Prohibir celulares, y de paso olvidarnos de la brecha digital
Comparto con el senador liberal Rodrigo Rojas la preocupación porque en Colombia se ofrezcan entornos seguros de aprendizaje a niños, niñas y adolescentes. Creo, al igual que el senador, que esto es responsabilidad compartida entre Estado, padres, madres y escuelas. Sin embargo, rechazo que la solución sea la aprobada en segundo debate por el Congreso esta semana; prohibir los celulares en toda escuela y colegio del país.
Ante los problemas que enfrentan los menores, que pueden verse agravados por la masificación de la tecnología, el proyecto propone como solución (artículo 4) que se restrinja “el uso de dispositivos de telefonía móvil de carácter personal dentro de las aulas de clase de todos los establecimientos educativos, en los niveles de preescolar, básica primaria, básica secundaria y media. Esta restricción aplicará tanto para los estudiantes como para los profesores”.
Admiro al tío que ha decidido no tener un teléfono inteligente y anda con su “panelita”, porque así la vida es más tranquila. Me quito el sombrero ante la colega abogada que trabaja temas sensibles y decidió que su medida de seguridad digital es no tener celular. Defiendo el derecho de las comunidades indígenas a la desconexión. Entiendo que haya padres, madres, cuidadores y escuelas que decidan que antes de una determinada edad no debe haber contacto con herramientas tecnológicas. ¡Hasta en Silicon Valley lo hacen! Todas estas posiciones limitan el uso de tecnología por razones de fondo y necesidades particulares, pero no se imponen a toda la población.
Como hay buenas razones para evitar el uso de los celulares entre menores y adolescentes, está bien que la política pública piense en dar lineamientos para que estas medidas se tomen de la mejor manera, evitando medidas extremas y considerando necesidades especiales. Sí, pero no así (en la columna de septiembre mostraba otras voces críticas que quizá quiera recordar).
Como otros, creo que la escuela es clave para la inclusión de las personas y, como no dudo que la inclusión económica, social y política está vinculada con la tecnología, estoy convencida de que el contacto y el desarrollo de capacidades tecnológicas es indispensable dentro del ámbito escolar. La competitividad en la búsqueda de trabajo, ingreso a la universidad o en capacidades de comercialización de productos del campo -por ejemplo-, pasará por usar tecnología. Por eso, mi análisis difiere del del senador Rojas.
20 millones de personas no tienen acceso a internet en Colombia y la mejor opción que tienen para conectarse será el celular. La infraestructura celular es por mucho la que más crece. Por eso la estrategia de conectividad rural del Ministerio TIC se apoya en puntos de acceso WiFi, mientras el Ministerio de Educación aumenta las dotaciones tecnológicas en las escuelas, lucha por conectarlas y se esfuerza por capacitar docentes.
Para muchos, la escuela sigue siendo la puerta de entrada para el cierre de la brecha digital. Sin embargo, las falencias son grandes, muy grandes, y muchas de estas comunidades se mueven con sus propios esfuerzos para conectarse.
Así, el principal vacío del proyecto es que no conecta la solución que ofrece con la brecha digital del país. Asume que las realidades de quienes están conectados y tienen el acceso a la tecnología (por ejemplo, en Bogotá) son la norma. Desconoce que en las escuelas se reproducen las desigualdades de nuestras sociedades.
Si le quitamos el celular a los estudiantes y docentes de colegios privados (en Bogotá, por ejemplo) el efecto en su conectividad y la afectación en la inclusión es menor. Pero, en otros espacios como en las escuelas rurales más aisladas, la afectación es mayúscula. Siempre podemos decir que no importa, porque nadie les va a exigir a ellas que apliquen la norma, pero empezamos mal si desde el diseño reconocemos el vacío y aceptamos un incumplimiento de facto.
También me importan las escuelas y colegios que puedan desarrollar una apuesta por otros modelos, donde no se trate de restringir sino de acompañar en el uso de los dispositivos. Con esa visión acompañamos a escuelas de Fresno (Tolima) con el proyecto El Planeta es la Escuela de Karisma, donde trabajo, por ejemplo.
El ideal, más acorde con las ideas liberales, sería que los artículos 1 y 2 de la ley se desarrollaran para incentivar, con el apoyo del Gobierno Nacional, los espacios seguros de aprendizaje con tecnología, incluyendo los celulares de estudiantes y docentes. Esto permitiría desarrollar experiencias vivas de educación y convivencia. Ayudaría a trabajar en los límites de la tecnología, en la autonomía y contribuiría a fortalecer internet como herramientas para la inclusión económica, social e instrumento de formación ciudadana. Esto supone un rediseño de la norma.
La otra opción, senador López, si usted prefiere avanzar con su proyecto y visión, es ajustar los artículos tres y cuatro para que no sean una imposición. La ley sería un incentivo para su propuesta educativa en lo tecnológico, estaría ofreciendo la seguridad jurídica y el acompañamiento del gobierno nacional a su visión. Esto permitiría, en el mediano plazo, evaluar el impacto del modelo, pero no sería una imposición que afecte la inclusión de los más vulnerables.
