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Según se ha filtrado, dos consejeros electorales, a quienes nos han malacostumbrado a llamar “magistrados” sin tener esa calidad, encontraron que las campañas de Gustavo Petro, en 2022, sobrepasaron en $5.300 millones los gastos permitidos. Un hecho grave porque, si esa conclusión primaria es aprobada en las próximas semanas por el plenario del Consejo Nacional Electoral (CNE), los directivos del Pacto Histórico, incluido Petro, serían sancionados. En principio, no hay que descartar que tal hallazgo cuente con sustento fáctico puesto que al menos uno de los investigadores es un experto en el tema: Benjamín Ortiz. El segundo ponente es una vergüenza y no sería admitido como “juez” en ninguna parte del mundo, como lo recordaré más adelante. Pero el debate es más hondo que el del muy común exceso en los topes de las campañas de ayer y hoy, no nos hagamos los bobos. El punto clave es si se van a respetar o no las reglas de la democracia en un cuatrienio de excepción que ha puesto a prueba, precisamente por ser externo al establecimiento tradicional, la fortaleza de las instituciones.
En este escenario, la pregunta es si un organismo como el CNE, de origen político y caracterizado por su antigua complicidad silenciosa con sus investigados, que provenían de los mismos partidos que conforman el Consejo Electoral, tiene legitimidad suficiente para imponerle, por primera vez en la historia, un castigo a un jefe de Estado en ejercicio que no pertenece a sus colectividades. Pretender disimular el acto sancionatorio con la explicación eufemística según la cual el castigado sería el candidato y no el presidente no resiste el más pequeño análisis. Aparte de la calentura en la discusión que ha llevado al mandatario a hablar, de manera exacerbada, de “golpe de Estado”, y, a sus contradictores, a atacarlo con una violencia verbal que sobrepasa los límites permisibles, vale la pena examinar, sin pasión, quiénes son los castigadores integrantes del Consejo Electoral que representan, en su mayoría, a la oposición.
El CNE tienen nueve miembros: Alba Lucía Velásquez y Fabiola Márquez, representantes de la coalición oficial del Pacto Histórico; Benjamín Ortiz y el suspendido Altus Alejandro Baquero, del Partido Liberal; Cristian Ricardo Quiroz, de la Alianza Verde; César Augusto Lorduy, de Cambio Radical; Alfonso Campo Martínez, conservador; Maritza Martínez, de la U y Álvaro Hernán Prada, del Centro Democrático (ver). Salvo dos, tal vez tres, que serían progobierno, los otros seis consejeros defienden los intereses contrarios. No creo que nadie encuentre razones válidas para suponer que esos “jueces” fallarán en derecho si le imponen multas y fallas a Petro, así como tampoco se puede sostener, seriamente, que lo hicieron cuando archivaron casos similares para favorecer a los candidatos Duque, Santos, Uribe Vélez, Pastrana, etc. O a Óscar Iván Zuluaga, a quien le cerraron en un santiamén la investigación por el financiamiento ilegal de su campaña por parte de Odebrecht, que le dio $1 millón de dólares al publicista Duda Mendoza (ver) mientras que la Fiscalía le imputaba delitos por los mismos hechos (ver).
Como dije, el único consejero experto en materia electoral es el ponente liberal Benjamín Ortiz. No obstante, el jefe de su partido, César Gaviria, férreo enemigo de Petro, puede influir en él. El otro que propone sancionar a los directivos del Pacto Histórico con su candidato a la cabeza es el impresentable uribista Álvaro Hernán Prada, quien actúa y firma con despliegue de inmoralidad porque se encuentra a las puertas de un juicio penal en la Corte Suprema por su presunto intento de engañar a la justicia torciendo los testimonios de unos paramilitares condenados con el fin de favorecer a Uribe Vélez (ver) ¿Este personaje enjuiciado por incurrir en supuestos delitos está impedido para imponerle castigo al rival político de su jefe? Nadie se ha manifestado al respecto. Así como nadie opina sobre la calidad ética del consejero conservador Alfonso Campo Martínez, en realidad un subalterno de los enemigos de Petro, Iván Duque y Margarita Cabello, manejadores de una buena tajada de la burocracia estatal, pues tienen contratados a sus funcionarios y aliados en todas las ramas del poder. Campo Martínez es ejemplo perfecto de cómo operan: fue director de la Unidad Nacional de Protección (UNP) de Duque (ver); su esposa, Ángela Andrea Chacón, fue ascendida a procuradora judicial II, con mejores rango y salario, por la procuradora Cabello (ver); y su hermana, Ana María Campo “Any” es oficialmente “jefe de protocolo” de Cabello (ver) aunque se sabe que ejerce como su asistente personal, la que le lleva y trae la maleta ¿Alguna duda sobre la parcialidad política de Campo? No, señor. Todo parece estar decidido. De ser así, seguramente el presidente tendrá que enfrentar, en seguida, un juicio político impulsado por la Comisión de Acusaciones de la Cámara que es presidida por otra de sus enemigas mortales, Katherine Miranda (ver). La torpeza de la oposición no les permite a sus miembros darse cuenta de que una cosa es sancionar la campaña Petro y que otra es incluir entre los multados al candidato-presidente; tampoco se les ha ocurrido pensar que la lucha por recuperar el poder presidencial es legítima, pero que no lo es la gavilla bruta.