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Esta semana en la sede de UNESCO en París tuvo lugar la conferencia “Internet para la confianza” en la que se discute un borrador de una guía (recomendaciones) que viene trabajando este organismo para orientar procesos regulatorios de plataformas digitales. Las guías buscan “mejorar la fiabilidad de la información y proteger la libertad de expresión y los derechos humanos”. Tanto el proceso como el documento han disparado la discusión de este tema.
La regulación de plataformas es un tema de moda, una tendencia en crecimiento que se multiplica. Frecuentemente el detonante son los efectos nocivos de las plataformas que dejan de lado los impresionantes impactos positivos para la libertad de expresión. Por eso el gran desafío es no afectar con la regulación el altavoz que estas plataformas ofrecen para denunciar abusos oficiales, enfrentar grandes poderes corporativos, hacer escuchar voces de minorías muchas veces acalladas o facilitar la organización de los movimientos sociales.
Se registraron 4000 personas para esta conferencia, 1500 de ellas dijeron que estarían presencialmente en París. Creo que al menos la mitad efectivamente llegaron hasta las oficinas de Unesco en representación de muy diversos sectores de la sociedad. Esto muestra la dimensión del interés y del desafío que hay por delante.
En primer lugar que UNESCO (el organismo internacional que tiene como misión contribuir a la consolidación de la paz, la erradicación de la pobreza, el desarrollo sostenible y el diálogo intercultural, mediante la educación, las ciencias, la cultura) sea la que hospede esta discusión es una buena noticia. Que en el documento el foco esté en los procesos y no en el contenido es otra buena noticia.
En la actualidad se discute la versión 2.0 que se presenta como una “Guía” con recomendaciones. La evolución del documento ha sido positiva y las versiones han ido mejorando en aspectos sustanciales, aunque se mantienen importantes críticas. Me concentraré en las que desde Karisma, donde trabajo, hemos priorizado:
1. Nos preocupa que este proceso se haya caracterizado por el afán que imprime opacidad y dificulta la participación y el análisis. UNESCO dio a conocer su propuesta de “Marco modelo para regular las plataformas digitales y asegurar la información como un bien común” a finales del 2022, en un proceso express hizo algunas consultas regionales (la de América Latina, a principios de diciembre, en Bogotá) y anunció el lanzamiento del documento durante esta Conferencia en París. Las críticas que llegaron por la celeridad del proceso han hecho que se ralentice, sin que tengamos certeza sobre el calendario final.
El acelerado proceso ha impuesto plazos complicadísimos de cumplir y en la ausencia de un calendario razonable la participación es un grave lunar que requiere más atención y correctivos.
2. Regulación basada en evidencia. El documento anuncia que la evidencia para la construcción de política pública es un principio de la guía, sin embargo, no hay un soporte de evidencia al menos público, que sustente las propuestas concretas para abordar la regulación de plataformas digitales. Si pensamos que el norte global ya avanza en estas regulaciones es posible deducir que este documento está especialmente dirigido a países del sur global y aunque esto no es evidente en el documento sí debe informar los comentarios que hagamos desde esta zona del mundo.
Por ejemplo, la propuesta regulatoria de Unesco gira en torno a un “regulador independiente” y entonces surgen preguntas sobre la evidencia que sustenta esta recomendación: ¿Cómo ha sido el desempeño de estas figuras en regiones como América Latina? ¿cuáles son las alternativas? ¿qué características inclinaron la balanza?
En el análisis también nos preocupa por contraste cómo la evidencia de que los Estados han sido un importante vector de desinformación y censura sí es alarmante. Por tanto, al entregar el poder a los Estados y pedirles que regulen este tema ¿cómo se puede evitar que un proceso regulatorio de este tipo no sea abusado? ¿cómo evitar que no regulen contenido sino procesos?
3. La importancia de las definiciones y su alineación con el principio de legalidad. En la evolución del documento se observa un esfuerzo por acotar los conceptos que deberán alinearse con las leyes del entorno que se va a regular. Sin embargo, la ambigüedad e incertidumbre sobre su alcance permanece en varios temas. Por ejemplo se habla de regular “contenido que puede significar una afectación a la democracia y al disfrute de derechos humanos”, un concepto que obliga a preguntar por su alcance. Después de un día de conferencia no me cabe la menor duda de que bajo este nombre se inserta el tema de desinformación que por sí mismo es también muy confuso en términos de una definición legal. El reto de concretar este concepto para poder regularlo no es menor.
4. Los sujetos regulados. Aunque ahora a través de ejemplos se busca acotar el concepto éste sigue siendo muy amplio. Si la conferencia sirve de guía para entender la lógica detrás de la propuesta, me parece claro que el objetivo de la regulación serán las redes sociales específicamente.
Esto es importante porque plataformas hay de muchos tipos y cada una tendrá características propias a su arquitectura tecnológica. Delimitar el alcance del objeto regulatorio es una necesidad para poder hacer efectivas muchas de las disposiciones, no es posible poner en el mismo saco a las redes sociales, las aplicaciones de mensajería y los buscadores, hacerlo restará efectividad y arriesga que se impongan obligaciones imposibles.
Incluso si nos concentramos en redes sociales, la lectura del documento ya genera dudas sobre la forma como se puede aplicar cuando en su evolución parece que nos estamos refiriendo a redes sociales hoy en día establecidas, sin embargo, con el paso del tiempo surgen nuevas formas de hacer lo mismo. Por ejemplo, el algoritmo de TikTok funciona diferente en su proceso de decidir que nos muestra a lo que hace el algoritmo de Facebook o Twitter, y eso representa un importante reto para una regulación que deberá apostar a perdurar.
Hay muchas otras preocupaciones que podríamos explorar: ¿cuál es la verdadera capacidad de los Estados para imponer estas regulaciones? ¿cuál será el rol de las normas de protección de datos personales? ¿qué se entiende por moderación de contenidos? ¿cómo se usarán los mecanismos de rendición de cuentas como los informes de transparencia para acompañar este proceso? Continuará…