La financiación de la educación superior

El razonamiento detrás de un crédito para financiar una matrícula universitaria surge de considerar que la formación profesional tiene como consecuencia un aumento en los ingresos futuros de un individuo que le permite cubrir el costo de la educación y el costo financiero de un préstamo de largo plazo. Una receta infalible en teoría, si se entiende la formación como un activo de apropiación individual, si el sistema financiero le ofrece al joven profesional las tasas de interés y los plazos suficientes para no quedar empeñados, y especialmente si la educación superior garantiza un empleo de calidad. Estos tres factores no siempre se cumplen.

La construcción de un sistema universitario robusto exige tiempo y plata en magnitudes de siglos y billones, con aportes de toda la sociedad. En Colombia tenemos un modelo mixto –público y privado– de desarrollo intermedio, que ofrece excelencia para una minoría y que aún tiene un largo camino para llegar a esos jóvenes bachilleres pobres que ven la universidad como su apuesta de futuro. La tarea es colectiva y tanto universidades públicas como privadas pueden aportar. ¿Hacia dónde avanzamos?

En Francia, por ejemplo, todos los jóvenes pueden acceder a la formación médica de manera gratuita. Su acceso a una especialidad médica se define por meritocracia y su labor profesional en el sistema público de salud está garantizada y es valorada colectivamente. En Estados Unidos un médico termina sus estudios con deudas educativas de varios cientos de miles de dólares, que paga con sus ingresos durante varios años una vez comienza su ejercicio profesional. Diferentes formas de entender la educación y de financiarla. Hemos escuchado a Donald Trump diciendo “I love the poorly educated” y a Milei de bronca en bronca con la Universidad de Buenos Aires, renovando el debate global sobre el modelo educativo y su función en la sociedad y en la economía.

Los colombianos hoy valoramos enormemente la educación como instrumento de movilidad social, pero hay señales de indispensable reflexión. Ya estamos viendo en la matrícula de la educación básica el efecto demográfico, pues cada año nacen menos niños en nuestro país y se están cerrando colegios en las ciudades por falta de estudiantes, pero también debido a un mejoramiento sostenido de la calidad y la cobertura pública que deja sin alumnos a los colegios privados. Esa ola sigue avanzando hacia la educación superior y ya algunas universidades ven aulas vacías. Gran momento para recordar a Gabo que hablaba de una educación “desde la cuna hasta la tumba”, una nueva ruta para una sociedad que envejece, pero puede ser cada día más educada y productiva.

El debate sobre el Icetex debe trascender la coyuntura, además que hoy ya se ha aclarado que los créditos en curso están garantizados. La educación superior como patrimonio de la sociedad necesita de inversión, y es justo y además necesario que sea una carga compartida entre el Estado y las familias. Pero es necesario llegar donde no se llega, garantizar la calidad de la educación impartida y acabar de una vez por todas con la educación como negocio particular.

El razonamiento detrás de un crédito para financiar una matrícula universitaria surge de considerar que la formación profesional tiene como consecuencia un aumento en los ingresos futuros de un individuo que le permite cubrir el costo de la educación y el costo financiero de un préstamo de largo plazo. Una receta infalible en teoría, si se entiende la formación como un activo de apropiación individual, si el sistema financiero le ofrece al joven profesional las tasas de interés y los plazos suficientes para no quedar empeñados, y especialmente si la educación superior garantiza un empleo de calidad. Estos tres factores no siempre se cumplen.

La construcción de un sistema universitario robusto exige tiempo y plata en magnitudes de siglos y billones, con aportes de toda la sociedad. En Colombia tenemos un modelo mixto –público y privado– de desarrollo intermedio, que ofrece excelencia para una minoría y que aún tiene un largo camino para llegar a esos jóvenes bachilleres pobres que ven la universidad como su apuesta de futuro. La tarea es colectiva y tanto universidades públicas como privadas pueden aportar. ¿Hacia dónde avanzamos?

En Francia, por ejemplo, todos los jóvenes pueden acceder a la formación médica de manera gratuita. Su acceso a una especialidad médica se define por meritocracia y su labor profesional en el sistema público de salud está garantizada y es valorada colectivamente. En Estados Unidos un médico termina sus estudios con deudas educativas de varios cientos de miles de dólares, que paga con sus ingresos durante varios años una vez comienza su ejercicio profesional. Diferentes formas de entender la educación y de financiarla. Hemos escuchado a Donald Trump diciendo “I love the poorly educated” y a Milei de bronca en bronca con la Universidad de Buenos Aires, renovando el debate global sobre el modelo educativo y su función en la sociedad y en la economía.

Los colombianos hoy valoramos enormemente la educación como instrumento de movilidad social, pero hay señales de indispensable reflexión. Ya estamos viendo en la matrícula de la educación básica el efecto demográfico, pues cada año nacen menos niños en nuestro país y se están cerrando colegios en las ciudades por falta de estudiantes, pero también debido a un mejoramiento sostenido de la calidad y la cobertura pública que deja sin alumnos a los colegios privados. Esa ola sigue avanzando hacia la educación superior y ya algunas universidades ven aulas vacías. Gran momento para recordar a Gabo que hablaba de una educación “desde la cuna hasta la tumba”, una nueva ruta para una sociedad que envejece, pero puede ser cada día más educada y productiva.

El debate sobre el Icetex debe trascender la coyuntura, además que hoy ya se ha aclarado que los créditos en curso están garantizados. La educación superior como patrimonio de la sociedad necesita de inversión, y es justo y además necesario que sea una carga compartida entre el Estado y las familias. Pero es necesario llegar donde no se llega, garantizar la calidad de la educación impartida y acabar de una vez por todas con la educación como negocio particular.