El martes 22, el vocero del presidente de Argentina, Manuel Adorni, anunció que “Por decisión del presidente Javier Milei” se prohibirá “el lenguaje inclusivo y todo lo referente a la perspectiva de género en toda la administración pública nacional”, agregó que “No se va a poder utilizar la letra e, el arroba, la x; y evitar la innecesaria inclusión del femenino en todos los documentos de la administración pública”, y advirtió que puede haber sanciones para quienes no cumplan con la medida. Desde ahora y por decreto tampoco podrá usarse lenguaje incluyente en las Fuerzas Armadas.
Ya en junio de 2022 el gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sacó una resolución del Ministerio de Educación que prohibía el lenguaje incluyente en las aulas escolares y las comunicaciones de les docentes a las familias que, por supuesto, causó mucha controversia. En ese momento, la medida fue rechazada por expertes y lingüistas, y la Junta Departamental de la carrera de Letras de la UBA dijo al Washington Post que “los usos de la lengua siempre son políticos en el sentido más amplio y fuerte de ese término; la intención de prohibir usos lingüísticos también lo es y lejos está de garantizar la libertad”. El Ministerio argumentaba que había una crisis educativa generada por la pandemia y que la prohibición mejoraría la comprensión de lectura de les niñes. La gran diferencia ahora es que Milei ni siquiera ha intentado presentar una excusa o justificación.
Milei acabó con el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad, supuestamente para recortar gastos, y mejorar la economía (algo que no ha logrado), pero esta medida no tiene justificación económica posible: es una postura política de un Estado que no reconoce a las personas trans y no binarias, y en donde la inclusión de las mujeres es “innecesaria”. El mismo martes, el comunicador antiderechos, Eduardo Menoni, anunció que Bukele, vía el Ministerio de Educación de El Salvador, ha “expulsado de guías, libros y materiales educativos, todo rastro de la ideología de género de las escuelas”. El anuncio no equivale a una resolución oficial, pero no sería raro que se emitiera pronto. Todo esto sucede a días de que los dos presidentes libertarios se encontraran en la Conferencia Política de Acción Conservadora del 21 al 24 de febrero en Estados Unidos, donde también se reunieron con Donald Trump.
De entrada hay que señalar la ironía de que la bandera de estos líderes sea la libertad -a toda costa- pero al mismo tiempo recurren a la prohibición. Es un indicador de que esa supuesta libertad se sostiene necesariamente en medidas autoritarias. Se ha hablado mucho en los últimos años de la “tiranía del lenguaje incluyente”, cuando su uso jamás se ha impuesto de manera vertical, sino que ha ganado popularidad a través de discusiones críticas al interior de los movimientos sociales y una pregunta central: ¿cómo lograr que el lenguaje incluya a todas las personas? Y si hay un campo en el que esta pregunta es indispensable es en el lenguaje que usa el Estado, que se convierte en norma y ley, y que en esa medida determina o impide el acceso a los derechos. La medida, además, va en contravía de una larga lista de leyes y decretos que existen en el Estado argentino para justamente garantizar la inclusión, como la Ley de Identidad de Género, que sigue vigente.
Son años de burlas a quienes usamos el lenguaje incluyente: “nadie te entiende”, “eso no sirve para nada”, pero si eso fuera cierto su prohibición no estaría de primera en las listas de tareas de los gobiernos autoritarios y antiderechos. Le temen porque su uso responde a y también impulsa un cambio social y cultural hacia una sociedad más justa, y eso no le conviene a los proyectos políticos que se nutren de la desigualdad y que se sostienen en el autoritarismo, la represión y la exclusión.
El martes 22, el vocero del presidente de Argentina, Manuel Adorni, anunció que “Por decisión del presidente Javier Milei” se prohibirá “el lenguaje inclusivo y todo lo referente a la perspectiva de género en toda la administración pública nacional”, agregó que “No se va a poder utilizar la letra e, el arroba, la x; y evitar la innecesaria inclusión del femenino en todos los documentos de la administración pública”, y advirtió que puede haber sanciones para quienes no cumplan con la medida. Desde ahora y por decreto tampoco podrá usarse lenguaje incluyente en las Fuerzas Armadas.
Ya en junio de 2022 el gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sacó una resolución del Ministerio de Educación que prohibía el lenguaje incluyente en las aulas escolares y las comunicaciones de les docentes a las familias que, por supuesto, causó mucha controversia. En ese momento, la medida fue rechazada por expertes y lingüistas, y la Junta Departamental de la carrera de Letras de la UBA dijo al Washington Post que “los usos de la lengua siempre son políticos en el sentido más amplio y fuerte de ese término; la intención de prohibir usos lingüísticos también lo es y lejos está de garantizar la libertad”. El Ministerio argumentaba que había una crisis educativa generada por la pandemia y que la prohibición mejoraría la comprensión de lectura de les niñes. La gran diferencia ahora es que Milei ni siquiera ha intentado presentar una excusa o justificación.
Milei acabó con el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad, supuestamente para recortar gastos, y mejorar la economía (algo que no ha logrado), pero esta medida no tiene justificación económica posible: es una postura política de un Estado que no reconoce a las personas trans y no binarias, y en donde la inclusión de las mujeres es “innecesaria”. El mismo martes, el comunicador antiderechos, Eduardo Menoni, anunció que Bukele, vía el Ministerio de Educación de El Salvador, ha “expulsado de guías, libros y materiales educativos, todo rastro de la ideología de género de las escuelas”. El anuncio no equivale a una resolución oficial, pero no sería raro que se emitiera pronto. Todo esto sucede a días de que los dos presidentes libertarios se encontraran en la Conferencia Política de Acción Conservadora del 21 al 24 de febrero en Estados Unidos, donde también se reunieron con Donald Trump.
De entrada hay que señalar la ironía de que la bandera de estos líderes sea la libertad -a toda costa- pero al mismo tiempo recurren a la prohibición. Es un indicador de que esa supuesta libertad se sostiene necesariamente en medidas autoritarias. Se ha hablado mucho en los últimos años de la “tiranía del lenguaje incluyente”, cuando su uso jamás se ha impuesto de manera vertical, sino que ha ganado popularidad a través de discusiones críticas al interior de los movimientos sociales y una pregunta central: ¿cómo lograr que el lenguaje incluya a todas las personas? Y si hay un campo en el que esta pregunta es indispensable es en el lenguaje que usa el Estado, que se convierte en norma y ley, y que en esa medida determina o impide el acceso a los derechos. La medida, además, va en contravía de una larga lista de leyes y decretos que existen en el Estado argentino para justamente garantizar la inclusión, como la Ley de Identidad de Género, que sigue vigente.
Son años de burlas a quienes usamos el lenguaje incluyente: “nadie te entiende”, “eso no sirve para nada”, pero si eso fuera cierto su prohibición no estaría de primera en las listas de tareas de los gobiernos autoritarios y antiderechos. Le temen porque su uso responde a y también impulsa un cambio social y cultural hacia una sociedad más justa, y eso no le conviene a los proyectos políticos que se nutren de la desigualdad y que se sostienen en el autoritarismo, la represión y la exclusión.