En el largo historial de violaciones de los derechos humanos de las niñas indígenas por parte del ejército colombiano, por fin hay una pequeñísima victoria. La Fiscalía anunció hace unos días que le imputarán cargos a Eliecer Rodríguez Reinoso por presuntamente haber abusado sexualmente de una niña de la etnia Sikuani, en 2016 en Guaviare. Según el comunicado de la Fiscalía, Rodríguez “presuntamente abordó a la menor de edad que, en compañía de una compañera del colegio, se bañaba en el caño Refugio, en la vía Barrancón, en inmediaciones de San José del Guaviare. Al parecer, luego de presentarse con otro nombre y dialogar con ella, la agredió sexualmente”. Rodríguez fue capturado por personal del CTI ya que evadía la justicia usando el nombre de Cristian.
Mientras la Fiscalía imputó cargos en esta investigación, archivó otra contra un militar estadounidense. Además, la imputación de cargos no garantiza una condena. Y de eso tenemos pocos ejemplos. Quizás el más conocido es de 2021, cuando seis militares fueron condenados a 16 años de cárcel, por abusar sexualmente de una niña embera katío, y quizás en ese caso hubo una condena porque la denuncia generó indignación nacional, y el entonces gobernador del resguardo Juan de Dios Queragama hizo un comunicado diciendo que que era una agresión contra todo el pueblo indigena.
La ironía es que hace unos meses, el fiscal Francisco Barbosa afirmaba en medios de comunicación que estas denuncias eran inventos y “bellaquerías”. Pero las denuncias se siguen apilando en la prensa nacional y casi todas quedan en la impunidad. En 2019 se supo de un caso en el que dos soldados presuntamente secuestraron por cinco días a una niña nukak makú de quince años, para violarla. En octubre de 2012, varios integrantes del ejército presuntamente abusaron de al menos 11 niñas en Nariño. No hubo justicia ni reparación en ninguno de estos casos.
Según la organización Sisma Mujer, “las mujeres y niñas indígenas han vivido a lo largo de sus vidas múltiples vulneraciones articuladas a la histórica desatención estatal en sus territorios, que se evidencian en la ausencia de derechos básicos como la salud, la educación y el trabajo en condiciones de dignidad. La militarización de sus vidas ha estado asociada a un incremento de los riesgos que enfrentan”. Es importante señalarlo porque por más eficiente que quiera ser la Fiscalía, lo más probable es que el número de denuncias excedan sus capacidades pues este no es un problema de unas cuantas manzanas podridas como siempre nos insisten, es un fenómeno estructural que tiene que ver directamente con el impacto de la militarización en las comunidades indígenas. Y lo que las niñas indígenas necesitan, es primero justicia en forma de reparación, pues ninguno de estos procesos en fiscalía, infructuosos o no, les representan una mejor calidad de vida ni garantías reales de derechos humanos. No hay garantías en derechos para las niñas indígenas sin desmilitarización. No habrá una reparación plena hasta que sus territorios sean desmilitarizados para que puedan recuperarlos y comenzar el largo proceso de sanación que necesitan las niñas indígenas y sus comunidades en Colombia.
En el largo historial de violaciones de los derechos humanos de las niñas indígenas por parte del ejército colombiano, por fin hay una pequeñísima victoria. La Fiscalía anunció hace unos días que le imputarán cargos a Eliecer Rodríguez Reinoso por presuntamente haber abusado sexualmente de una niña de la etnia Sikuani, en 2016 en Guaviare. Según el comunicado de la Fiscalía, Rodríguez “presuntamente abordó a la menor de edad que, en compañía de una compañera del colegio, se bañaba en el caño Refugio, en la vía Barrancón, en inmediaciones de San José del Guaviare. Al parecer, luego de presentarse con otro nombre y dialogar con ella, la agredió sexualmente”. Rodríguez fue capturado por personal del CTI ya que evadía la justicia usando el nombre de Cristian.
Mientras la Fiscalía imputó cargos en esta investigación, archivó otra contra un militar estadounidense. Además, la imputación de cargos no garantiza una condena. Y de eso tenemos pocos ejemplos. Quizás el más conocido es de 2021, cuando seis militares fueron condenados a 16 años de cárcel, por abusar sexualmente de una niña embera katío, y quizás en ese caso hubo una condena porque la denuncia generó indignación nacional, y el entonces gobernador del resguardo Juan de Dios Queragama hizo un comunicado diciendo que que era una agresión contra todo el pueblo indigena.
La ironía es que hace unos meses, el fiscal Francisco Barbosa afirmaba en medios de comunicación que estas denuncias eran inventos y “bellaquerías”. Pero las denuncias se siguen apilando en la prensa nacional y casi todas quedan en la impunidad. En 2019 se supo de un caso en el que dos soldados presuntamente secuestraron por cinco días a una niña nukak makú de quince años, para violarla. En octubre de 2012, varios integrantes del ejército presuntamente abusaron de al menos 11 niñas en Nariño. No hubo justicia ni reparación en ninguno de estos casos.
Según la organización Sisma Mujer, “las mujeres y niñas indígenas han vivido a lo largo de sus vidas múltiples vulneraciones articuladas a la histórica desatención estatal en sus territorios, que se evidencian en la ausencia de derechos básicos como la salud, la educación y el trabajo en condiciones de dignidad. La militarización de sus vidas ha estado asociada a un incremento de los riesgos que enfrentan”. Es importante señalarlo porque por más eficiente que quiera ser la Fiscalía, lo más probable es que el número de denuncias excedan sus capacidades pues este no es un problema de unas cuantas manzanas podridas como siempre nos insisten, es un fenómeno estructural que tiene que ver directamente con el impacto de la militarización en las comunidades indígenas. Y lo que las niñas indígenas necesitan, es primero justicia en forma de reparación, pues ninguno de estos procesos en fiscalía, infructuosos o no, les representan una mejor calidad de vida ni garantías reales de derechos humanos. No hay garantías en derechos para las niñas indígenas sin desmilitarización. No habrá una reparación plena hasta que sus territorios sean desmilitarizados para que puedan recuperarlos y comenzar el largo proceso de sanación que necesitan las niñas indígenas y sus comunidades en Colombia.