El miércoles 16 de septiembre, el movimiento Causa Justa, que reúne a 134 activistas y 91 organizaciones, interpuso una demanda conjunta pidiendo a la Corte Constitucional que elimine el delito de aborto del Código Penal de una buena vez y por todas.
Hoy, a pesar de que el aborto es reconocido desde hace 14 años como un derecho en Colombia en múltiples sentencias de la Corte Constitucional, a pesar de que el aborto es legal en tres causales, se estima que tan solo entre un 1 % y un 9 % de los abortos voluntarios se realizan de forma legal y casi todos en centros urbanos. La implementación del derecho al aborto ha sido difícil, debido en gran medida a los fuertes estigmas que tiene nuestra sociedad contra las mujeres y niñas que abortan, y a la falta de información, es decir, porque la gran mayoría de mujeres y niñas de Colombia ni siquiera saben que el aborto es legal. Y esto pone en riesgo sus vidas.
Parte de la confusión, que aprovechan los grupos antiderechos, se debe a que el aborto sigue estando en el artículo 122 del Código Penal colombiano. Como el aborto sigue siendo un delito en el Código Penal, muchas mujeres y niñas que abortan, amparadas por la Sentencia C355/06, son criminalizadas, especialmente en las zonas rurales (97 %). También se estima que el 30 % de las mujeres denunciadas por aborto eran víctimas de violencia intrafamiliar o sexual. El delito también genera un estigma en los y las prestadoras de servicios de salud, que con frecuencia se ven acosados en sus lugares de trabajo por grupos antiderechos con apoyo de la misma policía.
Por eso, la Causa Justa es para que se declare inconstitucional ese artículo, “ya que es ineficiente, injusto con las mujeres y vulnera derechos fundamentales como la salud, la igualdad, la libertad y, sobre todo, porque su existencia desconoce la ciudadanía de las mujeres”. Al mantener el aborto como un delito, argumenta la demanda, se están violando la libertad de conciencia y el principio del Estado laico, porque “las mujeres y niñas no pueden ser obligadas a actuar conforme a consideraciones que no necesariamente coinciden con su propia conciencia”.
El sistema de causales que tenemos en Colombia es de los contextos menos restrictivos de la región, y sin embargo, para que mujeres y niñas puedan abortar, necesitan que un tercero, un o una médica, psicóloga o jueza decida si la situación cae dentro de las causales. Las mujeres y niñas no necesitamos a un tercero decidiendo por nosotras, porque solo nosotras podemos decidir sobre nuestras vidas y nuestros cuerpos, y es hora de que el Estado lo reconozca sin ambigüedades.
Ninguna operación médica que pueda ser necesaria para salvar la vida de un hombre está prohibida, pero muchas mujeres y niñas mueren cada año en Colombia porque les niegan una intervención tan sencilla como la interrupción voluntaria del embarazo. Las mujeres y niñas no tendremos una ciudadanía plena hasta que se reconozca nuestra autonomía sobre nuestras vidas y nuestros cuerpos. Nuestros cuerpos tienen que ser reconocidos como nuestros para tener verdadera autonomía. En esa autonomía se juega nuestra libertad. El derecho de las mujeres y niñas a elegir y, sobre todo, a elegirse, es el derecho a la libertad.
Quienes hacemos parte del movimiento Causa Justa lo hacemos porque estamos luchando por la libertad del 52 % de la población, algo que se supone que es una garantía constitucional, pero en pleno siglo XXI no es una realidad para muchísimas mujeres y niñas. El derecho al aborto es un derecho adquirido en el que no podemos retroceder, pero sí podemos avanzar hacia un país en donde todas las mujeres y niñas tengan garantizado un derecho tan básico y fundamental como la libertad.
El miércoles 16 de septiembre, el movimiento Causa Justa, que reúne a 134 activistas y 91 organizaciones, interpuso una demanda conjunta pidiendo a la Corte Constitucional que elimine el delito de aborto del Código Penal de una buena vez y por todas.
Hoy, a pesar de que el aborto es reconocido desde hace 14 años como un derecho en Colombia en múltiples sentencias de la Corte Constitucional, a pesar de que el aborto es legal en tres causales, se estima que tan solo entre un 1 % y un 9 % de los abortos voluntarios se realizan de forma legal y casi todos en centros urbanos. La implementación del derecho al aborto ha sido difícil, debido en gran medida a los fuertes estigmas que tiene nuestra sociedad contra las mujeres y niñas que abortan, y a la falta de información, es decir, porque la gran mayoría de mujeres y niñas de Colombia ni siquiera saben que el aborto es legal. Y esto pone en riesgo sus vidas.
Parte de la confusión, que aprovechan los grupos antiderechos, se debe a que el aborto sigue estando en el artículo 122 del Código Penal colombiano. Como el aborto sigue siendo un delito en el Código Penal, muchas mujeres y niñas que abortan, amparadas por la Sentencia C355/06, son criminalizadas, especialmente en las zonas rurales (97 %). También se estima que el 30 % de las mujeres denunciadas por aborto eran víctimas de violencia intrafamiliar o sexual. El delito también genera un estigma en los y las prestadoras de servicios de salud, que con frecuencia se ven acosados en sus lugares de trabajo por grupos antiderechos con apoyo de la misma policía.
Por eso, la Causa Justa es para que se declare inconstitucional ese artículo, “ya que es ineficiente, injusto con las mujeres y vulnera derechos fundamentales como la salud, la igualdad, la libertad y, sobre todo, porque su existencia desconoce la ciudadanía de las mujeres”. Al mantener el aborto como un delito, argumenta la demanda, se están violando la libertad de conciencia y el principio del Estado laico, porque “las mujeres y niñas no pueden ser obligadas a actuar conforme a consideraciones que no necesariamente coinciden con su propia conciencia”.
El sistema de causales que tenemos en Colombia es de los contextos menos restrictivos de la región, y sin embargo, para que mujeres y niñas puedan abortar, necesitan que un tercero, un o una médica, psicóloga o jueza decida si la situación cae dentro de las causales. Las mujeres y niñas no necesitamos a un tercero decidiendo por nosotras, porque solo nosotras podemos decidir sobre nuestras vidas y nuestros cuerpos, y es hora de que el Estado lo reconozca sin ambigüedades.
Ninguna operación médica que pueda ser necesaria para salvar la vida de un hombre está prohibida, pero muchas mujeres y niñas mueren cada año en Colombia porque les niegan una intervención tan sencilla como la interrupción voluntaria del embarazo. Las mujeres y niñas no tendremos una ciudadanía plena hasta que se reconozca nuestra autonomía sobre nuestras vidas y nuestros cuerpos. Nuestros cuerpos tienen que ser reconocidos como nuestros para tener verdadera autonomía. En esa autonomía se juega nuestra libertad. El derecho de las mujeres y niñas a elegir y, sobre todo, a elegirse, es el derecho a la libertad.
Quienes hacemos parte del movimiento Causa Justa lo hacemos porque estamos luchando por la libertad del 52 % de la población, algo que se supone que es una garantía constitucional, pero en pleno siglo XXI no es una realidad para muchísimas mujeres y niñas. El derecho al aborto es un derecho adquirido en el que no podemos retroceder, pero sí podemos avanzar hacia un país en donde todas las mujeres y niñas tengan garantizado un derecho tan básico y fundamental como la libertad.