Hace algunos meses me decía un habitante de Riohacha: “aquí nos despertamos y tenemos que decidir si el agua que tenemos la usamos para cepillarnos los dientes o para preparar el café”. En Colombia hay doce millones de personas con un servicio inadecuado de agua potable en términos de continuidad y calidad, y más de tres millones de personas que no tienen ningún servicio domiciliario de agua potable. Al ritmo actual de inversión en infraestructura del país que ronda el billón de pesos anual, necesitaríamos más de 100 años para construir la capacidad física de ofrecer agua potable de manera universal.
A esa situación estructural se suman los efectos del cambio climático. A comienzo de año, los pronósticos del clima vaticinaban las inundaciones propias del fenómeno de La Niña, pero hoy en día lo que tenemos son incendios gravísimos y una sequía histórica. La volatilidad del régimen de lluvias tiene a Bogotá ante una situación impensable hace 20 años: en la capital también nos hace falta el agua. Se juntan el atraso histórico en regiones y comunidades de periferia con el cambio climático que, como gran paradoja, está democratizando la escasez de agua.
¿Sabemos los habitantes de Bogotá que hoy en día, por cada 100 litros de agua potable que se producen en el sistema de acueducto se estima que se pierden 35, equivalentes a seis metros cúbicos por segundo de agua? Y cuando digo “se pierden”, me refiero a pérdidas técnicas (fugas) y pérdidas comerciales (robos). A diferencia de Riohacha, o Santa Marta o Quibdó, Bogotá ha sido una ciudad privilegiada durante décadas en disponibilidad de agua y en recursos financieros, que se puede dar el lujo de dejar escapar un tercio de su producto. Bueno, para ser justos, en Santa Marta se pierde el doble y por lo tanto hay zonas donde el servicio se presta solo durante cuatro o cinco horas al día.
Hoy Bogotá vive en carne propia la realidad histórica nacional, situación que asume con un esquema de racionamiento que le ahorra a la ciudad entre uno y dos metros cúbicos por segundo. El racionamiento de agua es una medida desesperada que devela las faltas del sistema: falta de información pública sobre la realidad de los embalses, falta de ejecución eficiente de las obras que amplían la capacidad del sistema, falta de acción en la recuperación de pérdidas, y falta de cultura ciudadana en el uso racional del agua. El racionamiento es una medida coyuntural de autoridad que tiene el doble propósito de ahorrar y de transformar el comportamiento de la sociedad en sus prácticas de consumo de agua. No se ve tan claro el segundo resultado, pues en estos meses ya vimos cómo la gente se adapta y el instrumento va perdiendo eficacia, razón por la cual podrían, además, tomarse medidas tarifarias de emergencia. Si no llueve, se ampliarán los tiempos de restricción, se aumentará el precio del agua potable y la carga de la realidad la asumirá la ciudadanía como sucede desde siempre fuera de Bogotá. Pero algo bueno puede surgir hoy en este país centralista y desigual, y es que se detone la discusión sobre un nuevo modelo sostenible y equitativo de gestión del agua.
