Revisar IMEI, excusa para el abuso policial

El registro del IMEI de los celulares como estrategia para evitar su robo tiene una década de existencia y no ha servido para disminuir el delito, pone en riesgo la privacidad, es costosa y estamos confirmando además que es la excusa para que en las protestas la policía acceda a los dispositivos a borrar pruebas. ¡Basta ya! Señores del Ministerio TIC, desmonten esa política que no sirve.

En primer lugar, quiero solidarizarme con las víctimas de los hechos de abuso policial sucedidos mayoritariamente en Bogotá y Soacha el 9 y 10 de septiembre pasados. Adicionalmente, quiero llamar su atención a lo que parece un hecho menor en ese contexto, pero que es importante porque estoy convencida de que debemos visibilizar y rechazar aquello que contribuya al problema del abuso policial. En este caso me referiré a los detalles de la reciente denuncia de Temblores por el abuso sexual cometido por policías a tres mujeres en Bogotá y que deben ser leídos como la gota que rebasa la copa de una política inútil, la versión colombiana del registro de IMEI, código único de identificación del equipo.

Con los pocos datos que hay sobre el desempeño de la política, encontramos que el delito de robo de celulares se ha mantenido constante —cerca de 100.000 reportes de hurto al mes—. Sin embargo, los requisitos técnicos y los mecanismos para controlar los dispositivos incrementaron con los años, buscando que las autoridades tuvieran registro de todos los celulares que operan en Colombia para aislar los hurtados.

El informe de Karisma, donde trabajo, “Un rastreador en tu bolsillo, análisis del sistema de registro de celulares en Colombia” de 2017 contaba cómo la política pública de registro del IMEI que Colombia había emprendido desde 2011 se constituía una “fallida guerra contra el robo de celulares” que generaba un riesgo muy alto para la privacidad de las personas y que antes habíamos cuestionado también por temas de seguridad digital. Pero ante nuestras críticas la respuesta frecuente era: “si con estas medidas podemos salvar siquiera una vida, eso ya la justifica”, sin que hubiera buena información sobre el impacto.

En 2019 analizamos el impacto del registro del IMEI y encontramos que, por un lado, la calidad de los datos que existen para evaluarlo es preocupante. La política no se hizo para ser medida. Por el otro, las cifras de fuentes aisladas solo llevan a afirmar que en ocho años ni había aumentado ni disminuido el hurto de celulares en Colombia.

A esto se suma que esa política que “salva vidas” es la que operativiza cómo la policía establece si un celular es o no robado. Aunque la policía no puede revisar el celular sin orden judicial, sí puede pedir que se le muestre el IMEI para revisar que no aparezca en la base de datos de celulares hurtados.

Ya durante las protestas de noviembre pasado vimos que durante las requisas la policía pedía el celular “para revisar el IMEI” y en el proceso, después de que las personas desbloqueaban el equipo, los policías revisaban sus redes sociales o les borraban videos o fotos. Esto lo repite el relato de Temblores sobre lo sucedido el pasado 10 de septiembre en el CAI de San Diego, con el agravante de la instrumentalización de la acción para cubrir además un abuso sexual.

Las tres mujeres fueron llevadas por la policía de forma irregular al CAI donde, además de ser abusadas, “los policías decomisaron ilegalmente sus celulares alegando que debían verificar que no fueran hurtados”, con el fin real de borrar los videos y cualquier material probatorio que ellas hubieran recogido para sustentar una posible denuncia. Este caso no es aislado, pero sí alerta que debemos acabar con una puerta al abuso que no tiene justificación.

Recapitulemos: cualquier persona puede registrar por cualquier medio todo procedimiento que haga la policía. La policía no puede revisar los celulares sin una orden judicial que además debe estar vinculada a un proceso judicial porque se trata, si fuera legal, de un procedimiento de recuperación de información. Las personas no están obligadas a desbloquear su celular o a revelar su clave a la policía y estos abusos pueden ser delitos, como daño informático o acceso abusivo a sistema informático. El procedimiento correcto para mostrar el IMEI, que es lo que permite el Código de Policía, es que la propia persona marque *#06# y lo muestra al agente. Pero, claro, en medio de una protesta, cuando se incrementan las requisas, ya podemos imaginarnos a la policía pidiendo este “favor” si, por otra parte, tiene la excusa perfecta para hacerse al dispositivo.

Estos abusos pueden ser denunciados ante la Personería y en redes sociales. No soy ingenua, sé que incluso sin la norma de registro de IMEI el comportamiento puede continuar pues la entrega de los dispositivos se hace a la policía por miedo y por la presión de los agentes. Aun así, el llamado es a que esto no ocurra a la sombra de una política inútil.

Por eso, por una parte el Ministerio TIC debe ajustar la política a la práctica internacional que la reduce a la lista negativa para bloqueo por las empresas de telecomunicaciones, y redimensionar, junto con la Comisión de Regulación de las Comunicaciones, el impacto de esta política, que no es la que hubieran querido. Por otra parte, la mencionada redimensión ayudará a que la Policía dé lineamientos claros sobre cuándo y cómo se hacen los procedimientos, indicando sobre todo que precisamente el tipo de acciones que están haciendo durante las protestas sociales no son legítimas en ningún caso, porque la Policía no está facultada para acceder arbitrariamente a un celular.

