Primera mirada a la Estrategia Nacional Digital
El Departamento Nacional de Planeación (DNP) lanzó esta semana la Estrategia Nacional Digital (END) que plantea las apuestas y metas del gobierno en materia de política digital. El documento ofrece herramientas de coordinación y medición; además, permite dimensionar las prioridades de su inversión. Hay expectativas de todos los sectores con su implementación. Eso sí, me llamó la atención la acogida del sector privado durante el lanzamiento.
La END gira en torno a ocho ejes estratégicos: Conectividad digital; Acceso, uso y aprovechamiento de datos; Seguridad y confianza digital; Habilidades y talento digital; Inteligencia artificial y otras tecnologías emergentes; Transformación digital pública; Economía digital; y Sociedad digital. Cualquiera de estos temas daría para uno o varios artículos, pero la idea acá es dar mis primeras impresiones generales.
La END deja claro que el nivel de conectividad que ha alcanzado el país supone que el principal desafío está en llegar a la ruralidad y los territorios remotos. Soy de las que ha insistido en que, para no dejar a nadie atrás en conectividad a internet, se requiere un esfuerzo colectivo -más allá del Estado y del sector privado- en los territorios remotos que están incluso en las goteras de la capital. Por eso, me alegra que las propias comunidades tengan un rol protagónico en la END. Celebro que esta hoja de ruta confirme y ratifique que para el gobierno importan y dará marco a las conectividades comunitarias.
Sin embargo, la END se queda corta al profundizar el enfoque diferencial más allá de la distancia campo/ciudad y, por tanto, falla en estrategias. Sí, tiene apuestas que priorizan usos, pero es sobre todo pobre en estrategias para las necesidades de determinadas poblaciones: solo aborda algunas y solo en unos ejes. En el de Sociedad digital se menciona a mujeres y personas con discapacidad, mientras que en Habilidades y talentos se menciona a los y las estudiantes a quienes la conectividad no llega en las escuelas públicas, y en Seguridad y confianza digital menciona a niños, niñas y adolescentes como población con riesgos especiales. Es un avance, pero es una aproximación insuficiente.
Este vacío puede deberse a que la medida de transformación digital se hace con la Encuesta de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en Hogares de MinTIC (2021 es la que referencian, aunque ya está la de 2022). Esa encuesta informa a la END y tiene también ese punto ciego: carece de una fuerte perspectiva diferencial.
Aunque la encuesta tiene datos brutos que aportan más detalles como género, estos no se ven en los resúmenes e infografías -toca buscarlos- y, en todo caso, no profundiza en datos desagregados por edad, diversidad sexual, etnia, discapacidades o condición económica en relación con los indicadores que explora. Entonces, la encuesta termina ignorando los detalles de cómo se vive realmente la desconexión. Con base en esos datos, la END sigue el mismo camino, en un tema en el que uno esperaría que este gobierno tuviera más sensibilidad. Una propuesta acá: poner la encuesta en la agenda de la vicepresidenta, quien podría trabajar con el DANE para buscar obtener datos más desagregados. Que las poblaciones se vean en los datos es clave para su labor en el Ministerio de la Igualdad.
Volvamos a la END: en una conversación con el DNP hablaban de la END como un documento vivo y dijeron que, para entender mejor la brecha digital, trabajan en dos mediciones: la canasta básica digital y el índice de pobreza digital, desarrollando el concepto universal and meaningful connectivity (conectividad universal y significativa) de la ITU (órgano de telecomunicaciones de la ONU).
Tengo curiosidad por ver cómo avanza esto. En Brasil han hecho algunas aproximaciones a desarrollar ese concepto en los datos, para ofrecer más complejidad a la brecha digital. El caso de estudio de Brasil muestra datos desagregados campo/ciudad, capacidad económica, y usos -no tanto poblaciones, debo decir-, y con esto están informando su política pública. Definitivamente es algo en lo que espero que el DNP ofrezca más información y tenga procesos de construcción participativos. Me temo que con buenos datos veremos cómo la cara de la brecha es no sólo femenina, sino marcadamente anciana, indígena, campesina y afro, por no decir de personas con discapacidad o personas migrantes, y con esos datos podríamos analizar cómo estamos trabajando para cerrarla.
