Retos del derecho a la verdad en el entorno digital
Escribo el 24 de marzo, Día Internacional del Derecho a la Verdad en relación con Violaciones Graves de los DDHH y de la Dignidad de las Víctimas para mencionar los nuevos desafíos que enfrenta la preservación de la información de este tipo de violaciones en el entorno digital. El derecho a la memoria también debe protegerse en internet.
Una carta de la Ministra de Cultura colombiana en 2018, que tenía como propósito explicar la necesidad de regular el depósito legal en medio de una reforma al derecho de autor, exponía el concepto de agujero negro en la memoria digital. La ministra Mariana Garcés advertía que la dinámica de producción de contenidos digitales y su crecimiento exponencial estaba creando “un agujero negro digital en la memoria histórica y cultural de los países al no dejar registro de esta información para las generaciones futuras”.
El compromiso de los gobiernos de proteger la memoria, incluso la de sus antecesores, es un desafío, pero también y en esa línea, lo es preservar la memoria digital de los conflictos.
Internet es elemento central en los conflictos sociales, económicos o políticos, en donde las plataformas son una herramienta central para que las personas se comuniquen, se informen, cuenten lo que sucede en su entorno. Son claves también en la documentación digital de graves violaciones a los derechos humanos que suceden en ese contexto, en crear y conservar pruebas que las víctimas necesitarán para recuperar su dignidad.
En el caso de escenarios de conflicto la información es muy vulnerable. No basta con pedir que se garantice que las plataformas funcionen a pesar de los cortes de energía, de la caída de torres, de la sobredemanda de sus servicios -que congestionan su infraestructura-, se debe proteger la libertad de expresión, enfrentar el reto de la desinformación, del incremento en la moderación de los contenidos, de los riesgos a la privacidad, de las sanciones propias de la guerra y no olvidar el derecho a la memoria, a recordar, a investigar y a reparar los daños.
Sobre la desinformación. Durante los conflictos las redes sociales se convierten también en campos de batalla de la información. El contenido legítimo pelea por espacio con la propaganda oficial, la manipulación -con comportamientos artificiales por ejemplo usando bots- o directamente con campañas de desinformación y noticias falsas. Un panorama complejo en el que se dificulta encontrar la verdad (o las verdades), y se complica la capacidad de preservar pruebas sobre graves violaciones a los derechos humanos.
Sobre la moderación de contenidos. Con buenas intenciones las políticas de cada plataforma advierten casi unánimamente que no permiten anuncios discriminatorios por motivo de raza, orientación política o sexual; dicen que no toleran contenido gráfico o de glorificación de la violencia, ni la publicación de información personal que identifique personas (doxxing); tampoco aceptan la promoción del terrorismo o el extremismo violento y trabajan para evitar la desinformación, por ejemplo. Eso suena muy bien pero ponerlo en la práctica en medio de un conflicto en donde las cosas no son blanco y negro es todo un reto. Los contenidos coyunturales y violentos pasan a ocupar el espacio de los tiernos y virales gatitos.
En 2020 la Corte Penal Internacional advirtió que la moderación de contenido en contextos de conflictos afectaba su capacidad para esclarecer lo sucedido en la guerra de Siria. Como el contenido está bajo custodia de la plataforma (Instagram, Twitter, Facebook, Tik Tok, YouTube, etcétera) donde se crea y divulga, las personas no tienen copia y la aplicación de las normas en medio del fragor de una protesta, una guerra, incluso un conflicto violento que se extiende en el tiempo-, hace que se cierren cuentas y dan de baja contenidos.
La privacidad. Como lo saben los archivos de la memoria, las comisiones de la verdad, los investigadores y académicos, la información de los conflictos es delicada, por eso aunque la verdad impone transparencia también obliga a tener resguardos y protecciones. Las redes sociales son fuentes abiertas en las que cualquiera pesca.
Al calor de la batalla los mismos contenidos que muestran graves violaciones a derechos humanos, sirven también para identificar personas. Esta información la usan los diferentes actores del conflicto para bien y para mal. Lo hacen actores ilegales, autoridades para investigar o abusivamente estados con prácticas autoritarias.
