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Un grupo de técnicos, académicos, exfuncionarios y miembros de la sociedad civil responden al comunicado de los exministros y exviceministros de salud.
En un documento circulado el pasado 21 de enero con el título “Colombia avanza hacia un colapso del sistema de salud”, un grupo de exministros y exviceministros de salud expresa su preocupación por que las actuales medidas gubernamentales en salud y la propuesta de reforma al sistema de salud “puedan restringir el goce efectivo del derecho a la salud e impactar negativamente el bienestar de nuestros conciudadanos”.
El texto da la impresión de que, por el hecho de haber sido funcionarios de anteriores gobiernos, convencidos de las bondades del modelo establecido por la Ley 100 de 1993, es suficiente para descalificar la propuesta actual de reforma del sistema. Más que acuerdos entre “expertos”, las sociedades requieren acuerdos sociales y políticos, producto de una amplia deliberación colectiva, que le dé espacio al conjunto de actores de la sociedad, con especial énfasis en aquellos sectores sociales históricamente excluidos de la participación de las decisiones. Esto demanda diálogos trasparentes, no manipulados, para que ese acuerdo social pueda ir en el sentido que más conviene a la sociedad.
El actual gobierno nacional ha propuesto un conjunto de reformas que pretenden resolver los problemas generados por el modelo neoliberal de delegación de funciones del Estado en manos privadas. Frente a esta iniciativa, los sectores que tradicionalmente han estado en el poder han buscado crear una narrativa que, más que reconocer los problemas de fondo, busca desestimar la necesidad de las reformas por medio de la generación de un clima de miedo e incertidumbre.
La narrativa del mensaje que envía el conjunto de exministros y exviceministros de salud, consiste en una supuesta generación del colapso del sistema de salud y la destrucción de lo construido por estos funcionarios, y, en consecuencia, no se debe cambiar lo establecido. Esta narrativa poco tiene en cuenta la realidad de la situación de salud de la población, con indicadores de morbi-mortalidad preocupantes e inequidades de todo tipo, con constantes negaciones de acceso a los servicios de salud a pesar de contar con cobertura cuasi universal del aseguramiento, con manejo inadecuado y opaco de los recursos públicos del sistema de salud, incluidos desfalcos, por parte de quienes los administran, que han sido y siguen siendo las Entidades Promotoras de Salud (EPS), con la precaria situación laboral de las y los trabajadores del sector, con la pérdida de autoridad sanitaria y el debilitamiento de las acciones de salud pública, sin enfoque territorial, promocional y preventivo, entre muchos otros problemas.
Olvidan ellos y ellas, quienes estuvieron al frente de la gestión del sistema de salud por años, que no contribuyeron a resolver esta situación, y ahora quieren que bajo el supuesto manto de autoridad que les confiere haber sido ministros o viceministro lo que dicen es innegable e incontrovertible y que su jerarquía es suficiente para que lo dicho sea la narrativa veraz.
Entre los argumentos planteados en el pronunciamiento están:
● “La falta de recursos va a limitar aún más la atención en consultas y procedimientos y en el suministro de medicamentos a los ciudadanos”. En contraste, la Administradora de los Recursos del Sistema de Seguridad Social en salud (ADRES) ha informado que los recursos de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) han sido girados a las EPS, de manera anticipada. Sin embargo, los recursos fluyen hacia las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPS) del mismo grupo económico de la EPS correspondiente, mientras aumentan las deudas con los que no están en él. Esto incrementa los patrimonios de estos conglomerados, mientras aumentan las deudas y la falta de pago que explican los atrasos en la prestación y la provisión de medicamentos a los pacientes, generando un clima de inconformidad en la población. Entonces, ¿es por falta de recursos?
● “El incremento de 12,01 % para la UPC aprobado en los últimos días de diciembre es muy insuficiente...”. Para las EPS históricamente el incremento de la UPC ha sido insuficiente y ningún cálculo técnico de la instancia correspondiente por ley es válido. Como buenos empresarios, solo cuentan los estudios contratados desde su gremio. El modelo de cálculo de la UPC ha sido pagar más por quien demanda más. Esto explica el abandono del área rural y las zonas urbanas marginadas. ¿No habría que cambiar la metodología de cálculo del valor de la UPC?
