La seguridad es una preocupación ciudadana que siempre está en las campañas políticas, pero en 2023 estamos viendo una suerte de competencia entre las candidaturas por cuál tiene la propuesta más ambiciosamente autoritaria. Muchas de las propuestas son fantasiosas en términos de tecnología, algunas abiertamente ilegales, mientras que otras tienen una visible influencia del estilo de Nayib Bukele.
Sí, la inseguridad se tomó la campaña política, pero sobre todo estamos frente a la “securitización” de las propuestas de las candidaturas de todos los colores políticos. Es decir, simplifican problemas estructurales como problemas esencialmente de seguridad. Para algunos el crimen, el orden público o la migración, que son problemas sociales complejos, se presentan como problemas de seguridad con soluciones tecnológicas incluso inconstitucionales -que no van a poder implementar-. Sin ser una investigación minuciosa, les daré una mirada de las propuestas de los candidatos de Bogotá y lo que deberíamos estar escudriñando.
Todos parten de fuertes sistemas públicos de cámaras de vigilancia, que la mayoría conectarán a las privadas. Jorge Enrique Robledo propone soluciones de tecnología para abordar la seguridad, sin describirlas menciona en forma general cámaras, pero insiste que es el aumento de uniformados lo que dará capacidad de reacción. Gustavo Bolivar habla de fortalecer la labor de inteligencia y desarticular grupos delictivos, afirma que eso se necesita más allá de solo “vigilancia de cámaras de seguridad” que en todo caso fortalecerá.
El general en retiro Jorge Luis Vargas, fiel a su perfil, tiene la seguridad como prioridad. Vargas no da detalles de cómo lo hará, pero dice que “indiscutiblemente, necesitamos más cámaras y un centro de comando y control ampliado con mayor capacidad de Inteligencia Artificial para que nos oriente el servicio”. Rodrigo Lara propone atrapar delincuentes usando intensivamente el reconocimiento facial. Quiere que la ciudad esté vigilada con un gran ojo de Dios que, además de las cámaras, incluya globos -modelo israelí para la vigilancia de la Franja de Gaza- y cientos de drones, que protegerán especialmente a las mujeres.
Diego Molano no se queda atrás. Los drones y las cámaras corporales con reconocimiento facial serán los enemigos de los criminales especialmente en el sistema de transporte masivo. Daniel Oviedo -sin ninguna explicación de cómo sucederá esto- usará las cámaras especialmente de Transmilenio, como herramienta contra el hurto y las agresiones basadas en género, le dará competencias al Centro de Comando, Control, Comunicaciones y Cómputo (C4) de Bogotá. Carlos Fernando Galán también usará el reconocimiento facial -sobre todo en Transmilenio-, habla de un software para identificar situaciones anómalas, armas y agresiones que activa una alerta de violencia a la policía y genera una reacción inmediata.
Para evitar el tecnosolucionismo, este tipo de propuestas deberían al menos verse a través de algunos lentes mínimos:
Primero, preguntarnos: ¿tecnología para qué?, cuestionarnos si la tecnología logrará lo que busca. Eso permitiría por ejemplo analizar si basta con agregarla para tener así enfoque de género como proponen Oviedo y Lara. ¿Acaso la vigilancia policial está protegiendo a las mujeres?, me temo que casi cualquier diagnóstico demuestra las falencias de las fuerzas para atenderlas e incluso la ausencia casi generalizada de rutas de atención para ellas. ¿De qué sirve agregar tecnología si lo que hay es incomprensión de las situaciones que afectan a esa población?
Segunda, además de prometernos el oro y el moro deberían entregar su análisis de cómo las tecnologías que implementarán se ajustan al entorno específico de la ciudad. Entre otros tendrían que especificar cómo garantizan los derechos de nuestro marco legal. Molano por ejemplo, reconoce que hay decisiones de la Corte Constitucional que son una barrera -como la sentencia que ofrece parámetros de debido proceso para el uso de material audiovisual-, llega a decir que trabaja para cambiar esto. Es decir, le da poco valor al marco garantista de derechos humanos. El mismo Molano propone también construir una cárcel tecnológica para 3.000 personas operada por privados que controlará y evitará la extorsión desde su interior (¿qué puede salir mal?).
