La actitud de Iván Duque frente a las otras ramas del poder es arrogante, irrespetuosa y absolutamente impropia si nos atenemos al texto de la Constitución bajo cuyo imperio deberíamos estar todos, empezando por la persona elegida para la Presidencia de la República. Sin embargo, todavía esperamos que su juramento de acatamiento a la Carta Política no haya sido solo un gesto protocolario del día de su posesión sino un compromiso de demócrata, aunque va despintando esa fachada para merecer el aplauso de los extremistas de su corriente que no lo aprecian pero lo desangran a cambio de darle apoyo. Cuando uno escucha al mandatario, no se sabe si él ignora la teoría del Estado o si emprendió, a conciencia, el camino de la autocracia porque actúa como si se le hubiera coronado y, en cuanto rey, pudiera ignorar al Congreso si le estorba, y tratar a la Rama Judicial como lacaya.
El viernes pasado, Duque metió baza en un asunto de competencia judicial del que apenas se conoce el enunciado: la autoría de las Farc en el asesinato de Álvaro Gómez Hurtado, aceptada por los jefes de la antigua guerrilla ante la JEP. Los otros cinco homicidios que confesaron las Farc no merecieron la atención del presidente, no obstante que los asesinados eran colombianos y que al menos dos de ellos sirvieron bien a esta nación, uno como general del Ejército y ministro de Defensa, y el otro como intelectual y gestor de procesos de paz. En fin, refiriéndose a la posibilidad de que la guerrilla fuera culpable de ese magnicidio, lo que probaría que carecía de todo soporte la teoría de la que ha sido vocera su universidad, Duque expresó con voz exaltada: “Yo lo único que quiero es que ese crimen horrendo sea esclarecido... y que si alguien se lo atribuye yyy nooo corresponde a la verdad, también se entienda que se está cometiendo un delito...”. Sus frases, en apariencia correctas, fueron adobadas con el tono de quien sabe que será obedecido: “... que no desestimen (los jueces) ... las afirmaciones que ha hecho la familia de Álvaro Gómez sobre lo que ellos (sic) reclaman... que la justicia especial (la JEP, cuya existencia ha combatido desde su asunción de la Presidencia) oiga los testimonios que tenga que oír, pero que la justicia que viene haciendo las investigaciones (la Fiscalía, en la que instaló a su compañero de pupitre, Francisco Barbosa) no las deje de hacer”. Duque ya le había impartido una instrucción puntual a su amigo el día de la posesión de este, en febrero pasado: “Quiero pedirle una tarea especial: ... que durante su fiscalía podamos llegar a los verdaderos autores intelectuales y materiales del crimen (asesinato de Gómez Hurtado)”.
Como usted ordene, señor presidente, acató el tonto: la Fiscalía ya anunció que planteará un conflicto de competencias frente a la JEP ante la cual confesaron los exguerrilleros el delito, tal cual había sido pactado en el Acuerdo de Paz que no vale nada en este gobierno. De tal modo, Duque, Barbosa y los Gómez no permiten que se llegue a una conclusión sobre la identidad de los asesinos diferente a la que ellos decidieron a punta de conjeturas y odio hace 25 años, sea esa y no otra.
Para el sistema democrático y su separación de poderes, los familiares de Álvaro Gómez no constituyen un problema: los parientes de las víctimas también son víctimas y tienen licencia para pensar lo que les parezca, cuenten o no con la razón. Pero tener de su lado al presidente de la República y al fiscal general sí provoca un conflicto de honda repercusión. Por contera, el proceso Gómez Hurtado no es el único que crea un dilema legal y constitucional. El país entero da por hecho hoy que el caso Uribe Vélez “murió”, es decir, que nunca llegará a fallo ajustado a las pruebas, porque quedó en manos de la Fiscalía de Barbosa y del mandato de Duque. Este, además, retó a la justicia cuando la Corte Suprema ordenó la detención de su patrocinador. En alocución especial, con bandera de Colombia tras él, aseguró después de rendirle homenaje: “Duele que a quien ha ocupado la más alta dignidad del Estado no se le permita defenderse en libertad con la presunción de inocencia... espero que existan plenas garantías para que un ser humano íntegro ejerza a plenitud su defensa en libertad”. Hace unos días, el presidente desacató junto a su ministro de Defensa otra decisión de la Corte sobre los derechos de los manifestantes e incumplió el fallo dando por válidos los votos de los togados minoritarios, contra toda normatividad y lógica. Y antes había eludido un debate en el Congreso sobre el tránsito de tropas extranjeras, inventándose una extraña y casi cómica figura en que la Constitución se sustituyó con una carta de 60 senadores. En el mundo de Duque, su gobierno, su jefe Uribe, el del uribismo y sus aliados no caben la justicia independiente, la deliberación en el Capitolio, la libertad de opinión, tampoco la de información. Duque, nuestro Maduro naciente.
