Todavía se recuerda y tiene ecos informativos el delicioso paseo a San Andrés, el puente festivo del 26 al 29 de junio pasados, del fiscal Barbosa, el contralor Córdoba, sus respectivas esposas, una hija, su amiguita y otros invitados. El afortunado grupo pudo viajar a la isla gracias a un bien del Estado (avión oficial), al disfrute de otros bienes (vehículos) y servidores estatales (escoltas, conductores, etc.), y a pesar de que, al realizarlo, violaban la cuarentena y ofendían a 48 millones de colombianos que se mantenían en confinamiento estricto. El abuso de poder de los altos funcionarios cuya misión consiste, justamente, en vigilar la moralidad social produjo una explosión mediática y el rechazo de la comunidad cuando Noticias Uno reveló la evidencia visual de su comportamiento. Entonces Barbosa respondió con prepotencia pero, ante todo, con un desatino preocupante en quien lidera las investigaciones penales del país. Entre varias justificaciones, aseguró que él y el contralor Córdoba, que sostiene en un alto puesto, con cargo a nuestros impuestos, a la esposa de Barbosa, habían ido a examinar los procesos en curso en esa relajante zona del mar Caribe. La disculpa resultó poco creíble por el combo viajero y por la fecha vacacional, no laboral, que escogieron para “trabajar”. El segundo argumento de Barbosa fue el de que se había propuesto aprovechar cada minuto que pudiera al lado de su familia: “Quiero que se pongan en el corazón, también, de una persona que, más allá de ser fiscal, es padre”.
Y añadió, con cara compungida, que sus acompañantes permanecieron aisladas —sin nadita que hacer— en el hotel: “De entrada, decirles que no hay restaurantes, no hay comercio, no hay playas, no hay nada” (ver). Pues bien, dos meses y medio después, Noticias Uno, de nuevo (ver), halla tres videos que demuestran que Barbosa no fue sincero: su esposa, su hija y la amiguita de esta llegan en vehículos y con sus escoltas a uno de los almacenes JR, famosos por sus productos alimenticios, perfumes, ropa y licores importados; esperan unos segundos en la calle solitaria, hasta cuando alguien, desde el interior, les abre la puerta para que ingresen a hacer compras. También está el registro visual de su salida con los paquetes que cargan sus guardias y que depositan en el baúl del carro (ver video 1, video 2 y video 3). En Colombia, no hay reglas que no tengan su excepción ni siquiera en plena pandemia, para, por ejemplo, viajar cuando los vuelos habían sido suspendidos o para comprar en un almacén cerrado para todos, menos para tres clientes.
Los defensores de Barbosa conceptúan que los episodios de San Andrés no son importantes y los califican como pilatunas sin trascendencia. Pero, ¡cuidado! Parecen revelar un patrón de conducta que no conoce o, peor, que no respeta los límites entre lo público y lo privado, un mal generalizado y fuente de corrupción en la clase política tradicional colombiana, sean sus miembros viejos o recién llegados al manejo de los asuntos de la nación. Hay un tercer capítulo en que Barbosa actuó y decidió sin temor pese a su gravedad ética y legal: nombró hace 20 días como su fiscal seccional del Tolima, es decir, cabeza de la Fiscalía en ese departamento, a Patricia Alvira Arce, tal como lo divulgó el medio digital El Olfato. Alvira Arce es la esposa de un representante a la Cámara por el Centro Democrático, el ultrauribista Ricardo Ferro quien, a su vez, es miembro de la Comisión de Acusación, órgano competente para conocer y darles curso a las denuncias contra el fiscal general. En resumen, Barbosa nombró a la cónyuge de su potencial investigador.
No le importó si incurría, así, en un claro conflicto de intereses y, probablemente, en una causa judicial que no concluye ahí: su fiscal Alvira podrá dirigir, desviar o frenar un proceso abierto contra su primo Guillermo Ignacio Alvira, actual alcalde del municipio de San Luis y exmiembro de la UTL de su pariente político, Ricardo Ferro, por corrupción al sufragante. También conocerá otro proceso por posible corrupción en contratación pública, en que el encartado es su tío Guillermo Alfonso Alvira, padre del mandatario de San Luis y exalcalde de esa misma población. Barbosa puso a cuidar el queso a la ratona Alvira y, de paso, neutralizó a su investigador, el esposo de Alvira y miembro de la Comisión de Acusación. ¡Ah! El congresista Ferro estudió en la Universidad Sergio Arboleda, en la misma época en que lo hicieron el fiscal general y el presidente de la República. Duque le hace el favor a Barbosa; Barbosa le hace el favor a Ferro; Ferro les hace el favor a sus parientes y Barbosa se inmuniza e inmuniza al presidente de investigaciones. Poder, abuso de poder, lo público para uso del interés particular.