Aunque en Colombia no necesitamos casos externos para mirar este tema, lo cierto es que a todos los retos descritos la actualidad de la guerra de Ucrania es un nuevo escenario para ver cómo funcionan las redes sociales en estas situaciónes. Ya hemos visto exageración y errores en la moderación de contenidos que afectan el acceso a los mismos, hay iniciativas siguiendo el tema y muchas narrativas sobre la forma cmo se está manipulando la información.
Sin embargo, la novedad es la sanción que consiste en silenciar los medios del estado agresor. Con muy buenas intenciones las redes sociales fueron las primeras en imponer controles a los medios rusos, pero pronto las medidas fueron ordenadas como sanción por violación al derecho internacional humanitario.
La declaración de que el conflicto era una guerra dió vía libre a la aplicación de sus normas, permitió a la Unión Europea prohibir divulgar en su territorio los canales financiados por el estado ruso, RT y Sputnik. Una decisión que podría estar justificada en el marco jurídico internacional, es en todo caso costosa para los derechos de las personas.
Un buen análisis de esta decisión con la óptica de derechos humanos lo hizo David Kaye -ex relator de libertad de expresión de la ONU-. En el señala que estas restricciones son legítimas en el derecho internacional pero son excepcionales. Son tan restrictivas de la libertad de expresión que imponen obligaciones especiales a los estados. Considera Kaye que éstos deben hacer más esfuerzo para justificar las restricciones de modo que sean una excepción y no se conviertan en regla -indica también que las plataformas se beneficiarían de hacer lo mismo-.
En la inmediatez de lo digital se discute cómo hacer que toda esta tecnología que permite hacer seguimiento a lo que sucede en tiempo real y se comparte por internet sea más una fuente de información de lo que sucedió y de ayuda para formar opiniones que permitan salir de las crisis y no una fuente de desinformación. No es un dilema nuevo, lo novedoso sería incorporar en la reflexión la pregunta sobre cómo esto afecta el derecho a la verdad.
Escribo el 24 de marzo, Día Internacional del Derecho a la Verdad en relación con Violaciones Graves de los DDHH y de la Dignidad de las Víctimas para mencionar los nuevos desafíos que enfrenta la preservación de la información de este tipo de violaciones en el entorno digital. El derecho a la memoria también debe protegerse en internet.
Una carta de la Ministra de Cultura colombiana en 2018, que tenía como propósito explicar la necesidad de regular el depósito legal en medio de una reforma al derecho de autor, exponía el concepto de agujero negro en la memoria digital. La ministra Mariana Garcés advertía que la dinámica de producción de contenidos digitales y su crecimiento exponencial estaba creando “un agujero negro digital en la memoria histórica y cultural de los países al no dejar registro de esta información para las generaciones futuras”.
El compromiso de los gobiernos de proteger la memoria, incluso la de sus antecesores, es un desafío, pero también y en esa línea, lo es preservar la memoria digital de los conflictos.
Internet es elemento central en los conflictos sociales, económicos o políticos, en donde las plataformas son una herramienta central para que las personas se comuniquen, se informen, cuenten lo que sucede en su entorno. Son claves también en la documentación digital de graves violaciones a los derechos humanos que suceden en ese contexto, en crear y conservar pruebas que las víctimas necesitarán para recuperar su dignidad.
En el caso de escenarios de conflicto la información es muy vulnerable. No basta con pedir que se garantice que las plataformas funcionen a pesar de los cortes de energía, de la caída de torres, de la sobredemanda de sus servicios -que congestionan su infraestructura-, se debe proteger la libertad de expresión, enfrentar el reto de la desinformación, del incremento en la moderación de los contenidos, de los riesgos a la privacidad, de las sanciones propias de la guerra y no olvidar el derecho a la memoria, a recordar, a investigar y a reparar los daños.
