La importancia de las redes sociales como medio de comunicación con la ciudadanía y repositorio de la actividad pública debe hacer que la agenda preelectoral incluya preocupaciones por la memoria y la transición digital de esos canales de comunicación en los gobiernos locales. Ya tenemos malas experiencias de transiciones recientes, podemos evitar esos malos ejemplos.
Poco después de posesionado Duque, empecé a preguntarme por la transición digital con el gobierno de Santos. En Presidencia me dijeron verbalmente que la entrega de cuentas se había dado y explicaron algunas de las lógicas que habían usado para esa transición y para la custodia de lo recibido. Reconozco que salí más tranquila de lo que entré a esa reunión. De lo que escuché en su momento, la preocupación que me quedó fue que no guardaron registro de los cuatro años de trinos de Santos. Me dijeron que se decidió que las cuentas de los presidentes eran personales, ¡plop!
Aunque presenté un derecho de petición para tener detalles de esta transición, a la fecha Presidencia no ha dado respuesta, por tanto, no puedo comentar la estrategia en concreto. Sin embargo, en la práctica he identificado al menos otro lunar.
Recordemos que a principios de este año el descuido con la cuenta de Twitter del equipo de paz, donde el gobierno Santos relató el proceso de paz con las Farc y donde Duque debería contar lo que pase con el Eln, nos mostró que, en la práctica —al menos en aquello que ya no es prioridad del Gobierno actual—, la custodia de esa memoria no está garantizada, mucho menos la continuidad en el canal de información.
Por eso, a cinco meses de que suceda la transición de gobiernos locales, es oportuno recordarles que la información que producen y custodian es la memoria del Estado y es necesaria para habilitar el ejercicio de los derechos de las personas.
Quienes están de salida deben hacer una buena y completa transición digital. Quienes lleguen deben valorar y fortalecer la memoria digital de sus antecesores en estas redes. Además, deberían mantener los canales de comunicación institucionales que existen allí. Deben hacerlo incluso si son archienemigos entre sí. Al final, acá no se trata de aprovechar una oportunidad para ganarle al contendor político; no, hablamos es de transparencia y derechos de la ciudadanía.
Consciente de que a nivel local la diferencia de recursos y posibilidades entre las grandes ciudades y otros municipios más pequeños es importante, hoy mi pregunta es: ¿cuáles son los recursos con los que cuentan estas administraciones para trabajar por la memoria digital?
El silencio de Presidencia, que me habló en agosto de 2018 de protocolos de entrega pero nunca me los hizo llegar, no me permite afirmar que no existen esos protocolos. Sí me hace dudar que hayan permeado localmente. En este tema es posible que gobernaciones y alcaldías estén solas. Habrá que analizar después cómo les fue.
Sin embargo, en materia de preservación sí encontré dos minimanuales del Archivo General de la Nación, uno de medios sociales y otro de páginas web. Estos documentos de 2015 resaltan la importancia de la preservación de esta información y orientan sobre cómo hacerlo.
Con el apoyo de esos manuales, los gobiernos locales pueden trabajar por el resguardo de la información que tienen. Una vez se posesionen, los nuevos gobiernos deberán custodiar y facilitar esa información a la luz de sus obligaciones frente a la Ley de Acceso a la Información Pública, especialmente.
En 2020, quienes hayan salido elegidos tendrán que recordar que el principio de facilitación es clave en esta ley y supone la obligación de accesibilidad a la información en la forma más rápida y fácil posible. Deberán abstenerse de ocultarla. Tampoco deben olvidar que el Estado debe entregar información de la actividad estatal o de interés público no solo cuando se la piden, sino activamente como parte de sus obligaciones regulares.
En esto el ejemplo a evitar es la transición de poder entre Petro y Peñalosa. La desaparición de internet del archivo de Canal Capital es un pésimo precedente en un Estado de derecho y nos afecta como ciudadanía. Por más impulso que tengan los gobernantes, deben evitar sus deseos de borrar las huellas de su antecesor.
Nota. El problema con las mujeres es una nueva serie de podcasts que apelan al humor para hablar de machismos en ciencia y tecnología, anímense a escucharlos.