La actitud de Iván Duque frente a las otras ramas del poder es arrogante, irrespetuosa y absolutamente impropia si nos atenemos al texto de la Constitución bajo cuyo imperio deberíamos estar todos, empezando por la persona elegida para la Presidencia de la República. Sin embargo, todavía esperamos que su juramento de acatamiento a la Carta Política no haya sido solo un gesto protocolario del día de su posesión sino un compromiso de demócrata, aunque va despintando esa fachada para merecer el aplauso de los extremistas de su corriente que no lo aprecian pero lo desangran a cambio de darle apoyo. Cuando uno escucha al mandatario, no se sabe si él ignora la teoría del Estado o si emprendió, a conciencia, el camino de la autocracia porque actúa como si se le hubiera coronado y, en cuanto rey, pudiera ignorar al Congreso si le estorba, y tratar a la Rama Judicial como lacaya.
El viernes pasado, Duque metió baza en un asunto de competencia judicial del que apenas se conoce el enunciado: la autoría de las Farc en el asesinato de Álvaro Gómez Hurtado, aceptada por los jefes de la antigua guerrilla ante la JEP. Los otros cinco homicidios que confesaron las Farc no merecieron la atención del presidente, no obstante que los asesinados eran colombianos y que al menos dos de ellos sirvieron bien a esta nación, uno como general del Ejército y ministro de Defensa, y el otro como intelectual y gestor de procesos de paz. En fin, refiriéndose a la posibilidad de que la guerrilla fuera culpable de ese magnicidio, lo que probaría que carecía de todo soporte la teoría de la que ha sido vocera su universidad, Duque expresó con voz exaltada: “Yo lo único que quiero es que ese crimen horrendo sea esclarecido... y que si alguien se lo atribuye yyy nooo corresponde a la verdad, también se entienda que se está cometiendo un delito...”. Sus frases, en apariencia correctas, fueron adobadas con el tono de quien sabe que será obedecido: “... que no desestimen (los jueces) ... las afirmaciones que ha hecho la familia de Álvaro Gómez sobre lo que ellos (sic) reclaman... que la justicia especial (la JEP, cuya existencia ha combatido desde su asunción de la Presidencia) oiga los testimonios que tenga que oír, pero que la justicia que viene haciendo las investigaciones (la Fiscalía, en la que instaló a su compañero de pupitre, Francisco Barbosa) no las deje de hacer”. Duque ya le había impartido una instrucción puntual a su amigo el día de la posesión de este, en febrero pasado: “Quiero pedirle una tarea especial: ... que durante su fiscalía podamos llegar a los verdaderos autores intelectuales y materiales del crimen (asesinato de Gómez Hurtado)”.
Como usted ordene, señor presidente, acató el tonto: la Fiscalía ya anunció que planteará un conflicto de competencias frente a la JEP ante la cual confesaron los exguerrilleros el delito, tal cual había sido pactado en el Acuerdo de Paz que no vale nada en este gobierno. De tal modo, Duque, Barbosa y los Gómez no permiten que se llegue a una conclusión sobre la identidad de los asesinos diferente a la que ellos decidieron a punta de conjeturas y odio hace 25 años, sea esa y no otra.
Para el sistema democrático y su separación de poderes, los familiares de Álvaro Gómez no constituyen un problema: los parientes de las víctimas también son víctimas y tienen licencia para pensar lo que les parezca, cuenten o no con la razón. Pero tener de su lado al presidente de la República y al fiscal general sí provoca un conflicto de honda repercusión. Por contera, el proceso Gómez Hurtado no es el único que crea un dilema legal y constitucional. El país entero da por hecho hoy que el caso Uribe Vélez “murió”, es decir, que nunca llegará a fallo ajustado a las pruebas, porque quedó en manos de la Fiscalía de Barbosa y del mandato de Duque. Este, además, retó a la justicia cuando la Corte Suprema ordenó la detención de su patrocinador. En alocución especial, con bandera de Colombia tras él, aseguró después de rendirle homenaje: “Duele que a quien ha ocupado la más alta dignidad del Estado no se le permita defenderse en libertad con la presunción de inocencia... espero que existan plenas garantías para que un ser humano íntegro ejerza a plenitud su defensa en libertad”. Hace unos días, el presidente desacató junto a su ministro de Defensa otra decisión de la Corte sobre los derechos de los manifestantes e incumplió el fallo dando por válidos los votos de los togados minoritarios, contra toda normatividad y lógica. Y antes había eludido un debate en el Congreso sobre el tránsito de tropas extranjeras, inventándose una extraña y casi cómica figura en que la Constitución se sustituyó con una carta de 60 senadores. En el mundo de Duque, su gobierno, su jefe Uribe, el del uribismo y sus aliados no caben la justicia independiente, la deliberación en el Capitolio, la libertad de opinión, tampoco la de información. Duque, nuestro Maduro naciente.