● “En lugar de garantizar los recursos necesarios para el sistema, el Ministerio del Interior anuncia la construcción de miles de Centros de Atención Primaria en Salud a través de las Juntas de Acción Comunal en los territorios, los cuales serían dotados con equipos tecnológicos y humanos financiados por el Ministerio de Salud”. Recursos para el sistema significa más UPC para las EPS. Pero, aunque se ha más que duplicado el valor de la UPC en los últimos 10 años, los centros y puestos de salud han sido cerrados porque no son rentables en el modelo de aseguramiento dominado por las EPS. En contraste, el gobierno nacional busca la articulación de recursos de salud con los que van a las comunidades a través de las juntas de acción comunal para recuperarlos y ponerlos en funcionamiento, siendo estos recursos del MinInterior adicionales a los presupuestados por el Gobierno en los ejercicios de planeación, con el fin de mejorar las dotaciones en las zonas rurales, lo que permite fortalecer también a los entes territoriales para el gobierno de la salud en sus territorios. ¿No es posible un trabajo interministerial e interinstitucional del Estado? ¿Abrir y habilitar escenarios de atención donde la población no tiene acceso es inadecuado? Esta es una ruta para territorializar la salud frente a la desterritorialización que ha producido el aseguramiento con las EPS, y recuperar la salud pública.
● “Con ese mismo propósito de capturar los recursos de la salud, el gobierno nacional hace nombrar en la presidencia ejecutiva de la Nueva EPS a una persona cuyos antecedentes ejecutivos no dan las garantías técnicas ni de capacidades gerenciales...”. La idoneidad en el sistema de aseguramiento se basa en tener “capacidades gerenciales” para garantizar la rentabilidad empresarial, no para atender a tiempo, lo más cerca de la gente, ni prevenir la enfermedad, ni promover la salud. El nombramiento del nuevo gerente dará garantía de este cambio de orientación que ha propuesto el gobierno nacional. ¿Se puede considerar una decisión inadecuada? Cadena tiene trayectoria en el sector público a diferencia de cuando, por ejemplo, asumieron sus cargos en el Ministerio de Salud Gaviria, Ruiz o Escobar.
● “...el Ministerio de Salud, en un requerimiento legal insólito, interpone una acción popular contra las EPS, la cual es ajena a sus competencias...”. Cuando estos funcionarios estuvieron en el Ministerio y la Superintendencia aplazaron de manera sistemática el cumplimiento de la obligación de demostrar la suficiencia y liquidez de las reservas técnicas de muchas EPS y no se preocuparon por el incremento de las deudas a los prestadores que de ello se deriva. La caja negra de la confidencialidad empresarial está detrás de este sistemático incumplimiento. ¿Por qué no acudir al sistema judicial, cuando se trata de recursos públicos?
● “Estas decisiones se agregan a otras que vienen de atrás, orientadas también a satisfacer la voluntad soterrada del gobierno nacional para destruir lo construido durante tres décadas en el sistema de salud. Retornan a la memoria expresiones públicas realizadas hace varios meses por los más altos funcionarios de este gobierno nacional, en el sentido de precipitar una crisis...”. Es increíble el cinismo al cual se puede llegar en una posición como esta. Este grupo de exfuncionarios son co-responsables de la crisis crónica del sistema de salud y ahora quieren sostener que es producto de un año de gobierno y que lo que ellos/as hicieron durante tres décadas fue construir un sistema de salud que sí atendió la salud de la gente. Se les invita a revisar las cifras históricas constantes de las acciones de tutela, los PQR, las denuncias y demandas recurrentes de los usuarios, de los y las trabajadoras del sector salud para que refresquen la memoria.
● “La desfinanciación que presenta el sector no está siendo atendida por el gobierno nacional a pesar de las múltiples advertencias...”. Otra idea, no argumentada, que instala la narrativa del miedo, pero que desestima la demostración recurrente de la ADRES y la Superintendencia de Salud sobre las fuentes y la asignación progresiva del financiamiento público del sistema de salud para los próximos diez años.
● “Con las reformas que adelanta el gobierno nacional, el sistema de salud no tendrá ya como prioridad la salud de la población, sino que se convertirá en una herramienta al servicio de intereses clientelistas y capturas politiqueras de la institucionalidad y de los recursos públicos”. Es increíble esta otra idea, que busca encubrir algo que le es común al conjunto de estos exfuncionarios, y es que el interés está puesto en las finanzas y sus rendimientos, en términos de patrimonios empresariales obtenidos con recursos públicos. ¿Esto no es corrupción? Para ellos y ellas, es simplemente eficiencia empresarial. De lo que se trata con las reformas es de recuperar la administración pública y transparente de los recursos públicos, y no seguir alimentando las arcas de empresas privadas buscadoras y extractoras de rentas públicas.
