Si se financia con fondos públicos debería ser acceso abierto
Las publicaciones científicas no responden a la lógica del mercado editorial comercial.
Son artículos académicos evaluados por pares, que suelen financiarse con fondos públicos, buscan el desarrollo de la humanidad y, por tanto, es fundamental que circulen.
Sin embargo, las mejores publicaciones científicas las controlan consorcios internacionales como Elsevier, Springer o Wiley, y valen un dineral (Plos propone otra fórmula pero todavía son minoría). Aunque las universidades paguen salarios y consigan fondos para investigar, estas revistas son tan costosas que solo aquellos centros académicos con más recursos, unidos en consorcios, pueden pagar las licencias anuales. El valor de estas licencias ha crecido por encima de la inflación, mientras que Elsevier reporta ganancias del 39% y las bibliotecas advierten que no podrán mantener el ritmo.
Para lograr que esas publicaciones estén en Internet, gratis y a texto completo aparece el movimiento de Acceso Abierto. Propone opciones para que las revistas dejen de cobrar al usuario y sigan cubriendo gastos de edición (conservar calidad sin castigar difusión), y/o alternativas para que las bibliotecas de las universidades gestionen los derechos de lo que publican sus académicos de modo que el repositorio institucional pueda conservar copias.
Con políticas públicas, los Estados están exigiendo acceso abierto a lo que financian, cambiando este panorama en los países desarrollados. Acá, los gobiernos todavía están solucionando un problema anterior que surgió por la lógica del modelo legal de propiedad intelectual que al promover que quien financie obtenga el control del resultado hizo que por mucho tiempo los organismos públicos pidieran cesiones de lo que financiaban incluso si solo buscaban incentivar investigación por temor al “daño patrimonial al Estado”.
En Colombia, el Plan Nacional de Desarrollo de 2010 hizo que los derechos de lo que se financia con recursos del presupuesto nacional puedan quedar en las organizaciones beneficiarias y se amplió en el Plan de 2014 extendiéndolo a todos los recursos públicos. Es interesante pues soluciona un problema práctico. Habría que ver si en la reglamentación se puede aprovechar para -como en EEUU, UE, Australia o Argentina-, incentivar que la financiación pública en investigación (sin importar quien sea el titular) cree la obligación de publicar en acceso abierto.
Las publicaciones científicas no responden a la lógica del mercado editorial comercial.
Son artículos académicos evaluados por pares, que suelen financiarse con fondos públicos, buscan el desarrollo de la humanidad y, por tanto, es fundamental que circulen.
Sin embargo, las mejores publicaciones científicas las controlan consorcios internacionales como Elsevier, Springer o Wiley, y valen un dineral (Plos propone otra fórmula pero todavía son minoría). Aunque las universidades paguen salarios y consigan fondos para investigar, estas revistas son tan costosas que solo aquellos centros académicos con más recursos, unidos en consorcios, pueden pagar las licencias anuales. El valor de estas licencias ha crecido por encima de la inflación, mientras que Elsevier reporta ganancias del 39% y las bibliotecas advierten que no podrán mantener el ritmo.
Para lograr que esas publicaciones estén en Internet, gratis y a texto completo aparece el movimiento de Acceso Abierto. Propone opciones para que las revistas dejen de cobrar al usuario y sigan cubriendo gastos de edición (conservar calidad sin castigar difusión), y/o alternativas para que las bibliotecas de las universidades gestionen los derechos de lo que publican sus académicos de modo que el repositorio institucional pueda conservar copias.
Con políticas públicas, los Estados están exigiendo acceso abierto a lo que financian, cambiando este panorama en los países desarrollados. Acá, los gobiernos todavía están solucionando un problema anterior que surgió por la lógica del modelo legal de propiedad intelectual que al promover que quien financie obtenga el control del resultado hizo que por mucho tiempo los organismos públicos pidieran cesiones de lo que financiaban incluso si solo buscaban incentivar investigación por temor al “daño patrimonial al Estado”.
En Colombia, el Plan Nacional de Desarrollo de 2010 hizo que los derechos de lo que se financia con recursos del presupuesto nacional puedan quedar en las organizaciones beneficiarias y se amplió en el Plan de 2014 extendiéndolo a todos los recursos públicos. Es interesante pues soluciona un problema práctico. Habría que ver si en la reglamentación se puede aprovechar para -como en EEUU, UE, Australia o Argentina-, incentivar que la financiación pública en investigación (sin importar quien sea el titular) cree la obligación de publicar en acceso abierto.