Otro punto para resaltar es que la END se aproxima a la tecnología como una herramienta de desarrollo social y económico: el gobierno busca que la tecnología sirva como una forma de intervención en política pública para mejorar la vida de las personas. Visto así, no solamente debe plantear los logros esperados, sino también incorporar un análisis de riesgos y las estrategias de mitigación que deben formar parte también del mecanismo de seguimiento; esto le daría una dimensión de derechos que en este momento le falta.
Un riesgo que requiere mitigación y seguimiento es la apuesta por la digitalización del sector justicia. Esta es una necesidad; sin embargo, falta reconocer la preocupación -hay una importante literatura en la materia- sobre este tema, que va desde los problemas de depender de infraestructuras privadas, pasando por la afectación de derechos que no pueden ser desconocidos. Esta estrategia no debe abordarse sin fuertes e importantes frenos, evaluaciones y garantías para que la digitalización no afecte el derecho que tienen todas las personas que habitan el país a acceder a la justicia.
Otro riesgo que puedo anticipar se deriva de la apuesta por conectividad satelital. Es razonable que la END apueste por esto -ya que a varios lugares por mucho tiempo sólo llegará esa conectividad-; sin embargo, internacionalmente ya se discute cómo en ese mercado se presenta un desafío de concentración en torno a la empresa de Elon Musk (Starlink). La discusión parece dejar claro que esta sociedad no tiene herramientas para enfrentar una posición dominante que supone riesgos como el de soberanía y el de depender de una empresa multinacional cuyo modelo tiene serias dudas de sostenibilidad.
Finalmente, en la END es central la idea de incentivar el uso de datos y buscar su interoperabilidad para el desarrollo de la inteligencia artificial, la economía digital o la transformación digital en el Gobierno. Es una idea que se viene desarrollando desde antes y que se concretará en otros documentos (Conpes y proyectos de ley); por tanto, solo pretendo mencionar acá que, para evitar impactos negativos en derechos humanos, toca reconocer los riesgos y hacerlos parte de la discusión.
Veremos cómo avanza la transformación digital en este Gobierno, y sabremos en unos años si efectivamente consigue el propósito de poner en el centro a las personas.
El Departamento Nacional de Planeación (DNP) lanzó esta semana la Estrategia Nacional Digital (END) que plantea las apuestas y metas del gobierno en materia de política digital. El documento ofrece herramientas de coordinación y medición; además, permite dimensionar las prioridades de su inversión. Hay expectativas de todos los sectores con su implementación. Eso sí, me llamó la atención la acogida del sector privado durante el lanzamiento.
La END gira en torno a ocho ejes estratégicos: Conectividad digital; Acceso, uso y aprovechamiento de datos; Seguridad y confianza digital; Habilidades y talento digital; Inteligencia artificial y otras tecnologías emergentes; Transformación digital pública; Economía digital; y Sociedad digital. Cualquiera de estos temas daría para uno o varios artículos, pero la idea acá es dar mis primeras impresiones generales.
La END deja claro que el nivel de conectividad que ha alcanzado el país supone que el principal desafío está en llegar a la ruralidad y los territorios remotos. Soy de las que ha insistido en que, para no dejar a nadie atrás en conectividad a internet, se requiere un esfuerzo colectivo -más allá del Estado y del sector privado- en los territorios remotos que están incluso en las goteras de la capital. Por eso, me alegra que las propias comunidades tengan un rol protagónico en la END. Celebro que esta hoja de ruta confirme y ratifique que para el gobierno importan y dará marco a las conectividades comunitarias.
Sin embargo, la END se queda corta al profundizar el enfoque diferencial más allá de la distancia campo/ciudad y, por tanto, falla en estrategias. Sí, tiene apuestas que priorizan usos, pero es sobre todo pobre en estrategias para las necesidades de determinadas poblaciones: solo aborda algunas y solo en unos ejes. En el de Sociedad digital se menciona a mujeres y personas con discapacidad, mientras que en Habilidades y talentos se menciona a los y las estudiantes a quienes la conectividad no llega en las escuelas públicas, y en Seguridad y confianza digital menciona a niños, niñas y adolescentes como población con riesgos especiales. Es un avance, pero es una aproximación insuficiente.