Comparto con el senador liberal Rodrigo Rojas la preocupación porque en Colombia se ofrezcan entornos seguros de aprendizaje a niños, niñas y adolescentes. Creo, al igual que el senador, que esto es responsabilidad compartida entre Estado, padres, madres y escuelas. Sin embargo, rechazo que la solución sea la aprobada en segundo debate por el Congreso esta semana; prohibir los celulares en toda escuela y colegio del país.
Ante los problemas que enfrentan los menores, que pueden verse agravados por la masificación de la tecnología, el proyecto propone como solución (artículo 4) que se restrinja “el uso de dispositivos de telefonía móvil de carácter personal dentro de las aulas de clase de todos los establecimientos educativos, en los niveles de preescolar, básica primaria, básica secundaria y media. Esta restricción aplicará tanto para los estudiantes como para los profesores”.
Admiro al tío que ha decidido no tener un teléfono inteligente y anda con su “panelita”, porque así la vida es más tranquila. Me quito el sombrero ante la colega abogada que trabaja temas sensibles y decidió que su medida de seguridad digital es no tener celular. Defiendo el derecho de las comunidades indígenas a la desconexión. Entiendo que haya padres, madres, cuidadores y escuelas que decidan que antes de una determinada edad no debe haber contacto con herramientas tecnológicas. ¡Hasta en Silicon Valley lo hacen! Todas estas posiciones limitan el uso de tecnología por razones de fondo y necesidades particulares, pero no se imponen a toda la población.
Como hay buenas razones para evitar el uso de los celulares entre menores y adolescentes, está bien que la política pública piense en dar lineamientos para que estas medidas se tomen de la mejor manera, evitando medidas extremas y considerando necesidades especiales. Sí, pero no así (en la columna de septiembre mostraba otras voces críticas que quizá quiera recordar).
Como otros, creo que la escuela es clave para la inclusión de las personas y, como no dudo que la inclusión económica, social y política está vinculada con la tecnología, estoy convencida de que el contacto y el desarrollo de capacidades tecnológicas es indispensable dentro del ámbito escolar. La competitividad en la búsqueda de trabajo, ingreso a la universidad o en capacidades de comercialización de productos del campo -por ejemplo-, pasará por usar tecnología. Por eso, mi análisis difiere del del senador Rojas.
20 millones de personas no tienen acceso a internet en Colombia y la mejor opción que tienen para conectarse será el celular. La infraestructura celular es por mucho la que más crece. Por eso la estrategia de conectividad rural del Ministerio TIC se apoya en puntos de acceso WiFi, mientras el Ministerio de Educación aumenta las dotaciones tecnológicas en las escuelas, lucha por conectarlas y se esfuerza por capacitar docentes.
Para muchos, la escuela sigue siendo la puerta de entrada para el cierre de la brecha digital. Sin embargo, las falencias son grandes, muy grandes, y muchas de estas comunidades se mueven con sus propios esfuerzos para conectarse.
Así, el principal vacío del proyecto es que no conecta la solución que ofrece con la brecha digital del país. Asume que las realidades de quienes están conectados y tienen el acceso a la tecnología (por ejemplo, en Bogotá) son la norma. Desconoce que en las escuelas se reproducen las desigualdades de nuestras sociedades.
Si le quitamos el celular a los estudiantes y docentes de colegios privados (en Bogotá, por ejemplo) el efecto en su conectividad y la afectación en la inclusión es menor. Pero, en otros espacios como en las escuelas rurales más aisladas, la afectación es mayúscula. Siempre podemos decir que no importa, porque nadie les va a exigir a ellas que apliquen la norma, pero empezamos mal si desde el diseño reconocemos el vacío y aceptamos un incumplimiento de facto.
También me importan las escuelas y colegios que puedan desarrollar una apuesta por otros modelos, donde no se trate de restringir sino de acompañar en el uso de los dispositivos. Con esa visión acompañamos a escuelas de Fresno (Tolima) con el proyecto El Planeta es la Escuela de Karisma, donde trabajo, por ejemplo.
El ideal, más acorde con las ideas liberales, sería que los artículos 1 y 2 de la ley se desarrollaran para incentivar, con el apoyo del Gobierno Nacional, los espacios seguros de aprendizaje con tecnología, incluyendo los celulares de estudiantes y docentes. Esto permitiría desarrollar experiencias vivas de educación y convivencia. Ayudaría a trabajar en los límites de la tecnología, en la autonomía y contribuiría a fortalecer internet como herramientas para la inclusión económica, social e instrumento de formación ciudadana. Esto supone un rediseño de la norma.
La otra opción, senador López, si usted prefiere avanzar con su proyecto y visión, es ajustar los artículos tres y cuatro para que no sean una imposición. La ley sería un incentivo para su propuesta educativa en lo tecnológico, estaría ofreciendo la seguridad jurídica y el acompañamiento del gobierno nacional a su visión. Esto permitiría, en el mediano plazo, evaluar el impacto del modelo, pero no sería una imposición que afecte la inclusión de los más vulnerables.