La importancia de las redes sociales como medio de comunicación con la ciudadanía y repositorio de la actividad pública debe hacer que la agenda preelectoral incluya preocupaciones por la memoria y la transición digital de esos canales de comunicación en los gobiernos locales. Ya tenemos malas experiencias de transiciones recientes, podemos evitar esos malos ejemplos.
Poco después de posesionado Duque, empecé a preguntarme por la transición digital con el gobierno de Santos. En Presidencia me dijeron verbalmente que la entrega de cuentas se había dado y explicaron algunas de las lógicas que habían usado para esa transición y para la custodia de lo recibido. Reconozco que salí más tranquila de lo que entré a esa reunión. De lo que escuché en su momento, la preocupación que me quedó fue que no guardaron registro de los cuatro años de trinos de Santos. Me dijeron que se decidió que las cuentas de los presidentes eran personales, ¡plop!
Aunque presenté un derecho de petición para tener detalles de esta transición, a la fecha Presidencia no ha dado respuesta, por tanto, no puedo comentar la estrategia en concreto. Sin embargo, en la práctica he identificado al menos otro lunar.
Recordemos que a principios de este año el descuido con la cuenta de Twitter del equipo de paz, donde el gobierno Santos relató el proceso de paz con las Farc y donde Duque debería contar lo que pase con el Eln, nos mostró que, en la práctica —al menos en aquello que ya no es prioridad del Gobierno actual—, la custodia de esa memoria no está garantizada, mucho menos la continuidad en el canal de información.
Por eso, a cinco meses de que suceda la transición de gobiernos locales, es oportuno recordarles que la información que producen y custodian es la memoria del Estado y es necesaria para habilitar el ejercicio de los derechos de las personas.
Quienes están de salida deben hacer una buena y completa transición digital. Quienes lleguen deben valorar y fortalecer la memoria digital de sus antecesores en estas redes. Además, deberían mantener los canales de comunicación institucionales que existen allí. Deben hacerlo incluso si son archienemigos entre sí. Al final, acá no se trata de aprovechar una oportunidad para ganarle al contendor político; no, hablamos es de transparencia y derechos de la ciudadanía.
Consciente de que a nivel local la diferencia de recursos y posibilidades entre las grandes ciudades y otros municipios más pequeños es importante, hoy mi pregunta es: ¿cuáles son los recursos con los que cuentan estas administraciones para trabajar por la memoria digital?
El silencio de Presidencia, que me habló en agosto de 2018 de protocolos de entrega pero nunca me los hizo llegar, no me permite afirmar que no existen esos protocolos. Sí me hace dudar que hayan permeado localmente. En este tema es posible que gobernaciones y alcaldías estén solas. Habrá que analizar después cómo les fue.
Sin embargo, en materia de preservación sí encontré dos minimanuales del Archivo General de la Nación, uno de medios sociales y otro de páginas web. Estos documentos de 2015 resaltan la importancia de la preservación de esta información y orientan sobre cómo hacerlo.
Con el apoyo de esos manuales, los gobiernos locales pueden trabajar por el resguardo de la información que tienen. Una vez se posesionen, los nuevos gobiernos deberán custodiar y facilitar esa información a la luz de sus obligaciones frente a la Ley de Acceso a la Información Pública, especialmente.
En 2020, quienes hayan salido elegidos tendrán que recordar que el principio de facilitación es clave en esta ley y supone la obligación de accesibilidad a la información en la forma más rápida y fácil posible. Deberán abstenerse de ocultarla. Tampoco deben olvidar que el Estado debe entregar información de la actividad estatal o de interés público no solo cuando se la piden, sino activamente como parte de sus obligaciones regulares.
En esto el ejemplo a evitar es la transición de poder entre Petro y Peñalosa. La desaparición de internet del archivo de Canal Capital es un pésimo precedente en un Estado de derecho y nos afecta como ciudadanía. Por más impulso que tengan los gobernantes, deben evitar sus deseos de borrar las huellas de su antecesor.
Nota. El problema con las mujeres es una nueva serie de podcasts que apelan al humor para hablar de machismos en ciencia y tecnología, anímense a escucharlos.