● “Los colombianos debemos tener claro el peligro al que se está sometiendo el goce efectivo del derecho a la salud... La solidaridad y la equidad se verán sometidas a restricciones porque paulatinamente se limitará el acceso a los servicios de salud, en especial para las poblaciones más vulnerables ante las limitaciones de recursos. La universalidad de la cobertura será menguada por esas mismas razones y por las acciones ineficientes y anómalas del gobierno nacional”. Queda así expuesta una visión del derecho a la salud que consiste en la universalidad de la afiliación, la sostenibilidad financiera del paquete de servicios y la eficiencia de la rentabilidad empresarial. En contraste, para los sectores que estamos con la reforma del sistema, los principios están dados estipulados en la Observación General No. 14 de 2000 de Naciones Unidas sobre el derecho a la salud: disponibilidad de bienes y servicios de salud, acceso real y efectivo a los mismos de manera integral, calidad y aceptabilidad. Es decir, dos visiones del derecho: una centrada en lo financiero; la otra centrada en la atención real a la población. Este no es un debate menor. Es necesario que la población lo entienda plenamente y pueda participar en él de manera consciente.
Es muy llamativo como cierran el pronunciamiento: “Los colombianos pueden estar seguros de que más allá de los ataques personales, las tergiversaciones que hagan sobre nuestros argumentos, las falacias que utilicen para sus informaciones, nosotros mantendremos un seguimiento al accionar del gobierno ...”. O sea que cualquier contra-argumentación, cualquier discusión contra la “verdad” dicha por estos exfuncionarios, se entenderá como ataques personales, tergiversaciones y falacias, y deben desestimarse por completo.
A pesar de la pobreza argumentativa y del cierre absoluto al debate que sostienen en esta declaración estos exfuncionarios y académicos, las organizaciones sociales que suscriben y las y los firmantes de esta contra-argumentación, que somos ciudadanas/os del común, académicas/os, profesionales de la salud y de otras áreas, con la identidad colectiva que nos dan los años de trabajo en aulas, centros de salud, hospitales y/o espacios sociales y comunitarios, abordando problemas de salud de las poblaciones, nos atrevemos a plantear a la sociedad colombiana una visión distinta del derecho y del deber ser del sistema de salud.
Por lo anterior, en esta declaración las organizaciones sociales y ciudadanas/os firmantes hacemos explícita nuestra posición favorable a la reforma del sistema de salud y a la continuidad de su curso legislativo, con amplia participación de la sociedad, para que en el país realmente se construya una experiencia histórica de garantía real del derecho a la salud.
Suscriben:
Organizaciones:
Asociación Latinoamericana de Medicina Social y Salud Colectiva - ALAMES People’s Health Movement - PHM
Corporación Salud y Buen Vivir
Grupo Guillermo Fergusson
Cabildo Misak Nu Pachik Chak -Santiago de Cali
Fundación IFARMA
Fundación Tradición Oral
Alianza por la Salud
FENALTRASE Antioquia
Asociación Salud al Derecho
Mesa por la Salud y la Seguridad Social de Antioquia
Unión Sindical Obrera -USO
Asociación Nacional de Pensionados de la Industria del Petróleo -ANDEPETROL
Asociación de Pensionados de la Empresa Colombiana de Petróleo de Antioquia -ASPECOA
Asociación se Guadúas de Barrancabermeja -ADEGUBA.
Ciudadanas/os
Saúl Franco - PhD., Excomisionado, Comisión de la Verdad y la Reconciliación.
Dolly Arias Torres - PhD. Decana Facultad de Ciencias de la Salud, Universidad Surcolombiana.
Amparo Hernández-Bello - PhD., Docente universitaria.
Nancy Molina Achury - PhD. Grupo Guillermo Fergusson.
Sara Yaneth Fernández Moreno - PhD, Docente Universidad de Antioquia.
Román Vega - PhD., Exsecretario de Salud de Bogotá - Coordinador global del People’s Health Movement.
Mario Hernández Álvarez - PhD., Coordinador de Doctorado Interfacultades en Salud Pública, Universidad Nacional de Colombia.
Yadira Borrero Ramírez – PhD. Docente Facultad Nacional de Salud Pública.
Mauricio Torres Tovar – PhD. Director del Departamento de Salud Pública, Facultad de Medicina, Universidad Nacional de Colombia - ALAMES.
Jennifer Cardona Malaver - Coordinadora de la Misión de Soberanía Sanitaria, Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación - ALAMES.
María Alejandra Rojas Ordoñez - Integrante del Consejo Superior Universitario de la Universidad Nacional de Colombia - Corporación Salud y Buen Vivir.
