La indignación que provocó el comentario sexista que hizo el nuevo decano de Economía de la Universidad del Rosario durante su posesión no solo habla de la necesidad de deconstruir el machismo de las personas en cargos de poder. La reacción nos habla también de cómo nadie -mucho menos las universidades- pueden usar las críticas como excusa para vigilar a quien protesta y ahondar así en la sensación de inseguridad de las mujeres.
Algunas personas presentes en el discurso de posesión del nuevo decano de la Facultad de Economía reportaron cómo Miguel Gómez Martínez habría afirmado: “Un buen discurso debe ser como la falda de una mujer: suficientemente largo para cubrir el tema, pero suficientemente corto para ser interesante”.
Hay muchas cosas que ya se dijeron sobre este comentario, algunas incluso las aceptó el nuevo decano: es desafortunado, cosifica a las mujeres, es sexista y a estas alturas no sirve justificarlo indicando que es una cita de algo dicho por Churchill. De lo que poco se ha hablado es que la universidad grabó a las mujeres que protestaban pacíficamente en contra del decano. Algo inaceptable proviniendo de una institución educativa que debe propender por tener espacios para el disenso y la crítica.
A través de las redes sociales vi cómo las propias estudiantes documentaron cómo la universidad las grabó en su plantón pacífico. Supe que cuando ellas preguntaron por qué se estaba grabando les dijeron que lo hacían “para proteger las instalaciones”. Mejor dicho, les dijeron que registraban sus datos biométricos más sensibles para proteger la infraestructura de la universidad de… ¿qué? ¿de una horda de vándalas feministas? ¡Por favor!
La protesta es un ejercicio de libertad de expresión, organizarse para defender sus puntos de vista es un derecho que la universidad simplemente tiene que respetar, y si en realidad quiere cambiar, escuchar. Si va a actuar, debe hacerlo para solucionar el problema estructural: la discriminación que sufren las mujeres. No para vigilarlas, tampoco para protegerlas patriarcalmente.
Ni la universidad ni nadie tiene por qué grabar protestas pacíficas, menos cuando las protagonizan sus estudiantes. No pueden anticipar daños: cuando lo hacen estigmatizan y provocan un efecto inhibitorio de la expresión que se prohíbe en nuestro sistema legal. Esa reacción es desproporcionada para la entidad que debe construir el espíritu crítico en sus estudiantes.
A estas alturas parece una exageración tener que recordar los impactos negativos y la ilegalidad de la vigilancia en contextos de protesta en un país en el que estas acciones se han abusado por las autoridades con poblaciones como periodistas, defensores de derechos humanos, opositores políticos, protestantes, y no pocas veces se ha usado en contra de estudiantes.
No me olvido que con frecuencia las investigaciones y denuncias en materia de vigilancia salen precisamente de las universidades y sin embargo son las mismas que están normalizando esas prácticas para con sus estudiantes. No podemos permitir esa normalización. Alguien dio la orden de grabar, alguien la ejecutó y alguien está guardando esos datos. ¿Cómo tomaron esa decisión y cómo la justifican desde una universidad? No lo entiendo.
De hecho, valdría la pena pensar que buena parte de las estudiantes que protestaban ese día son menores de edad. Si ellas se involucran en un proyecto de investigación o se tratara de una salida de campo con la universidad, tendrían que diligenciar al menos un formato de autorización (mínimo); ni que decir si eso involucra registrar sus datos biométricos. En la práctica, sin embargo, las acciones de la universidad sugieren que protestar justifica que la universidad olvide sus consideraciones en este terreno. Eso va en contra de la ley.
Para quienes no tienen toda la información de este caso, Semana realizó un buen artículo en el que la voz de la estudiante Sofía Charry Tobar, quien fuera presidenta del CEFE (Consejo Estudiantil de la Facultad de Economía), tiene importante presencia. Charry aireó por redes su descontento con el discurso. A partir de allí, se ve cómo el tema motivó diferentes manifestaciones de inconformidad por parte de la comunidad rosarista (estudiantes, profesores y exalumnos) que llevaron a protestas pacíficas de las estudiantes en contra del nuevo decano y de las autoridades presentes en el evento que guardaron silencio ante sus comentarios.
Lo que el decano Gómez dijo es muy problemático, este tipo de afirmaciones son recordatorios y evidencia de que muchas personas al mirar a una mujer miden el nivel de respeto que merece por la forma como se viste. Además, las repercusiones de estas afirmaciones son reales también, sobre todo para mujeres que deciden seguir una disciplina como la economía, dominada históricamente por hombres. Para la muestra un botón: en esa facultad solo 3 de 32 profesores son mujeres.
En lugar de vigilar a estas estudiantes espero que mi universidad –soy egresada del Rosario– consiga enfocarse en la solución al problema estructural: la discriminación contra las mujeres. Será un importante desafío pues no es un tema sencillo y la obligará a repensarse, ojalá salga bien librada y sirva de ejemplo en su sector.
Finalmente, lo que es una verdadera lástima es que estas acciones de vigilancia vienen a opacar resultados positivos y prometedores logrados por la protesta tanto en redes como con el plantón: el decano se disculpó públicamente y se comprometió a no repetir la acción, el consejo estudiantil invitó a docentes y estudiantes de la facultad a participar en capacitaciones sobre violencia de género y el decano y estudiantes acordaron adelantar una asamblea sobre este tema. La asamblea, por ejemplo, no tiene precedente y significa un paso innovador en un claustro tan conservador. Todavía está por verse qué cambios concretos se darán cuando se asiente el polvo del escándalo. La Universidad del Rosario todavía está a tiempo para responder a la justificada inconformidad de muchas estudiantes con algo más que una grabación y buenas intenciones.