Sobre la desinformación. Durante los conflictos las redes sociales se convierten también en campos de batalla de la información. El contenido legítimo pelea por espacio con la propaganda oficial, la manipulación -con comportamientos artificiales por ejemplo usando bots- o directamente con campañas de desinformación y noticias falsas. Un panorama complejo en el que se dificulta encontrar la verdad (o las verdades), y se complica la capacidad de preservar pruebas sobre graves violaciones a los derechos humanos.
Sobre la moderación de contenidos. Con buenas intenciones las políticas de cada plataforma advierten casi unánimamente que no permiten anuncios discriminatorios por motivo de raza, orientación política o sexual; dicen que no toleran contenido gráfico o de glorificación de la violencia, ni la publicación de información personal que identifique personas (doxxing); tampoco aceptan la promoción del terrorismo o el extremismo violento y trabajan para evitar la desinformación, por ejemplo. Eso suena muy bien pero ponerlo en la práctica en medio de un conflicto en donde las cosas no son blanco y negro es todo un reto. Los contenidos coyunturales y violentos pasan a ocupar el espacio de los tiernos y virales gatitos.
En 2020 la Corte Penal Internacional advirtió que la moderación de contenido en contextos de conflictos afectaba su capacidad para esclarecer lo sucedido en la guerra de Siria. Como el contenido está bajo custodia de la plataforma (Instagram, Twitter, Facebook, Tik Tok, YouTube, etcétera) donde se crea y divulga, las personas no tienen copia y la aplicación de las normas en medio del fragor de una protesta, una guerra, incluso un conflicto violento que se extiende en el tiempo-, hace que se cierren cuentas y dan de baja contenidos.
La privacidad. Como lo saben los archivos de la memoria, las comisiones de la verdad, los investigadores y académicos, la información de los conflictos es delicada, por eso aunque la verdad impone transparencia también obliga a tener resguardos y protecciones. Las redes sociales son fuentes abiertas en las que cualquiera pesca.
Al calor de la batalla los mismos contenidos que muestran graves violaciones a derechos humanos, sirven también para identificar personas. Esta información la usan los diferentes actores del conflicto para bien y para mal. Lo hacen actores ilegales, autoridades para investigar o abusivamente estados con prácticas autoritarias.
Aunque en Colombia no necesitamos casos externos para mirar este tema, lo cierto es que a todos los retos descritos la actualidad de la guerra de Ucrania es un nuevo escenario para ver cómo funcionan las redes sociales en estas situaciónes. Ya hemos visto exageración y errores en la moderación de contenidos que afectan el acceso a los mismos, hay iniciativas siguiendo el tema y muchas narrativas sobre la forma cmo se está manipulando la información.
Sin embargo, la novedad es la sanción que consiste en silenciar los medios del estado agresor. Con muy buenas intenciones las redes sociales fueron las primeras en imponer controles a los medios rusos, pero pronto las medidas fueron ordenadas como sanción por violación al derecho internacional humanitario.
La declaración de que el conflicto era una guerra dió vía libre a la aplicación de sus normas, permitió a la Unión Europea prohibir divulgar en su territorio los canales financiados por el estado ruso, RT y Sputnik. Una decisión que podría estar justificada en el marco jurídico internacional, es en todo caso costosa para los derechos de las personas.
Un buen análisis de esta decisión con la óptica de derechos humanos lo hizo David Kaye -ex relator de libertad de expresión de la ONU-. En el señala que estas restricciones son legítimas en el derecho internacional pero son excepcionales. Son tan restrictivas de la libertad de expresión que imponen obligaciones especiales a los estados. Considera Kaye que éstos deben hacer más esfuerzo para justificar las restricciones de modo que sean una excepción y no se conviertan en regla -indica también que las plataformas se beneficiarían de hacer lo mismo-.
En la inmediatez de lo digital se discute cómo hacer que toda esta tecnología que permite hacer seguimiento a lo que sucede en tiempo real y se comparte por internet sea más una fuente de información de lo que sucedió y de ayuda para formar opiniones que permitan salir de las crisis y no una fuente de desinformación. No es un dilema nuevo, lo novedoso sería incorporar en la reflexión la pregunta sobre cómo esto afecta el derecho a la verdad.