El registro del IMEI de los celulares como estrategia para evitar su robo tiene una década de existencia y no ha servido para disminuir el delito, pone en riesgo la privacidad, es costosa y estamos confirmando además que es la excusa para que en las protestas la policía acceda a los dispositivos a borrar pruebas. ¡Basta ya! Señores del Ministerio TIC, desmonten esa política que no sirve.

En primer lugar, quiero solidarizarme con las víctimas de los hechos de abuso policial sucedidos mayoritariamente en Bogotá y Soacha el 9 y 10 de septiembre pasados. Adicionalmente, quiero llamar su atención a lo que parece un hecho menor en ese contexto, pero que es importante porque estoy convencida de que debemos visibilizar y rechazar aquello que contribuya al problema del abuso policial. En este caso me referiré a los detalles de la reciente denuncia de Temblores por el abuso sexual cometido por policías a tres mujeres en Bogotá y que deben ser leídos como la gota que rebasa la copa de una política inútil, la versión colombiana del registro de IMEI, código único de identificación del equipo.

Con los pocos datos que hay sobre el desempeño de la política, encontramos que el delito de robo de celulares se ha mantenido constante —cerca de 100.000 reportes de hurto al mes—. Sin embargo, los requisitos técnicos y los mecanismos para controlar los dispositivos incrementaron con los años, buscando que las autoridades tuvieran registro de todos los celulares que operan en Colombia para aislar los hurtados.

El informe de Karisma, donde trabajo, “Un rastreador en tu bolsillo, análisis del sistema de registro de celulares en Colombia” de 2017 contaba cómo la política pública de registro del IMEI que Colombia había emprendido desde 2011 se constituía una “fallida guerra contra el robo de celulares” que generaba un riesgo muy alto para la privacidad de las personas y que antes habíamos cuestionado también por temas de seguridad digital. Pero ante nuestras críticas la respuesta frecuente era: “si con estas medidas podemos salvar siquiera una vida, eso ya la justifica”, sin que hubiera buena información sobre el impacto.

En 2019 analizamos el impacto del registro del IMEI y encontramos que, por un lado, la calidad de los datos que existen para evaluarlo es preocupante. La política no se hizo para ser medida. Por el otro, las cifras de fuentes aisladas solo llevan a afirmar que en ocho años ni había aumentado ni disminuido el hurto de celulares en Colombia.

A esto se suma que esa política que “salva vidas” es la que operativiza cómo la policía establece si un celular es o no robado. Aunque la policía no puede revisar el celular sin orden judicial, sí puede pedir que se le muestre el IMEI para revisar que no aparezca en la base de datos de celulares hurtados.

Ya durante las protestas de noviembre pasado vimos que durante las requisas la policía pedía el celular “para revisar el IMEI” y en el proceso, después de que las personas desbloqueaban el equipo, los policías revisaban sus redes sociales o les borraban videos o fotos. Esto lo repite el relato de Temblores sobre lo sucedido el pasado 10 de septiembre en el CAI de San Diego, con el agravante de la instrumentalización de la acción para cubrir además un abuso sexual.

Las tres mujeres fueron llevadas por la policía de forma irregular al CAI donde, además de ser abusadas, “los policías decomisaron ilegalmente sus celulares alegando que debían verificar que no fueran hurtados”, con el fin real de borrar los videos y cualquier material probatorio que ellas hubieran recogido para sustentar una posible denuncia. Este caso no es aislado, pero sí alerta que debemos acabar con una puerta al abuso que no tiene justificación.

Recapitulemos: cualquier persona puede registrar por cualquier medio todo procedimiento que haga la policía. La policía no puede revisar los celulares sin una orden judicial que además debe estar vinculada a un proceso judicial porque se trata, si fuera legal, de un procedimiento de recuperación de información. Las personas no están obligadas a desbloquear su celular o a revelar su clave a la policía y estos abusos pueden ser delitos, como daño informático o acceso abusivo a sistema informático. El procedimiento correcto para mostrar el IMEI, que es lo que permite el Código de Policía, es que la propia persona marque *#06# y lo muestra al agente. Pero, claro, en medio de una protesta, cuando se incrementan las requisas, ya podemos imaginarnos a la policía pidiendo este “favor” si, por otra parte, tiene la excusa perfecta para hacerse al dispositivo.

Estos abusos pueden ser denunciados ante la Personería y en redes sociales. No soy ingenua, sé que incluso sin la norma de registro de IMEI el comportamiento puede continuar pues la entrega de los dispositivos se hace a la policía por miedo y por la presión de los agentes. Aun así, el llamado es a que esto no ocurra a la sombra de una política inútil.

Por eso, por una parte el Ministerio TIC debe ajustar la política a la práctica internacional que la reduce a la lista negativa para bloqueo por las empresas de telecomunicaciones, y redimensionar, junto con la Comisión de Regulación de las Comunicaciones, el impacto de esta política, que no es la que hubieran querido. Por otra parte, la mencionada redimensión ayudará a que la Policía dé lineamientos claros sobre cuándo y cómo se hacen los procedimientos, indicando sobre todo que precisamente el tipo de acciones que están haciendo durante las protestas sociales no son legítimas en ningún caso, porque la Policía no está facultada para acceder arbitrariamente a un celular.