Este vacío puede deberse a que la medida de transformación digital se hace con la Encuesta de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en Hogares de MinTIC (2021 es la que referencian, aunque ya está la de 2022). Esa encuesta informa a la END y tiene también ese punto ciego: carece de una fuerte perspectiva diferencial.
Aunque la encuesta tiene datos brutos que aportan más detalles como género, estos no se ven en los resúmenes e infografías -toca buscarlos- y, en todo caso, no profundiza en datos desagregados por edad, diversidad sexual, etnia, discapacidades o condición económica en relación con los indicadores que explora. Entonces, la encuesta termina ignorando los detalles de cómo se vive realmente la desconexión. Con base en esos datos, la END sigue el mismo camino, en un tema en el que uno esperaría que este gobierno tuviera más sensibilidad. Una propuesta acá: poner la encuesta en la agenda de la vicepresidenta, quien podría trabajar con el DANE para buscar obtener datos más desagregados. Que las poblaciones se vean en los datos es clave para su labor en el Ministerio de la Igualdad.
Volvamos a la END: en una conversación con el DNP hablaban de la END como un documento vivo y dijeron que, para entender mejor la brecha digital, trabajan en dos mediciones: la canasta básica digital y el índice de pobreza digital, desarrollando el concepto universal and meaningful connectivity (conectividad universal y significativa) de la ITU (órgano de telecomunicaciones de la ONU).
Tengo curiosidad por ver cómo avanza esto. En Brasil han hecho algunas aproximaciones a desarrollar ese concepto en los datos, para ofrecer más complejidad a la brecha digital. El caso de estudio de Brasil muestra datos desagregados campo/ciudad, capacidad económica, y usos -no tanto poblaciones, debo decir-, y con esto están informando su política pública. Definitivamente es algo en lo que espero que el DNP ofrezca más información y tenga procesos de construcción participativos. Me temo que con buenos datos veremos cómo la cara de la brecha es no sólo femenina, sino marcadamente anciana, indígena, campesina y afro, por no decir de personas con discapacidad o personas migrantes, y con esos datos podríamos analizar cómo estamos trabajando para cerrarla.
Otro punto para resaltar es que la END se aproxima a la tecnología como una herramienta de desarrollo social y económico: el gobierno busca que la tecnología sirva como una forma de intervención en política pública para mejorar la vida de las personas. Visto así, no solamente debe plantear los logros esperados, sino también incorporar un análisis de riesgos y las estrategias de mitigación que deben formar parte también del mecanismo de seguimiento; esto le daría una dimensión de derechos que en este momento le falta.
Un riesgo que requiere mitigación y seguimiento es la apuesta por la digitalización del sector justicia. Esta es una necesidad; sin embargo, falta reconocer la preocupación -hay una importante literatura en la materia- sobre este tema, que va desde los problemas de depender de infraestructuras privadas, pasando por la afectación de derechos que no pueden ser desconocidos. Esta estrategia no debe abordarse sin fuertes e importantes frenos, evaluaciones y garantías para que la digitalización no afecte el derecho que tienen todas las personas que habitan el país a acceder a la justicia.
Otro riesgo que puedo anticipar se deriva de la apuesta por conectividad satelital. Es razonable que la END apueste por esto -ya que a varios lugares por mucho tiempo sólo llegará esa conectividad-; sin embargo, internacionalmente ya se discute cómo en ese mercado se presenta un desafío de concentración en torno a la empresa de Elon Musk (Starlink). La discusión parece dejar claro que esta sociedad no tiene herramientas para enfrentar una posición dominante que supone riesgos como el de soberanía y el de depender de una empresa multinacional cuyo modelo tiene serias dudas de sostenibilidad.
Finalmente, en la END es central la idea de incentivar el uso de datos y buscar su interoperabilidad para el desarrollo de la inteligencia artificial, la economía digital o la transformación digital en el Gobierno. Es una idea que se viene desarrollando desde antes y que se concretará en otros documentos (Conpes y proyectos de ley); por tanto, solo pretendo mencionar acá que, para evitar impactos negativos en derechos humanos, toca reconocer los riesgos y hacerlos parte de la discusión.
Veremos cómo avanza la transformación digital en este Gobierno, y sabremos en unos años si efectivamente consigue el propósito de poner en el centro a las personas.