La indignación que provocó el comentario sexista que hizo el nuevo decano de Economía de la Universidad del Rosario durante su posesión no solo habla de la necesidad de deconstruir el machismo de las personas en cargos de poder. La reacción nos habla también de cómo nadie -mucho menos las universidades- pueden usar las críticas como excusa para vigilar a quien protesta y ahondar así en la sensación de inseguridad de las mujeres.
Algunas personas presentes en el discurso de posesión del nuevo decano de la Facultad de Economía reportaron cómo Miguel Gómez Martínez habría afirmado: “Un buen discurso debe ser como la falda de una mujer: suficientemente largo para cubrir el tema, pero suficientemente corto para ser interesante”.
Hay muchas cosas que ya se dijeron sobre este comentario, algunas incluso las aceptó el nuevo decano: es desafortunado, cosifica a las mujeres, es sexista y a estas alturas no sirve justificarlo indicando que es una cita de algo dicho por Churchill. De lo que poco se ha hablado es que la universidad grabó a las mujeres que protestaban pacíficamente en contra del decano. Algo inaceptable proviniendo de una institución educativa que debe propender por tener espacios para el disenso y la crítica.
A través de las redes sociales vi cómo las propias estudiantes documentaron cómo la universidad las grabó en su plantón pacífico. Supe que cuando ellas preguntaron por qué se estaba grabando les dijeron que lo hacían “para proteger las instalaciones”. Mejor dicho, les dijeron que registraban sus datos biométricos más sensibles para proteger la infraestructura de la universidad de… ¿qué? ¿de una horda de vándalas feministas? ¡Por favor!
La protesta es un ejercicio de libertad de expresión, organizarse para defender sus puntos de vista es un derecho que la universidad simplemente tiene que respetar, y si en realidad quiere cambiar, escuchar. Si va a actuar, debe hacerlo para solucionar el problema estructural: la discriminación que sufren las mujeres. No para vigilarlas, tampoco para protegerlas patriarcalmente.
Ni la universidad ni nadie tiene por qué grabar protestas pacíficas, menos cuando las protagonizan sus estudiantes. No pueden anticipar daños: cuando lo hacen estigmatizan y provocan un efecto inhibitorio de la expresión que se prohíbe en nuestro sistema legal. Esa reacción es desproporcionada para la entidad que debe construir el espíritu crítico en sus estudiantes.
A estas alturas parece una exageración tener que recordar los impactos negativos y la ilegalidad de la vigilancia en contextos de protesta en un país en el que estas acciones se han abusado por las autoridades con poblaciones como periodistas, defensores de derechos humanos, opositores políticos, protestantes, y no pocas veces se ha usado en contra de estudiantes.
No me olvido que con frecuencia las investigaciones y denuncias en materia de vigilancia salen precisamente de las universidades y sin embargo son las mismas que están normalizando esas prácticas para con sus estudiantes. No podemos permitir esa normalización. Alguien dio la orden de grabar, alguien la ejecutó y alguien está guardando esos datos. ¿Cómo tomaron esa decisión y cómo la justifican desde una universidad? No lo entiendo.
De hecho, valdría la pena pensar que buena parte de las estudiantes que protestaban ese día son menores de edad. Si ellas se involucran en un proyecto de investigación o se tratara de una salida de campo con la universidad, tendrían que diligenciar al menos un formato de autorización (mínimo); ni que decir si eso involucra registrar sus datos biométricos. En la práctica, sin embargo, las acciones de la universidad sugieren que protestar justifica que la universidad olvide sus consideraciones en este terreno. Eso va en contra de la ley.
Para quienes no tienen toda la información de este caso, Semana realizó un buen artículo en el que la voz de la estudiante Sofía Charry Tobar, quien fuera presidenta del CEFE (Consejo Estudiantil de la Facultad de Economía), tiene importante presencia. Charry aireó por redes su descontento con el discurso. A partir de allí, se ve cómo el tema motivó diferentes manifestaciones de inconformidad por parte de la comunidad rosarista (estudiantes, profesores y exalumnos) que llevaron a protestas pacíficas de las estudiantes en contra del nuevo decano y de las autoridades presentes en el evento que guardaron silencio ante sus comentarios.
Lo que el decano Gómez dijo es muy problemático, este tipo de afirmaciones son recordatorios y evidencia de que muchas personas al mirar a una mujer miden el nivel de respeto que merece por la forma como se viste. Además, las repercusiones de estas afirmaciones son reales también, sobre todo para mujeres que deciden seguir una disciplina como la economía, dominada históricamente por hombres. Para la muestra un botón: en esa facultad solo 3 de 32 profesores son mujeres.
En lugar de vigilar a estas estudiantes espero que mi universidad –soy egresada del Rosario– consiga enfocarse en la solución al problema estructural: la discriminación contra las mujeres. Será un importante desafío pues no es un tema sencillo y la obligará a repensarse, ojalá salga bien librada y sirva de ejemplo en su sector.
Finalmente, lo que es una verdadera lástima es que estas acciones de vigilancia vienen a opacar resultados positivos y prometedores logrados por la protesta tanto en redes como con el plantón: el decano se disculpó públicamente y se comprometió a no repetir la acción, el consejo estudiantil invitó a docentes y estudiantes de la facultad a participar en capacitaciones sobre violencia de género y el decano y estudiantes acordaron adelantar una asamblea sobre este tema. La asamblea, por ejemplo, no tiene precedente y significa un paso innovador en un claustro tan conservador. Todavía está por verse qué cambios concretos se darán cuando se asiente el polvo del escándalo. La Universidad del Rosario todavía está a tiempo para responder a la justificada inconformidad de muchas estudiantes con algo más que una grabación y buenas intenciones.