Publicidad oficial y libertad de expresión

El 9 de febrero, la FLIP publicó la investigación El costo del ruido: el millonario gasto en publicidad oficial y su impacto en la libertad de expresión, donde señala que esto es un problema para la libertad de expresión y el acceso a la información, pues este dinero sirve para “amarrar fidelidades, acallar críticas, enaltecer la imagen propia de los políticos y sus partidos, contratar a dedo y viciar constantemente los principios más elementales de la contratación estatal”. Según este informe, la alcaldía que más gastó en publicidad oficial fue la de Jaime Pumarejo en Barranquilla, con casi $130.000 millones; la de Jorge Iván Ospina, en Cali, con alrededor de $110.000 millones, y la de Claudia López en Bogotá, con $84.000 millones.

El 9 de febrero, la FLIP publicó la investigación El costo del ruido: el millonario gasto en publicidad oficial y su impacto en la libertad de expresión, donde señala que esto es un problema para la libertad de expresión y el acceso a la información, pues este dinero sirve para “amarrar fidelidades, acallar críticas, enaltecer la imagen propia de los políticos y sus partidos, contratar a dedo y viciar constantemente los principios más elementales de la contratación estatal”. Según este informe, la alcaldía que más gastó en publicidad oficial fue la de Jaime Pumarejo en Barranquilla, con casi $130.000 millones; la de Jorge Iván Ospina, en Cali, con alrededor de $110.000 millones, y la de Claudia López en Bogotá, con $84.000 millones.

A simple vista, se podría creer que la publicidad oficial no puede convivir con la libertad editorial en los medios de comunicación y, sin duda, en muchos contextos esto es cierto. Pero eliminarla, reducirla o regularla tampoco son soluciones fáciles. Por ejemplo, el ecosistema de los medios de comunicación mexicanos siempre ha tenido que lidiar con los constreñimientos de la robusta pauta oficial, que en algunos casos ha llegado a financiar la totalidad de algunos medios. Con el gobierno de AMLO, hubo un recorte en el gasto por publicidad oficial, quizá porque el mismo AMLO es una máquina de propaganda y tiene a los medios cubriéndolo a diario en las mañaneras. Según Artículo 19, también hubo un gran despilfarro: durante 2022 el Gobierno destinó 3.182 millones de pesos mexicanos, de los que solo se ejecutó el 76,44 %. Sin embargo, la reducción del gasto en publicidad oficial también puede servir para coartar la libertad de prensa: como indica Artículo 19, “La falta de acceso a estos recursos puede poner en riesgo su viabilidad económica y su capacidad para realizar una cobertura periodística completa”. En México el gasto en pauta oficial se distribuye de forma desigual: 10 medios acaparan el 81,67 % de todo el presupuesto, todos cercanos al presidente y a Morena. México también tiene una ley para regular la pauta oficial, pero, como destaca el académico Marco Arellano en el informe de la FLIP, ha favorecido a ciertos monopolios de medios políticamente afines al oficialismo y ha facilitado opacidades en el gasto del recurso público.

En la pospandemia, cuando, en general, todos los medios redujeron sus ingresos, la publicidad oficial se ha vuelto aún más tentadora y, en algunos casos, indispensable, pues a pesar de que puede implicar limitaciones a la libertad de expresión, sigue siendo algo clave para la viabilidad económica de los medios de comunicación, que a su vez es necesaria para la democracia. Los medios de comunicación, cuando hacemos periodismo, estamos en tensión con el poder o al menos con algún poder: el estatal, sí, pero también el poder privado y empresarial (en algunos países cada vez está más imbricado en los gobiernos). Hoy también tenemos que lidiar con que buena parte del dinero de la pauta comercial se queda en las redes sociales intermediarias, como Instagram y Facebook, que, al contrario, tendrían que pagarnos a los medios por el contenido que producimos y publicamos en sus plataformas.

En diciembre de 2023, la Unesco empezó a desarrollar una investigación para estudiar los marcos regulatorios y las políticas públicas con el objetivo de lograr una distribución de la publicidad oficial justa, transparente y no discriminatoria, contribuyendo a la viabilidad económica de los medios de comunicación y a promover el periodismo como bien público. La Unesco le apunta a “la necesidad de garantizar que la publicidad oficial sea asignada de forma independiente y transparente basada en criterios objetivos”, y sí, se necesita a articulación regional para pedir regulaciones que favorezcan el acceso a la información de la ciudadanía y el libre ejercicio periodístico, antes que a los grupos políticos y monopolios económicos.