El exsenador Víctor Velásquez, con el apoyo de Ordóñez, quiere tumbar la ley antidiscriminación porque “consagra un nuevo derecho, el derecho a elegir la orientación sexual”, como si creyera que antes la orientación sexual era asignada por el gobierno.
También sostiene que afirmaciones como la de Jorge Durán en el Concejo: “esto se está convirtiendo en una merienda de negros”, no son despectivas. Ordóñez, por su parte, dice que el tipo penal incluido en la ley puede llevar a la cárcel por convicciones religiosas, ideológicas o políticas. Esta ley lo preocupa pues él y sus funcionarios tienen la costumbre de dar declaraciones misóginas, homofóbicas y racistas, naturales en el cotidiano colombiano.
Cínico, Ordoñez usa el mismo argumento con el que se defendía Samper Ospina cuando él mismo lo denunció por las fotos publicadas en Soho. Su cambio de opinión parece obedecer a un ímpetu por defender su derecho a odiar. Aún cuando sus razones y las de Velásquez contra la Ley 1482 van de lo ridículo a lo injusto, tienen razón en una cosa: es crucial defender la libertad de expresión.
La libertad de expresión tiene límites: la injuria, la calumnia, el fraude, el secreto profesional, la protección de fuentes, los derechos de un menor. Estos límites bordean el campo de la opinión, que hace parte de la libre subjetividad. Esas libertades se restringen para los funcionarios públicos que en muchos contextos representan la voz del Estado, que es colectiva, no subjetiva. La Ley 1482 traspasa esas fronteras pues no alcanza a delimitar con precisión qué es discriminar y qué no. La intención expresiva del lenguaje no puede medirse matemáticamente. La palabra “negro” puede ser un grave insulto, una observación objetiva o un gesto de cariño, y todo dependerá del contexto cultural, de la historia del emisor y el receptor y de la relación entre ambos. ¿Dónde empieza el lenguaje discriminatorio y donde termina el incluyente? Con linderos tan difusos es factible usar la ley para la censura, pues es punitiva y sanciona conductas cuyas intenciones son difíciles de probar.
Frank La Rue, experto en libertad de expresión de las Naciones Unidas, dice que esta libertad es vital para crear escenarios donde puedan darse las discusiones críticas sobre temas religiosos, raciales, sexuales y otros, necesarias para promover la tolerancia. En su opinión los esfuerzos de muchos gobiernos para combatir los discursos de odio han sido desacertados pues constan de legislaciones ambiguas y sanciones desproporcionadas que terminan usándose para silenciar la crítica y la expresión política. Resulta más efectivo tener una amplia plataforma de programas educativos que combatan la inequidad y la discriminación estructural.
Conviene que los intolerantes hablen, sus palabras provocan espacios de discusión que pueden llevar al repudio social: un mecanismo de control más efectivo que la cárcel. Las voces que se oponen a los discursos de odio pueden generar movimientos sociales que ayuden a restaurar la dignidad del grupo ofendido. ¡Qué fuera de lugar se vieron las declaraciones de Gerlein, qué excelente oportunidad dieron para salir de prejuicios y caricaturas sobre la homosexualidad! Para acabar con un discurso de odio hay que desafiarlo con argumentos. Repudiar su uso en las figuras públicas es un primer paso para que las actitudes discriminatorias cambien en espacios privados. La censura mantiene al prejuicio protegido bajo la sombra, confrontarlo con el mundo y enfrentarlo a la sanción social, es lo que poco a poco forja cambios en nuestra cultura. Acabar con la discriminación no se trata de callar al que odia, se trata de que el que odia, aprenda a escuchar.
El exsenador Víctor Velásquez, con el apoyo de Ordóñez, quiere tumbar la ley antidiscriminación porque “consagra un nuevo derecho, el derecho a elegir la orientación sexual”, como si creyera que antes la orientación sexual era asignada por el gobierno.
También sostiene que afirmaciones como la de Jorge Durán en el Concejo: “esto se está convirtiendo en una merienda de negros”, no son despectivas. Ordóñez, por su parte, dice que el tipo penal incluido en la ley puede llevar a la cárcel por convicciones religiosas, ideológicas o políticas. Esta ley lo preocupa pues él y sus funcionarios tienen la costumbre de dar declaraciones misóginas, homofóbicas y racistas, naturales en el cotidiano colombiano.
Cínico, Ordoñez usa el mismo argumento con el que se defendía Samper Ospina cuando él mismo lo denunció por las fotos publicadas en Soho. Su cambio de opinión parece obedecer a un ímpetu por defender su derecho a odiar. Aún cuando sus razones y las de Velásquez contra la Ley 1482 van de lo ridículo a lo injusto, tienen razón en una cosa: es crucial defender la libertad de expresión.
La libertad de expresión tiene límites: la injuria, la calumnia, el fraude, el secreto profesional, la protección de fuentes, los derechos de un menor. Estos límites bordean el campo de la opinión, que hace parte de la libre subjetividad. Esas libertades se restringen para los funcionarios públicos que en muchos contextos representan la voz del Estado, que es colectiva, no subjetiva. La Ley 1482 traspasa esas fronteras pues no alcanza a delimitar con precisión qué es discriminar y qué no. La intención expresiva del lenguaje no puede medirse matemáticamente. La palabra “negro” puede ser un grave insulto, una observación objetiva o un gesto de cariño, y todo dependerá del contexto cultural, de la historia del emisor y el receptor y de la relación entre ambos. ¿Dónde empieza el lenguaje discriminatorio y donde termina el incluyente? Con linderos tan difusos es factible usar la ley para la censura, pues es punitiva y sanciona conductas cuyas intenciones son difíciles de probar.
Frank La Rue, experto en libertad de expresión de las Naciones Unidas, dice que esta libertad es vital para crear escenarios donde puedan darse las discusiones críticas sobre temas religiosos, raciales, sexuales y otros, necesarias para promover la tolerancia. En su opinión los esfuerzos de muchos gobiernos para combatir los discursos de odio han sido desacertados pues constan de legislaciones ambiguas y sanciones desproporcionadas que terminan usándose para silenciar la crítica y la expresión política. Resulta más efectivo tener una amplia plataforma de programas educativos que combatan la inequidad y la discriminación estructural.
Conviene que los intolerantes hablen, sus palabras provocan espacios de discusión que pueden llevar al repudio social: un mecanismo de control más efectivo que la cárcel. Las voces que se oponen a los discursos de odio pueden generar movimientos sociales que ayuden a restaurar la dignidad del grupo ofendido. ¡Qué fuera de lugar se vieron las declaraciones de Gerlein, qué excelente oportunidad dieron para salir de prejuicios y caricaturas sobre la homosexualidad! Para acabar con un discurso de odio hay que desafiarlo con argumentos. Repudiar su uso en las figuras públicas es un primer paso para que las actitudes discriminatorias cambien en espacios privados. La censura mantiene al prejuicio protegido bajo la sombra, confrontarlo con el mundo y enfrentarlo a la sanción social, es lo que poco a poco forja cambios en nuestra cultura. Acabar con la discriminación no se trata de callar al que odia, se trata de que el que odia, aprenda a escuchar.