Respuesta a una columna: ¿Y la oficina de presupuesto del Congreso?
En su columna del 10 de noviembre, Armando Montenegro aborda los elevados costos fiscales de la reforma laboral que se tramita actualmente en el Congreso.
Más allá del debate, dado el costo fiscal que aduce el columnista, menciona cinco temas interesantes: (i) afirmación del gobierno sobre la no existencia de costos fiscales de la reforma, (ii) la existencia de la ley de sostenibilidad fiscal en donde el MinHacienda y/o los congresistas deben realizar ponencias con el cálculo del impacto fiscal de los proyectos de ley, (iii) la posible parcialidad del MinHacienda al conceptuar sobre la sostenibilidad fiscal de las reformas de origen gubernamental, (iv) la propuesta de análisis fiscal desde el comité autónomo de la regla fiscal (CARF) a los proyectos del gobierno, (v) otras iniciativas recientes que presentan dudas sobre desbalance en las finanzas públicas.
Teniendo en cuenta que todas las iniciativas legislativas del gobierno Petro se han visto cuestionadas por su impacto en las finanzas del país, no es sorpresa que la ya sancionada reforma pensional y el proyecto de reforma constitucional sobre el Sistema General de Participaciones no sean la excepción. Sin embargo, mantener unas finanzas públicas sanas y cuidar la calificación del país, es un deber gubernamental, pero también debería ser una preocupación para la sociedad. Por esta razón, es menester preguntarse si la actual normativa permite una mejor comprensión y abordaje de los impactos fiscales de los proyectos de ley del gobierno y de los mismos congresistas.
En 2019, se creó a través de la ley 1985 la Oficina de Asistencia Técnica Presupuestal del Congreso de la República (OATP). Si bien las leyes en Colombia se demoran en implementar, en esta han pasado cinco años desde su expedición y poco o nada se puede encontrar sobre su desarrollo, reglamentación o puesta en marcha. En agosto del 2022, El Espectador publicó una entrevista con Carolina Soto, excodirectora del Banco de la República, quien estaría encargada de diseñar la hoja de ruta de la implementación de la oficina, pero hasta ahora no se conocen los avances a los que llegó ella y el equipo de la rama legislativa.
Varios lectores se preguntarán sobre el porqué se crea una oficina de este tipo. La respuesta puede ser más fácil de ver en la vida real: los y las congresistas en el marco de la redacción de sus iniciativas y/o en su función de ponentes de proyectos de ley, no tienen la posibilidad de crear un análisis de impacto fiscal lo suficientemente robusto para no depender de un aval del Ministerio de Hacienda, sobre todo por los términos del reglamento del Congreso. Frente a esto, no se pretende excusar a los congresistas de sus responsabilidades, pero sí es importante tener en cuenta que la estructura de las Unidades Técnicas Legislativas hace poco probable la realización de este tipo de estudios que un Congreso debería tener como mínimo y que se tiene en otros países.
Es de recordar que en el Congreso se tramitan muchos proyectos de ley o actos legislativos al tiempo. Cabe preguntarse, ¿en qué momento el Congreso estudia de fondo los impactos fiscales de estos proyectos de ley? La creación de la OATP se realizó con el fin de proveer herramientas a las y los congresistas para poder analizar varias iniciativas y es vital para la democracia que el Congreso colombiano tenga una Oficina que se encargue del tema. En este caso, no se necesita crear la ley, sino ponerla en marcha.
Por último, si bien en la reforma constitucional en curso sobre el SGP, la presidenta de la Comisión IV de Senado organizó un debate con centros de pensamientos y académicos sobre los impactos de esta reforma, resalta la intervención del comité autónomo de la regla fiscal (CARF), en donde concluyen los efectos que tendría esta sobre la regla fiscal y el balance macroeconómico de la Nación. Sin embargo, aunque lo propone el columnista Montenegro, la CARF no debería ser el único organismo estatal que genere estos análisis, sino la OATP; no solo para la ley de presupuesto, reformas tributarias, leyes de financiamiento, planes de desarrollo, marco fiscal de mediano plazo, entre muchos otros, sino también otras iniciativas que tengan un impacto fiscal, y que permita un debate legislativo más profundo, y no que se quede en las intenciones políticas sin números en mano para analizar y decidir.