Todos hablan de inseguridad, pero no de cómo la diagnostican, cómo ese problema es peor que tantos otros que nos rodean y cuáles son los ejes que deben priorizarse. Mientras es claro que la percepción de inseguridad crece, ¿hasta dónde es un problema que se nos está vendiendo más grande o de una cierta manera para que necesitemos más tecnologías? Por ejemplo, ¿el problema es más grande en delincuencia callejera o en crimen organizado? Y entonces, ¿cuál priorizamos y cómo medimos que la tecnología tenga éxito enfrentándolo?
Tercero, si la tecnología se presenta como solución, la propuesta no sólo debe referirse a tecnologías ofensivas de las fuerzas públicas. En Bogotá ya no se puede presentar una denuncia en una estación de policía, debe hacerse por el CAI Virtual. Pregunten cuál es la experiencia al hacerlo. La respuesta es un dolor de cabeza, no es amigable y el sistema está eternamente caído. Sin contar con que asume que todas las personas en la ciudad pueden usar internet -hablo de tener el dinero, los dispositivos y las habilidades-. Ningún candidato aborda este uso de tecnología de la Policía que no funciona y que es la base de los datos que informan las políticas de seguridad.
Finalmente, hablemos del gasto. Las adquisiciones de equipos de vigilancia por la fuerza pública representan una oportunidad de enriquecimiento, no son pocos los casos de corrupción que se facilitan por diferentes problemas como la transparencia. Los proveedores por su parte son también inescrupulosos, son expertos en vender y prometer maravillas que valen millonadas. Hace unos años en Transmilenio iban a identificar delincuentes -incluso si tenían sombrero-, un gran gasto que no dio frutos. Antes de salir de compras necesitamos procedimientos que por ejemplo verifiquen el gasto, que miren si harán lo que dicen y si esto es sostenible y que puedan ser auditados. Además, a veces no hacen ni siquiera el análisis de si el gasto -que suele ser grande- realmente se justifica.
La policía ya tiene artefactos tecnológicos de los que sabemos poco. Sin embargo, sin recato, puede que el destino de las ciudades colombianas vaya hacia gobiernos orgullosamente policivos y guerreristas que no se cuestionan porque es que están combatiendo la inseguridad. Debemos exigir más de sus propuestas, deben estar ajustadas a nuestro contexto legal, social y económico, para que sean realistas, para evitar que sean un gran meme de internet, aunque vayamos contracorriente pues hoy hay hasta campañas que se hacen desde un Batimóvil.
La seguridad es una preocupación ciudadana que siempre está en las campañas políticas, pero en 2023 estamos viendo una suerte de competencia entre las candidaturas por cuál tiene la propuesta más ambiciosamente autoritaria. Muchas de las propuestas son fantasiosas en términos de tecnología, algunas abiertamente ilegales, mientras que otras tienen una visible influencia del estilo de Nayib Bukele.
Sí, la inseguridad se tomó la campaña política, pero sobre todo estamos frente a la “securitización” de las propuestas de las candidaturas de todos los colores políticos. Es decir, simplifican problemas estructurales como problemas esencialmente de seguridad. Para algunos el crimen, el orden público o la migración, que son problemas sociales complejos, se presentan como problemas de seguridad con soluciones tecnológicas incluso inconstitucionales -que no van a poder implementar-. Sin ser una investigación minuciosa, les daré una mirada de las propuestas de los candidatos de Bogotá y lo que deberíamos estar escudriñando.
Todos parten de fuertes sistemas públicos de cámaras de vigilancia, que la mayoría conectarán a las privadas. Jorge Enrique Robledo propone soluciones de tecnología para abordar la seguridad, sin describirlas menciona en forma general cámaras, pero insiste que es el aumento de uniformados lo que dará capacidad de reacción. Gustavo Bolivar habla de fortalecer la labor de inteligencia y desarticular grupos delictivos, afirma que eso se necesita más allá de solo “vigilancia de cámaras de seguridad” que en todo caso fortalecerá.
El general en retiro Jorge Luis Vargas, fiel a su perfil, tiene la seguridad como prioridad. Vargas no da detalles de cómo lo hará, pero dice que “indiscutiblemente, necesitamos más cámaras y un centro de comando y control ampliado con mayor capacidad de Inteligencia Artificial para que nos oriente el servicio”. Rodrigo Lara propone atrapar delincuentes usando intensivamente el reconocimiento facial. Quiere que la ciudad esté vigilada con un gran ojo de Dios que, además de las cámaras, incluya globos -modelo israelí para la vigilancia de la Franja de Gaza- y cientos de drones, que protegerán especialmente a las mujeres.
