2018 será un año muy movido en ciberpolítica. En América Latina varios de nuestros países estrenarán gobiernos. Quizá este hecho nos permita ver este campo como una oportunidad para cambios y ajustes. En esta columna y en la de la próxima semana les dejo una idea de los retos de la ciberpolítca de la región.
Sobre las propias elecciones de 2018. Si bien factores como que en la región la fuente cotidiana de información política ciudadana no es todavía internet, hagan que la discusión sobre “fake news” (noticias falsas) no tenga el mismo alcance como el que hay en Estados Unidos o Europa, lo cierto es que el creciente uso de redes sociales y, en Colombia, la penetración de WhatsApp gratis harán de la manipulación electoral un elemento decisivo en las campañas políticas. El reto como electores es mayúsculo y aunque habrá muchos proyectos para contener la avalancha de información tergiversada, puede ser poco lo que podamos hacer para evitar su efecto perverso en el proceso electoral.
Las revelaciones sobre las acciones del “hacker Sepúlveda” durante las elecciones de hace 4 años en Colombia pueden ser vistas tan solo como un abrebocas de lo que pasará en 2018. Aspectos de seguridad digital desde y hacia las campañas electorales (ataques DDOS o “hackeos” de cuentas) serán mucho más comunes y seguramente tampoco estaremos muy preparados para contrarrestarlos, analizarlos o siquiera identificarlos. El uso de software dentro de los procesos electorales, que va desde apoyo al conteo de votos hasta sistemas completos de voto electrónico han pasado muy desapercibidos durante los últimos años, es de esperarse que en 2018 la sociedad civil, los partidos, los periodistas, y en general todos nosotros estemos más pendientes de la seguridad de estos sistemas y, por tanto, de la forma como apoyan a generar confianza (o no) en el proceso electoral.
Desde hace ya más de una década la región ha desarrollado, implementado e invertido en agendas digitales. Los diferentes gobiernos han elaborado y apostado por su visión para ampliar la conectividad en los diferentes países. Colombia tiene políticas ampliamente reconocidas en la región y no cabe duda que más personas usan internet hoy que hace 8 años. Lo que corresponde ahora es evaluar más ampliamente su alcance, verificar que los indicadores de éxito estén dando cuenta de la situación real e incluso demandar los ajustes necesarios. En México por ejemplo se ha establecido que los cambios en la metodología para medir la conectividad no permiten evaluar correctamente el nivel de éxito de la agenda, y esto cuestiona el verdadero impacto.
Además el tema es que aunque reconozcamos que, para bien o para mal, las políticas han mejorado la penetración de internet sabemos que lo que ha habido es un importante nivel de masificación. Ahora, los nuevos retos serán otros, serán más granulares en relación con esa penetración. Llegar a zonas más apartadas, garantizar apropiación para poblaciones más vulnerables y desarrollar incluso derechos como el de no ser conectados (que ya reclaman algunas poblaciones), serán los retos del gobierno en los próximos años y no pueden continuar abordándose como se ha hecho hasta ahora. Por ejemplo, estamos en mora de tener aproximaciones diferenciales, y no solo una, varias. Las políticas deberán responder a una visión amplia de género, de etnias, de poblaciones, etcétera.
El acceso al conocimiento sigue siendo una tarea pendiente en la región. Las reformas al derecho de autor serán protagonistas en los próximos años y la tensión entre la agenda de los titulares y el interés público no cederá. Si los gobiernos no reconocen que se trata de un terreno en disputa que requiere nuevas regulaciones soportadas en evidencia y se necesita investigación, las discusiones seguirán siendo superficiales. De otra parte, la necesidad de impulsar reformas que tengan impacto en temas de políticas de lo abierto --tales como “ciencia abierta”, “datos abiertos”, “recursos educativos abiertos”, o “acceso abierto”--, será una necesidad que impulsan incluso organismos como la OCDE. Sin embargo, la ausencia de sensibilización y comprensión entre los funcionarios públicos y legisladores sobre estos temas y su alcance dificultará el avance de estas políticas que si son solo cosméticas no servirán al desarrollo de la ciencia y el conocimiento en la región.