Andrés Leonardo Villamil Duarte
Envíe sus cartas a lector@elespectador.com
En su columna del 10 de noviembre, Armando Montenegro aborda los elevados costos fiscales de la reforma laboral que se tramita actualmente en el Congreso.
Más allá del debate, dado el costo fiscal que aduce el columnista, menciona cinco temas interesantes: (i) afirmación del gobierno sobre la no existencia de costos fiscales de la reforma, (ii) la existencia de la ley de sostenibilidad fiscal en donde el MinHacienda y/o los congresistas deben realizar ponencias con el cálculo del impacto fiscal de los proyectos de ley, (iii) la posible parcialidad del MinHacienda al conceptuar sobre la sostenibilidad fiscal de las reformas de origen gubernamental, (iv) la propuesta de análisis fiscal desde el comité autónomo de la regla fiscal (CARF) a los proyectos del gobierno, (v) otras iniciativas recientes que presentan dudas sobre desbalance en las finanzas públicas.
Teniendo en cuenta que todas las iniciativas legislativas del gobierno Petro se han visto cuestionadas por su impacto en las finanzas del país, no es sorpresa que la ya sancionada reforma pensional y el proyecto de reforma constitucional sobre el Sistema General de Participaciones no sean la excepción. Sin embargo, mantener unas finanzas públicas sanas y cuidar la calificación del país, es un deber gubernamental, pero también debería ser una preocupación para la sociedad. Por esta razón, es menester preguntarse si la actual normativa permite una mejor comprensión y abordaje de los impactos fiscales de los proyectos de ley del gobierno y de los mismos congresistas.
En 2019, se creó a través de la ley 1985 la Oficina de Asistencia Técnica Presupuestal del Congreso de la República (OATP). Si bien las leyes en Colombia se demoran en implementar, en esta han pasado cinco años desde su expedición y poco o nada se puede encontrar sobre su desarrollo, reglamentación o puesta en marcha. En agosto del 2022, El Espectador publicó una entrevista con Carolina Soto, excodirectora del Banco de la República, quien estaría encargada de diseñar la hoja de ruta de la implementación de la oficina, pero hasta ahora no se conocen los avances a los que llegó ella y el equipo de la rama legislativa.
Varios lectores se preguntarán sobre el porqué se crea una oficina de este tipo. La respuesta puede ser más fácil de ver en la vida real: los y las congresistas en el marco de la redacción de sus iniciativas y/o en su función de ponentes de proyectos de ley, no tienen la posibilidad de crear un análisis de impacto fiscal lo suficientemente robusto para no depender de un aval del Ministerio de Hacienda, sobre todo por los términos del reglamento del Congreso. Frente a esto, no se pretende excusar a los congresistas de sus responsabilidades, pero sí es importante tener en cuenta que la estructura de las Unidades Técnicas Legislativas hace poco probable la realización de este tipo de estudios que un Congreso debería tener como mínimo y que se tiene en otros países.
Es de recordar que en el Congreso se tramitan muchos proyectos de ley o actos legislativos al tiempo. Cabe preguntarse, ¿en qué momento el Congreso estudia de fondo los impactos fiscales de estos proyectos de ley? La creación de la OATP se realizó con el fin de proveer herramientas a las y los congresistas para poder analizar varias iniciativas y es vital para la democracia que el Congreso colombiano tenga una Oficina que se encargue del tema. En este caso, no se necesita crear la ley, sino ponerla en marcha.
Por último, si bien en la reforma constitucional en curso sobre el SGP, la presidenta de la Comisión IV de Senado organizó un debate con centros de pensamientos y académicos sobre los impactos de esta reforma, resalta la intervención del comité autónomo de la regla fiscal (CARF), en donde concluyen los efectos que tendría esta sobre la regla fiscal y el balance macroeconómico de la Nación. Sin embargo, aunque lo propone el columnista Montenegro, la CARF no debería ser el único organismo estatal que genere estos análisis, sino la OATP; no solo para la ley de presupuesto, reformas tributarias, leyes de financiamiento, planes de desarrollo, marco fiscal de mediano plazo, entre muchos otros, sino también otras iniciativas que tengan un impacto fiscal, y que permita un debate legislativo más profundo, y no que se quede en las intenciones políticas sin números en mano para analizar y decidir.
Andrés Leonardo Villamil Duarte
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