia una centrada en las personas. Ahora que el foco está en ellas se requiere de un enfoque de equidad, diversidad e inclusión.
El tema de la seguridad digital vuelve a la agenda pública porque forma parte de las discusiones del Plan Nacional de Desarrollo (PND) dentro del tema de “Transformación social y económica de Colombia a través de las TIC”,
El PND retoma el marco jurídico de la seguridad digital en el país que se rediseñó completamente desde el Conpes 3995 y se desarrolló en el Decreto 338 de este año. El PND definirá los recursos que este gobierno destinará a esa política nacional.
Lo primero que debemos decir es que en ese marco de seguridad digital se creó una compleja estructura que incluye unos Equipos de Respuesta a Incidentes de Seguridad (CSIRT por su sigla en inglés) que no solo estarán a nivel nacional y en las regiones que tengan más de 300.000 habitantes, también se articulará con CSIRTs sectoriales del ámbito privado.
Los CSIRT son equipos que proveen capacidades de gestión de incidentes, buscan minimizar y controlar el daño resultante proporcionando mecanismos de respuesta, contención y recuperación efectiva. También se encargan de prevenir la ocurrencia de futuros incidentes (lo que supone gestionar vulnerabilidades, por ejemplo) o de lidiar con situaciones como las que vive desde hace meses el INVIMA debido a ataques a sus sistemas informáticos.
En términos del Decreto 338, habrá CSIRTs de gobierno, inteligencia, sectoriales (para industrias puntuales, incluyendo los de “infraestructura crítica”) y defensa.
Una estructura tan compleja como esta va a requerir una fuerza de trabajo especializada importante que se ocupe de los desafíos de seguridad digital de la transformación digital que vivimos. En Karisma, donde trabajo, creemos que esta tarea no se puede dejar solo en manos del habitual experto de seguridad digital: hombre blanco heterosexual. Si queremos que el Estado efectivamente tenga la capacidad de analizar y responder a los múltiples riesgos que enfrenta y que lo haga poniendo en el centro a de todas las personas que habitamos el territorio, en esos CSIRT tiene que haber todo tipo de personas.
El PND dará los lineamientos sobre cómo financiar la creación de esos CSIRT en línea con los ejes prioritarios del Gobierno del presidente Petro, entre los que está el enfoque de género. Por tanto, proponemos que esa financiación se establezca de forma que garantice que los CSIRT tengan una adecuada representación de mujeres y deberían también incorporar a personas de otros grupos poblacionales que usualmente no están representados en este sector de la seguridad digital.
El reto es grande. Vasu Jakkal, vicepresidenta corporativa de seguridad,cumplimiento, identidad y gestión de Microsoft, indicaba hace unos meses que a nivel mundial en este sector se contaba con 2.5 millones de puestos de trabajo, de los cuales faltaba por ocupar 1 millón. Si nos atenemos a estas cifras es claro que la gestión de la seguridad digital, es uno de esos pocos campos en que la oferta excede por mucho a la demanda. Para nuestro país, incluso si tomamos con pinzas los datos por no ser específicos a Colombia, lo que podemos suponer es que la situación es simplemente peor.
En medio de la crisis de empleos que enfrentamos y en las puertas de una recesión mundial, es una noticia que este sector ofrece grandes oportunidades de empleo, alqo que se materializa localmente en el PND que destinará los recursos para que se ponga en marcha la política. Por eso parece prudente que se considere el impacto presupuestal e incluso la verdadera capacidad para proveer el 100% de esos empleos. Es posible anticipar la dificultad para lograr proveer la totalidad de los puestos y que de conseguirlo esta fuerza laboral será costosa. Quizá el gobierno deberá pensar en un plan escalonado, priorizando dónde iniciará la implementación y cómo la escala.
En su texto Vasu Jakkal habla desde su experiencia y reflexiona sobre la falta de mujeres en este campo. El texto fue publicado en el marco de la celebración del día de la mujer en 2022 e incluye algunos resultados de una encuesta realizada por la empresa que confirma mitos como que la seguridad digital es un tema poco femenino. En todo caso Jakkal lo dice claro, para 2021 tan solo el 25% de los cargos en seguridad digital son ocupados por mujeres.
Cualquiera que haya intentado contratar mujeres en este sector en Colombia sabe que son pocas las que se dedican a este tema. Por eso el PND representa una gran oportunidad para avanzar aumentar su presencia y aportar resultados a los ejes transversales de este gobierno. El PND puede tomar medidas que aprovechen la creación de esos nuevos puestos de trabajo para incorporar el enfoque de género y trabajar en general en inyectar diversidad a este sector.
Así, el PND debería incluir una cuota de género del 25% -equivalente a la cifra citada para el mercado internacional-, que se revise periódicamente (cada 3 años por ejemplo) para ajustar hasta llegar al 50%. Además el Estado colombiano puede incentivar programas con universidades y empresas para promover estudios de seguridad digital para mujeres y otras poblaciones no representadas en el sector, de modo que se diversifique la oferta y se impacte el sector.
Finalmente, el PND también puede crear obligaciones para alentar a las empresas y al gobierno -en su calidad de empleador-, a generar espacios seguros para estas personas. De nada servirá aumentar la oferta si el ambiente no es amigable. Los datos son claros, se sabe que es necesario superar las barreras y percepciones negativas e incluso mitos, que afectan la incorporación de estas personas a este tipo de ambientes laborales.
Aprovechemos la oportunidad para que Colombia se una a la tendencia mundial de mejorar la diversidad en el sector, incentivando la presencia de mujeres.