(*Por un error esta columna debió publicarse el 29 de diciembre, la publicamos hoy y su segunda parte fue publicada el 5 de enero)
2018 será un año muy movido en ciberpolítica. En América Latina varios de nuestros países estrenarán gobiernos. Quizá este hecho nos permita ver este campo como una oportunidad para cambios y ajustes. En esta columna y en la de la próxima semana les dejo una idea de los retos de la ciberpolítca de la región.
Sobre las propias elecciones de 2018. Si bien factores como que en la región la fuente cotidiana de información política ciudadana no es todavía internet, hagan que la discusión sobre “fake news” (noticias falsas) no tenga el mismo alcance como el que hay en Estados Unidos o Europa, lo cierto es que el creciente uso de redes sociales y, en Colombia, la penetración de WhatsApp gratis harán de la manipulación electoral un elemento decisivo en las campañas políticas. El reto como electores es mayúsculo y aunque habrá muchos proyectos para contener la avalancha de información tergiversada, puede ser poco lo que podamos hacer para evitar su efecto perverso en el proceso electoral.
Las revelaciones sobre las acciones del “hacker Sepúlveda” durante las elecciones de hace 4 años en Colombia pueden ser vistas tan solo como un abrebocas de lo que pasará en 2018. Aspectos de seguridad digital desde y hacia las campañas electorales (ataques DDOS o “hackeos” de cuentas) serán mucho más comunes y seguramente tampoco estaremos muy preparados para contrarrestarlos, analizarlos o siquiera identificarlos. El uso de software dentro de los procesos electorales, que va desde apoyo al conteo de votos hasta sistemas completos de voto electrónico han pasado muy desapercibidos durante los últimos años, es de esperarse que en 2018 la sociedad civil, los partidos, los periodistas, y en general todos nosotros estemos más pendientes de la seguridad de estos sistemas y, por tanto, de la forma como apoyan a generar confianza (o no) en el proceso electoral.
Desde hace ya más de una década la región ha desarrollado, implementado e invertido en agendas digitales. Los diferentes gobiernos han elaborado y apostado por su visión para ampliar la conectividad en los diferentes países. Colombia tiene políticas ampliamente reconocidas en la región y no cabe duda que más personas usan internet hoy que hace 8 años. Lo que corresponde ahora es evaluar más ampliamente su alcance, verificar que los indicadores de éxito estén dando cuenta de la situación real e incluso demandar los ajustes necesarios. En México por ejemplo se ha establecido que los cambios en la metodología para medir la conectividad no permiten evaluar correctamente el nivel de éxito de la agenda, y esto cuestiona el verdadero impacto.
Además el tema es que aunque reconozcamos que, para bien o para mal, las políticas han mejorado la penetración de internet sabemos que lo que ha habido es un importante nivel de masificación. Ahora, los nuevos retos serán otros, serán más granulares en relación con esa penetración. Llegar a zonas más apartadas, garantizar apropiación para poblaciones más vulnerables y desarrollar incluso derechos como el de no ser conectados (que ya reclaman algunas poblaciones), serán los retos del gobierno en los próximos años y no pueden continuar abordándose como se ha hecho hasta ahora. Por ejemplo, estamos en mora de tener aproximaciones diferenciales, y no solo una, varias. Las políticas deberán responder a una visión amplia de género, de etnias, de poblaciones, etcétera.
El acceso al conocimiento sigue siendo una tarea pendiente en la región. Las reformas al derecho de autor serán protagonistas en los próximos años y la tensión entre la agenda de los titulares y el interés público no cederá. Si los gobiernos no reconocen que se trata de un terreno en disputa que requiere nuevas regulaciones soportadas en evidencia y se necesita investigación, las discusiones seguirán siendo superficiales. De otra parte, la necesidad de impulsar reformas que tengan impacto en temas de políticas de lo abierto --tales como “ciencia abierta”, “datos abiertos”, “recursos educativos abiertos”, o “acceso abierto”--, será una necesidad que impulsan incluso organismos como la OCDE. Sin embargo, la ausencia de sensibilización y comprensión entre los funcionarios públicos y legisladores sobre estos temas y su alcance dificultará el avance de estas políticas que si son solo cosméticas no servirán al desarrollo de la ciencia y el conocimiento en la región.
(*Por un error esta columna debió publicarse el 29 de diciembre, la publicamos hoy y su segunda parte fue publicada el 5 de enero)