Todavía se recuerda y tiene ecos informativos el delicioso paseo a San Andrés, el puente festivo del 26 al 29 de junio pasados, del fiscal Barbosa, el contralor Córdoba, sus respectivas esposas, una hija, su amiguita y otros invitados. El afortunado grupo pudo viajar a la isla gracias a un bien del Estado (avión oficial), al disfrute de otros bienes (vehículos) y servidores estatales (escoltas, conductores, etc.), y a pesar de que, al realizarlo, violaban la cuarentena y ofendían a 48 millones de colombianos que se mantenían en confinamiento estricto. El abuso de poder de los altos funcionarios cuya misión consiste, justamente, en vigilar la moralidad social produjo una explosión mediática y el rechazo de la comunidad cuando Noticias Uno reveló la evidencia visual de su comportamiento. Entonces Barbosa respondió con prepotencia pero, ante todo, con un desatino preocupante en quien lidera las investigaciones penales del país. Entre varias justificaciones, aseguró que él y el contralor Córdoba, que sostiene en un alto puesto, con cargo a nuestros impuestos, a la esposa de Barbosa, habían ido a examinar los procesos en curso en esa relajante zona del mar Caribe. La disculpa resultó poco creíble por el combo viajero y por la fecha vacacional, no laboral, que escogieron para “trabajar”. El segundo argumento de Barbosa fue el de que se había propuesto aprovechar cada minuto que pudiera al lado de su familia: “Quiero que se pongan en el corazón, también, de una persona que, más allá de ser fiscal, es padre”.
Y añadió, con cara compungida, que sus acompañantes permanecieron aisladas —sin nadita que hacer— en el hotel: “De entrada, decirles que no hay restaurantes, no hay comercio, no hay playas, no hay nada” (ver). Pues bien, dos meses y medio después, Noticias Uno, de nuevo (ver), halla tres videos que demuestran que Barbosa no fue sincero: su esposa, su hija y la amiguita de esta llegan en vehículos y con sus escoltas a uno de los almacenes JR, famosos por sus productos alimenticios, perfumes, ropa y licores importados; esperan unos segundos en la calle solitaria, hasta cuando alguien, desde el interior, les abre la puerta para que ingresen a hacer compras. También está el registro visual de su salida con los paquetes que cargan sus guardias y que depositan en el baúl del carro (ver video 1, video 2 y video 3). En Colombia, no hay reglas que no tengan su excepción ni siquiera en plena pandemia, para, por ejemplo, viajar cuando los vuelos habían sido suspendidos o para comprar en un almacén cerrado para todos, menos para tres clientes.
Los defensores de Barbosa conceptúan que los episodios de San Andrés no son importantes y los califican como pilatunas sin trascendencia. Pero, ¡cuidado! Parecen revelar un patrón de conducta que no conoce o, peor, que no respeta los límites entre lo público y lo privado, un mal generalizado y fuente de corrupción en la clase política tradicional colombiana, sean sus miembros viejos o recién llegados al manejo de los asuntos de la nación. Hay un tercer capítulo en que Barbosa actuó y decidió sin temor pese a su gravedad ética y legal: nombró hace 20 días como su fiscal seccional del Tolima, es decir, cabeza de la Fiscalía en ese departamento, a Patricia Alvira Arce, tal como lo divulgó el medio digital El Olfato. Alvira Arce es la esposa de un representante a la Cámara por el Centro Democrático, el ultrauribista Ricardo Ferro quien, a su vez, es miembro de la Comisión de Acusación, órgano competente para conocer y darles curso a las denuncias contra el fiscal general. En resumen, Barbosa nombró a la cónyuge de su potencial investigador.
No le importó si incurría, así, en un claro conflicto de intereses y, probablemente, en una causa judicial que no concluye ahí: su fiscal Alvira podrá dirigir, desviar o frenar un proceso abierto contra su primo Guillermo Ignacio Alvira, actual alcalde del municipio de San Luis y exmiembro de la UTL de su pariente político, Ricardo Ferro, por corrupción al sufragante. También conocerá otro proceso por posible corrupción en contratación pública, en que el encartado es su tío Guillermo Alfonso Alvira, padre del mandatario de San Luis y exalcalde de esa misma población. Barbosa puso a cuidar el queso a la ratona Alvira y, de paso, neutralizó a su investigador, el esposo de Alvira y miembro de la Comisión de Acusación. ¡Ah! El congresista Ferro estudió en la Universidad Sergio Arboleda, en la misma época en que lo hicieron el fiscal general y el presidente de la República. Duque le hace el favor a Barbosa; Barbosa le hace el favor a Ferro; Ferro les hace el favor a sus parientes y Barbosa se inmuniza e inmuniza al presidente de investigaciones. Poder, abuso de poder, lo público para uso del interés particular.