Reforma al SGP: improvisación y politiquería
A propósito del editorial del 8 de diciembre, titulado “La euforia con la descentralización es prematura”. Si bien es cierto que algunos cánones de la ya antigua Carta Política de 1991 aún no han sido reglamentados ni ejecutados, no es menos cierto que los gobiernos, desde 1990 hasta hoy, tampoco se han preocupado por hacerlo y se han desentendido de temas como la descentralización fiscal y administrativa.
En ese orden de ideas, surge el “proyecto” de reforma al Sistema General de Participaciones (SGP) de una manera no solo improvisada, sino también politiquera, ya que pretende afectar al actual Gobierno con un proyecto hecho a las carreras, sin valorar las consecuencias políticas y fiscales, y sin considerar el efecto previsible de lo que provocarán los “jefes” políticos de las regiones, en departamentos y municipios cargados de dineros públicos, muchos de ellos con planes de desarrollo y actividades a medio ejecutar.
Con la citada reforma al SGP, veremos la inmensa lista de contratistas en municipios que afirman saber desde amasar pan hasta construir vías, o de “líderes” de comuna, barrios o presidentes de JAC (Juntas de Acción Comunal) recibiendo jugosos honorarios para “hacer” proselitismo en favor de los jefes políticos de su región. Si esto ya se observa con “escasos recursos”, como marionetas para citar un ejemplo reciente, ¿se imaginan con la casi duplicación de los recursos?
Claro está que tampoco es menos cierto que los recursos manejados desde Bogotá no están exentos de la lenta burocracia de los mandos superiores y, sobre todo, medios de los ministerios y el DNP (Departamento Nacional de Planeación), cuyos técnicos a menudo se interponen en planes y proyectos con propósitos definidos. A esto se suman personajes o empresarios interesados en proyectos que no corresponden a su “cuerda” de amistad o política.
Que se trasladen funciones a los entes territoriales está muy bien, pero ¿quién supervisará y hará la interventoría a más de 1.000 municipios? ¿La Contraloría, la Procuraduría, la Supersalud, entre otros? Estas entidades también son ineficaces y sufren en su interior de politiquería, corrupción y engavetamiento de investigaciones.
O acaso un ejemplo de hoy: ¿en qué va la investigación del robo a Ecopetrol por el contubernio del ELN y los Silva Bickenbau, después de varios meses de ocurrido? En nada. Mejor dicho, estamos sucios y el agua lejos.
Víctor Emilio García Cardozo
Envíe sus cartas a lector@elespectador.com
A propósito del editorial del 8 de diciembre, titulado “La euforia con la descentralización es prematura”. Si bien es cierto que algunos cánones de la ya antigua Carta Política de 1991 aún no han sido reglamentados ni ejecutados, no es menos cierto que los gobiernos, desde 1990 hasta hoy, tampoco se han preocupado por hacerlo y se han desentendido de temas como la descentralización fiscal y administrativa.
En ese orden de ideas, surge el “proyecto” de reforma al Sistema General de Participaciones (SGP) de una manera no solo improvisada, sino también politiquera, ya que pretende afectar al actual Gobierno con un proyecto hecho a las carreras, sin valorar las consecuencias políticas y fiscales, y sin considerar el efecto previsible de lo que provocarán los “jefes” políticos de las regiones, en departamentos y municipios cargados de dineros públicos, muchos de ellos con planes de desarrollo y actividades a medio ejecutar.
Con la citada reforma al SGP, veremos la inmensa lista de contratistas en municipios que afirman saber desde amasar pan hasta construir vías, o de “líderes” de comuna, barrios o presidentes de JAC (Juntas de Acción Comunal) recibiendo jugosos honorarios para “hacer” proselitismo en favor de los jefes políticos de su región. Si esto ya se observa con “escasos recursos”, como marionetas para citar un ejemplo reciente, ¿se imaginan con la casi duplicación de los recursos?
Claro está que tampoco es menos cierto que los recursos manejados desde Bogotá no están exentos de la lenta burocracia de los mandos superiores y, sobre todo, medios de los ministerios y el DNP (Departamento Nacional de Planeación), cuyos técnicos a menudo se interponen en planes y proyectos con propósitos definidos. A esto se suman personajes o empresarios interesados en proyectos que no corresponden a su “cuerda” de amistad o política.
Que se trasladen funciones a los entes territoriales está muy bien, pero ¿quién supervisará y hará la interventoría a más de 1.000 municipios? ¿La Contraloría, la Procuraduría, la Supersalud, entre otros? Estas entidades también son ineficaces y sufren en su interior de politiquería, corrupción y engavetamiento de investigaciones.
O acaso un ejemplo de hoy: ¿en qué va la investigación del robo a Ecopetrol por el contubernio del ELN y los Silva Bickenbau, después de varios meses de ocurrido? En nada. Mejor dicho, estamos sucios y el agua lejos.
Víctor Emilio García Cardozo
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