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Causales de la inseguridad en Bogotá
Felipe Zuleta, en su columna del 25 de febrero, endilga la inseguridad en Bogotá a pasados gobiernos, como el de Claudia López y su cercanía con la denominada Primera Línea. Para empezar, es muy fácil echarle la culpa de la preocupante crisis de seguridad que se vive en Bogotá a una sola causa, o a un alcalde, y puede ser que sí, y que durante el gobierno de Enrique Peñalosa esta crisis no se vivió, por lo menos en el grado de ahora, pero hay otros factores que no se pueden desconocer: la pandemia de hace tres años que deterioró los ingresos de muchos hogares, y la consabida falta de policías para una cuidad de más de 11 millones de habitantes.
Influye también que el ciudadano no denuncia, ya sea por indiferencia, porque no cree en las instituciones o porque los mecanismos dispuestos no son de fácil acceso al ciudadano, quien es sometido a vueltas y esperas de horas. Sin duda, Carlos Fernando Galán debe tomar el toro por los cuernos y no acudir al fastidioso espejo retrovisor, al estilo Fico Gutiérrez. Pero esta es una labor conjunta, ¿qué pasó con los frentes de seguridad tan efectivos en una época? Ahora bien, criminalizar la protesta social, que es un derecho constitucional, tampoco es la solución: sí ha habido excesos, pero no fueron todos. Jennifer Pedraza participó como líder estudiantil en estas protestas y ahora es congresista, y no creo que haya sido una terrorista o algo por el estilo.
La seguridad es un asunto de todos, como reza el dicho.
Alberto Vanegas, Bogotá.
El papel de las protestas frente a la elección de fiscal
Nada menos que crítico es ese concepto en el editorial del 7 de febrero de llamar “burda” a la marcha o protesta que se haga por parte de la ciudadanía cuando es un derecho constitucional que tiene cada persona; es una falta de respeto y una grosería por parte del editor. La Corte Suprema de Justicia está obligada a cumplir con su deber constitucional de elección de fiscal en los tiempos que corresponden y no tiene ninguna necesidad de dejar interinidad.
Otro aspecto debatible es considerar que las presiones no son necesarias cuando se sabe que hay claras muestras de corrupción y resultados nefastos por parte de la Fiscalía, con lo cual se prorrogaría la impunidad acumulada que demuestra la falta de gestión y profesionalismo de Barbosa y Mancera.
Miguel Torres.
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