Rafael Antonio Malagón Oviedo – PhD, profesor Universidad Nacional de Colombia. Francisco Rossi – M.D. Fundación IFARMA.
Jorge Martín Rodríguez. PhD, Profesor Universitario, exdirector Dirección de Investigación del Instituto Nacional de Salud
Esperanza Echeverry. PhD. - ALAMES.
Claudia Beatriz Naranjo - ALAMES.
Beatriz Carvallo - Asociación Nacional de Enfermeras de Colombia, ANEC. María Yalanda Campo - Gobernadora Misak.
María Beatriz Duarte Gómez - PhD. ALAMES.
Juan Carlos Eslava - Profesor, Universidad Nacional de Colombia.
Jairo Ernesto Luna - PhD., profesor Universidad Nacional de Colombia. Angélica López – Odontóloga, Fundación Tradición Oral.
Martha Bejarano - Salud al Derecho Asociación.
Orlando Uribe Buitrago - Mesa de Educación de Santa Rosa de Cabal.
Iván Valencia Yepes - Sociedad civil.
Gabriel Otálvaro – PhD. profesor Facultad Nacional de Salud Pública. Helena Fernández de García - Sociedad civil.
Samuel Andrés Arias Valencia – PhD. profesor Universidad de Antioquia. Gustavo Zúñiga - Sociedad Civil.
Julián Vargas Jaramillo – profesor Facultad Nacional de Salud Pública.
Esla Strauss - Sociedad civil.
Sonia Quebradas - Asociación Nacional de Enfermeras de Colombia, ANEC. Ricardo Rojas, M.D. - Salubrista.
Wilson Alberto Torres Calle – M.D. Secretaria de Salud de Cundinamarca.
Javier Peña - Médico en formación, Universidad de Cartagena. Jaime Varela Londoño - Secretaria de Salud de Itagüí.
Liliana Patricia Muñoz Sánchez - Colegio Médico de Risaralda. Jorge Morales - Médico.
Luisa Rubiano - Sociedad civil.
Catalina Gómez Villamizar – PhD. Universidad Nacional de Colombia.
Myriam Oróstegui - Universidad Industrial de Santander.
Luis Hernández - Esp seguridad y salud en el trabajo.
Sheila Andrea Gómez Peñaloza - Docente universitaria.
Hugo Zambrano - Corporación Salud y Buen Vivir.
Natalia Galeano - Universidad de Antioquia.
Andrés Ramírez - Salubrista.
Javier Rodríguez – PhD. Corporación Salud y Buen Vivir.
Victoria Eugenia Estrada - Alianza Por la Salud - Referente Vigilancia Salud Publica SEC Salud Valle.
Alejandro Mesa López - Mesa de Salud Santa Rosa de Cabal. Mary Luz Dussán Márquez - Médica.
Gloria Patricia Cadavid Molina - FENALTRASE Antioquia. Albert Lagos - Químico farmacéutico en formación.
Germán Liévano - Instituto de Enfermedades Digestivas, Digescol SAS. Lina Ospina - Maisno.
César Geney – M.D. Corporación Salud y Buen Vivir.
Josefina Ayala - Sociedad civil.
Dora Cardona - Directora Científica IPS.
Juan Carlos Valencia Sánchez - Sociedad civil.
Santiago Osorno – M.D. Mesa por la Salud y la Seguridad Social de Antioquia. Diego Fernando Rojas Esguerra - Sociedad civil.
Diego Mauricio Gómez Ferreira - Miembro junta directiva Unión Sindical Obrera, USO. Sergio Mauricio Concha García - ANDEPETROL.
Pedro Chaparro Sánchez - ANDEPETROL.
William Orlando Ballestas González - USO.
Carlos Alonso Ardila Plata - USO.
Oscar Gahona - USO.
Jorge Guillermo Ariza Díaz - USO. Gustavo Adolfo Barrera Márquez - USO. Eduar Durán Jaimes - USO.
José Alexander Cuadros Vera - USO. Yeni Maritza Vega - USO.
Jairo Cardeño - ASPECOA.
Moisés Barón Cárdenas - USO. Wladimir Mejía Ramírez - USO. Anderson Ochoa Roso - USO.
Oscar William Sánchez Garza - USO.
José Luis Bastos Ortiz - USO.
John Alexander García Ríos - USO.
Javier Vélez Zambrano - ADEGUBA.
Isabel Jiménez Herrera - JAC Barrancabermeja. José Rafael Gamboa Maldonado - USO.
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