Diego Molano no se queda atrás. Los drones y las cámaras corporales con reconocimiento facial serán los enemigos de los criminales especialmente en el sistema de transporte masivo. Daniel Oviedo -sin ninguna explicación de cómo sucederá esto- usará las cámaras especialmente de Transmilenio, como herramienta contra el hurto y las agresiones basadas en género, le dará competencias al Centro de Comando, Control, Comunicaciones y Cómputo (C4) de Bogotá. Carlos Fernando Galán también usará el reconocimiento facial -sobre todo en Transmilenio-, habla de un software para identificar situaciones anómalas, armas y agresiones que activa una alerta de violencia a la policía y genera una reacción inmediata.
Para evitar el tecnosolucionismo, este tipo de propuestas deberían al menos verse a través de algunos lentes mínimos:
Primero, preguntarnos: ¿tecnología para qué?, cuestionarnos si la tecnología logrará lo que busca. Eso permitiría por ejemplo analizar si basta con agregarla para tener así enfoque de género como proponen Oviedo y Lara. ¿Acaso la vigilancia policial está protegiendo a las mujeres?, me temo que casi cualquier diagnóstico demuestra las falencias de las fuerzas para atenderlas e incluso la ausencia casi generalizada de rutas de atención para ellas. ¿De qué sirve agregar tecnología si lo que hay es incomprensión de las situaciones que afectan a esa población?
Segunda, además de prometernos el oro y el moro deberían entregar su análisis de cómo las tecnologías que implementarán se ajustan al entorno específico de la ciudad. Entre otros tendrían que especificar cómo garantizan los derechos de nuestro marco legal. Molano por ejemplo, reconoce que hay decisiones de la Corte Constitucional que son una barrera -como la sentencia que ofrece parámetros de debido proceso para el uso de material audiovisual-, llega a decir que trabaja para cambiar esto. Es decir, le da poco valor al marco garantista de derechos humanos. El mismo Molano propone también construir una cárcel tecnológica para 3.000 personas operada por privados que controlará y evitará la extorsión desde su interior (¿qué puede salir mal?).
Todos hablan de inseguridad, pero no de cómo la diagnostican, cómo ese problema es peor que tantos otros que nos rodean y cuáles son los ejes que deben priorizarse. Mientras es claro que la percepción de inseguridad crece, ¿hasta dónde es un problema que se nos está vendiendo más grande o de una cierta manera para que necesitemos más tecnologías? Por ejemplo, ¿el problema es más grande en delincuencia callejera o en crimen organizado? Y entonces, ¿cuál priorizamos y cómo medimos que la tecnología tenga éxito enfrentándolo?
Tercero, si la tecnología se presenta como solución, la propuesta no sólo debe referirse a tecnologías ofensivas de las fuerzas públicas. En Bogotá ya no se puede presentar una denuncia en una estación de policía, debe hacerse por el CAI Virtual. Pregunten cuál es la experiencia al hacerlo. La respuesta es un dolor de cabeza, no es amigable y el sistema está eternamente caído. Sin contar con que asume que todas las personas en la ciudad pueden usar internet -hablo de tener el dinero, los dispositivos y las habilidades-. Ningún candidato aborda este uso de tecnología de la Policía que no funciona y que es la base de los datos que informan las políticas de seguridad.
Finalmente, hablemos del gasto. Las adquisiciones de equipos de vigilancia por la fuerza pública representan una oportunidad de enriquecimiento, no son pocos los casos de corrupción que se facilitan por diferentes problemas como la transparencia. Los proveedores por su parte son también inescrupulosos, son expertos en vender y prometer maravillas que valen millonadas. Hace unos años en Transmilenio iban a identificar delincuentes -incluso si tenían sombrero-, un gran gasto que no dio frutos. Antes de salir de compras necesitamos procedimientos que por ejemplo verifiquen el gasto, que miren si harán lo que dicen y si esto es sostenible y que puedan ser auditados. Además, a veces no hacen ni siquiera el análisis de si el gasto -que suele ser grande- realmente se justifica.
La policía ya tiene artefactos tecnológicos de los que sabemos poco. Sin embargo, sin recato, puede que el destino de las ciudades colombianas vaya hacia gobiernos orgullosamente policivos y guerreristas que no se cuestionan porque es que están combatiendo la inseguridad. Debemos exigir más de sus propuestas, deben estar ajustadas a nuestro contexto legal, social y económico, para que sean realistas, para evitar que sean un gran meme de internet, aunque vayamos contracorriente pues hoy hay hasta campañas que se hacen desde un Batimóvil.