Hace algunos días nos sorprendió ver la republicación en El Espectador de un artículo de InfoAmazonia, sobre el supuesto desconocimiento de empresas colombianas a la autoridad indígena y a la consulta previa en proyectos de carbono en la Amazonia Brasileña. Nada más desconcertante y opuesto a la verdad.
Empecemos por el punto central, que se basa en el principio de la libre autodeterminación de los pueblos, según consta en el Convenio 169 de la OIT, y que se manifiesta en la necesidad de que las comunidades indígenas no solamente sean efectivamente consultadas (como en el caso de un proyecto de terceros a través de su territorio, como lo puede ser el establecimiento de un oleoducto, líneas de transmisión, o explotaciones del subsuelo). La manifestación del principio de autodeterminación más tangible reside en la participación efectiva de la comunidad en decidir sobre sus prioridades, en determinar la gobernanza del territorio conforme a sus usos y costumbres, en definir de manera autónoma los proyectos, programas y planes que más se ajusten a sus necesidades y aspiraciones comunitarias. Y es que es precisamente así como nace el proyecto REDD de las comunidades indígenas de Jutai en Brasil.
A partir de una decisión comunitaria se nos invita a las empresas desarrolladoras a acompañarlos a formular y desarrollar su proyecto. Y la respuesta de nuestras empresas se tradujo en aplicar nuestro modelo de trabajo participativo, donde las comunidades indígenas son titulares de sus iniciativas, donde los miembros de la comunidad participan activamente en el diagnóstico de las causas de deforestación, y en el diseño de las soluciones para atender dichas causas. Todo en el seno de aprobaciones a nivel de asambleas generales, y con la participación de mayores, mujeres, y jóvenes.
A la fecha se han realizado 25 reuniones con la participación de 1.200 personas, aproximadamente, de las diferentes aldeas de la zona. Y con el apoyo y participación permanente del Consejo de Pueblos Indígenas de Jutai (COPIJU), quien ha sido fundamental en el avance del proceso. Con el apoyo de COPIJU hemos empleado personas de la comunidad para el desarrollo de encuestas socioeconómicas, para producir documentos en las lenguas locales (Tikuna, Kokama, Katukina, Kanamari) y servir de traductores y facilitadores en los espacios comunitarios. El proceso rebasa con creces los mínimos de consulta y consentimiento previo libre e informado. Se avanza efectivamente en el fortalecimiento de los mecanismos de autogestión y autodeterminación.
El artículo también menciona el supuesto desconocimiento de las autoridades y normas federales. Algo que también es incorrecto, y prácticamente imposible bajo los estándares y normas de los programas de certificación de carbono, que exigen en primer lugar el cumplimiento de los marcos legales aplicables.
Desde el inicio se ha vinculado al proceso a la representante local de la Fundación Nacional de Pueblos Indígenas de Brasil (FUNAI). Incluso, los líderes de las comunidades indígenas han viajado en compañía de la FUNAI a Colombia, para conocer de primera mano la experiencia de nuestras empresas en el desarrollo y apoyo a la implementación de proyectos similares en la Amazonia Colombiana. Obviamente, reconocemos que FUNAI es la encargada de velar por el respeto de los derechos indígenas, la encargada de autorizar el ingreso en tierras indígenas y que reconoce la organización social, los usos, costumbres y tradiciones que tienen los indígenas que se encuentran en pleno gozo de sus derechos civiles y con la capacidad de asumir la responsabilidad de sus acciones. La solicitud de participación a la FUNAI, como en el caso de la invitación a las empresas desarrolladoras, ha provenido directamente de los indígenas, como parte de su proceso de desarrollo de proyecto. Y ha sido canalizado a través de ellos, los dueños del proyecto.
Otro tema que ha generado confusión es el apoyo supuestamente “engañoso” a la naciente Universidad Indígena Diferenciada de los Pueblos Amazónicos (UIDPA) y la Guardia Ambiental Indígena del Amazonas (GAIAM). Atendiendo las prioridades de las comunidades indígenas de Jutai, que ven en la universidad una forma de fortalecer sus esquemas de educación propia y de gobernanza territorial, el proyecto REDD+ ha incorporado estas actividades como parte de la estrategia general de conservación, fortalecimiento de las formas de autogobierno, y desarrollo socioeconómico sostenible y conforme a las tradiciones y costumbres locales. Y lo seguirá haciendo en el futuro.
En general, creemos que este tipo de proyectos constituyen una oportunidad única para que los pueblos indígenas puedan financiar sus planes de vida, conforme a sus prioridades y realidades culturales y socioeconómicas, mientras se protegen los bosques y la biodiversidad. Los recursos provenientes de este tipo de proyectos se canalizan de manera directa, y de manera ágil y focalizada. Además, el control social se fortalece con los proyectos REDD+ que benefician a toda la comunidad, ya que permitir la deforestación supone renunciar a beneficios de tipo social y económico que beneficia a todos. Creemos que los pueblos indígenas, como dueños o poseedores permanentes de la tierra, tienen el derecho legítimo de acceder directamente a estos mecanismos financieros internacionales y recibir la retribución asociada a la reducción de las tasas de deforestación y aumento de la conservación de los bosques, junto con su biodiversidad y recursos naturales.
Nos hemos esforzado por lograr los mejores proyectos REDD+ para las comunidades, y creemos que solo sumando los esfuerzos de los diferentes actores públicos y privados podremos contrarrestar los procesos de deforestación, fortaleciendo a las comunidades que habitan y se nutren directamente de ecosistemas estratégicos como la selva amazónica. Sumemos, no restemos. Por eso invito a El Espectador y a todos los medios de comunicación a consultar a los desarrolladores, a las mismas comunidades, incluso a visitar las zonas de proyecto cuando existan dudas, para corroborar el trabajo que se viene realizando de manera abierta y transparente.
Atentamente,
Juan Andrés López. Director de CARBO SOSTENIBLE.
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